Legisladores de la oposición le exigen al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodriguez Larreta, que declare la emergencia habitacional

Con la presencia de legisladoras y legisladores de varios bloques, encabezados por el Frente de Todos y representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Auditoría General de la Ciudad, del Ministerio Público Tutelar y de organizaciones sociales que luchan por el derecho a la vivienda digna, se llevó a cabo en la Legislatura porteña el segundo encuentro por la Emergencia Habitacional.

Por segunda vez, legisladores y legisladoras de la oposición al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron con un nutrido grupo de organizaciones sociales para solicitar la declaración de la emergencia habitacional.

Participaron del encuentro las legisladoras y legisladores del Frente de Todos, Cecilia Segura, Claudia Neira, María Bielli, Lucía Cámpora, Juan Manuel Valdés, y Matías Barroetaveña; Alejandrina Barry (PTS) y Marta Martínez (AyL).

El encuentro fue en la Legislatura de la Ciudad, este martes 13 de enero, y terminó de conformar un grupo de trabajo al que ahora se sumaron la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General de la Ciudad y el Ministerio Público Tutelar.

Durante la reunión, debatieron los diversos aspectos de la problemática socio-habitacional en la búsqueda de articular los diferentes proyectos existentes para declarar la emergencia en la Ciudad, donde el 38 por ciento de la población alquila, el 15 por ciento vive en villas y el 5 por ciento en hoteles e inquilinatos.

El derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada forma parte de los llamados derechos sociales, y a pesar de que está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales, en la Ciudad de Buenos Aires no se cumple, como denuncian desde hace años las diferentes organizaciones ligadas a esta temática. En este sentido, el proceso de deterioro habitacional toma distintos formatos, algunos de ellos son: el aumento de la población en villas y de la gente en situación de calle, el proceso de inquilinización, el incremento de las personas que viven en hoteles e inquilinatos, la dificultad de las familias para sostener el pago de un alquiler, la imposibilidad del acceso al crédito para la vivienda y el incumplimiento del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) de dar soluciones en materia de vivienda en casos de desalojos como establece la ley 341, entre otros.