Así se expresó la presidenta de la Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una audiencia pública en el Congreso, sobre la gente en situación de calle.
Se realizó en la Cámara de Diputados de la Nación una audiencia pública por las personas en situación de calle. La misma fue convocada a partir del fallo de la Justicia que obliga al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cumplir con la Ley 3706 que protege a las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo, para realizar un relevamiento integral, confeccionar un diagnóstico y fijar políticas puntuales, a la vez que inicia una nueva causa por la lamentable situación de los paradores.
Participaron en la audiencia diversas organizaciones que trabajan con gente en situación de calle, organismos descentralizados de la Ciudad, legisladores y referentes. Entre ellos se hicieron presentes Horacio Avila de Proyecto 7; Cecilia Segura, presidenta de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, Pino Solanas, senador nacional, Claudia Neira legisladora -mandato cumplido- y Victoria Donda, diputada nacional, entre otros.
En este marco, Segura expresó que "el fallo, además de basarse en el censo de personas en situación de calle que nosotros hicimos, que demuestra que el número no era el que estaba diciendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la realidad tiene otras dimensiones, que es mucho más dramática y que se necesita visibilizar para generar políticas adecuadas para tratarla; se basó en un informe que elaboramos sobre paradores".
"En efecto, desde la Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confeccionamos un informe sobre paradores, que demuestra que hay muchas personas en situación de calle que no acuden a los paradores por razones puntuales como problemas de infraestructura, de climatización -en el parador de Retiro, por ejemplo, hace más frío adentro que afuera porque tiene un techo que es un tinglado, ya que anteriormente era una nave industrial y no fue adecuado-, así como también por cuestiones afectivas, de separación de la familia, ya que hay un solo parador donde pueden ir familias y es para solamente 140 personas y además, ahí, también se los separa", indicó.
Al respecto, la presidenta de la Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agregó que "además son situaciones de doble vulneración de derechos, porque a la violencia de estar en situación de calle y la violencia de intentar invisibilizarlos, se le suma la violencia del trato".
"Solo para decirles algo que está muy fuertemente vinculado con la identidad -continuó- en el Parador Azucena Villaflor, que es para mujeres solas, con o sin hijos, se las hace rotar, es decir, que todos los días tienen que dormir en una cama distinta, para que no generen identidad ni situación de arraigo". "De esta manera, lo que hace el Estado, es volver a violentarlos y a vulnerarlos en sus derechos", aseveró.
Para finalizar, Segura destacó que "el fallo dice que a partir de esta información, se da cuenta de la situación de emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y, como sabemos, estamos en la ciudad más rica del país, que tiene un ingreso per cápita que triplica la media nacional, que tiene un presupuesto de 360 mil millones -solamente para que se den una idea de lo que significa esto, el presupuesto de La Matanza es de 12.500 millones, con una población similar- y no han avanzado en resolver esta problemática. Pueden hacerlo. Tienen el presupuesto para poder hacerlo. Nosotros le exigimos a Horacio Rodriguez Larreta que tenga un poco de sensibilidad social y voluntad política para resolverlo. Solo con un 2% del presupuesto de la Ciudad, se pueden resolver los problemas de indigencia. Estamos hablando que las personas puedan comer. Que niños, niñas, adolescentes, puedan comer", concluyó.
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