La presidenta empieza hoy su octavo año al frente del Poder Ejecutivo con cerca del 50% de imagen positiva, indiscutido liderazgo en su espacio político y centralidad en la agenda nacional.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inicia hoy su octavo año al frente del Poder Ejecutivo Nacional, con alrededor de un 50 por ciento de imagen positiva y tras un 2014 en el que la aprobación parlamentaria de iniciativas trascendentes impulsadas por la mandataria, junto con los apoyos recibidos por el país en la disputa con los fondos buitre, ratificaron su iniciativa política a pesar de no contar con reelección en 2015.
Según las encuestas realizadas en las últimas semanas por las consultoras Poliarquía, Aresco y Rouvier y Asociados, entre otras, la Presidenta cuenta con un 50 por ciento de imagen positiva tras siete años de gobierno, al tiempo que el Frente para la Victoria aparece como la fuerza con mayor intención de voto de cara a las elecciones del año próximo, con un 31 por ciento de preferencias del electorado.
Al mismo tiempo, durante su séptimo año de mandato, Cristina sostuvo la iniciativa política a través de proyectos que llegaron al Congreso y se convirtieron en ley, como la nueva moratoria jubilatoria (Ley 26.970), que permite incrementar el número de beneficiarios actuales y potenciales, alcanzando un total de 473.814 personas; la actualización de la ley de Abastecimiento, con el fin de proteger a los usuarios de los abusos de posición dominante de las empresas monopólicas; y la unificación del nuevo Código Civil y Comercial, que fue convertido en ley el 2 de octubre y reemplazó al texto de más de 4.500 artículos, sancionado en 1869.
A estos logros parlamentarios, se sumó en el último mes la reforma del Código Procesal Penal, que reemplaza el sistema inquisitivo por otro acusatorio y establece un máximo de tres años el tiempo para resolver sobre una causa. Además, a partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.
Por otra parte, la batalla legal con los fondos buitre atravesó la agenda política del año y cosechó apoyos en cumbres y encuentros internacionales entre los que se destacó el respaldo en la ONU (Organización de Naciones Unidas), la cumbre de los BRICS, la cumbre del G-20 y la reciente cumbre de UNASUR.
Más tarde, en la Cumbre del G-20 realizada en Australia, el documento final del encuentro que reunió a los países más poderosos del mundo, foro del que Argentina forma parte, incluyó en un hecho histórico la cuestión vinculada a la problemática de la reestructuración de deuda soberana.
En esa materia, el año finalizó con un apoyo contundente a nuestro país en la ONU, que ratificó el apoyo a nuestro país al votar la decisión de iniciar las discusiones para la creación de un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana, e impulsó además el armado de un comité ad hoc para llevar adelante la negociación y estableció un calendario de reuniones de trabajo.
En términos de gestión, la renovación de los trenes en el área metropolitana después de décadas y el lanzamiento al espacio del Arsat 1, el primer satélite geoestacionario latinoamericano de telecomunicaciones diseñado y fabricado en nuestro país, se destacaron junto a una serie de medidas contracíclicas frente a la crisis financiera internacional, como los planes de estímulo al consumo Procreauto y Ahora 12.
En materia ferroviaria, la renovación completa de las líneas San Martín y Sarmiento con coches cero kilómetro adquiridos por el estado Nacional junto a los nuevos trenes de la Línea Mitre, pertenecientes al Ramal Retiro-Tigre, duplicaron la capacidad de transporte y mejoraron la frecuencia del servicio.
Asimismo, en materia de transporte, a partir de noviembre el Estado Nacional se hace cargo de los servicios ferroviarios de pasajeros de larga distancia que unen Buenos Aires con Rosario, Córdoba, Tucumán y La Pampa.
El lanzamiento del ARSAT-1 desde la base Kourou, en la Guayana Francesa, para brindar servicios de televisión directa al hogar, acceso a Internet con recepción en antenas Vsat y telefonía IP a todo el territorio nacional y países limítrofes, significó una inversión de más de 1.121 millones de pesos, a los que se sumaron otros 867 millones que fueron invertidos en ingeniería de desarrollo, estaciones terrenas, software, seguros y la puesta en órbita.
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