Las 31 causas ordenan al Ejecutivo que dirige Mauricio Macri a que resuelva problemas que afectan a sectores de menores recursos. Los datos corresponden a un relevamiento realizado por Gustavo Moreno, asesor tutelar porteño, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Una mujer que vive en Villa Soldati no tiene dónde comprar remedios para sus hijos si se enferman a la noche, porque no hay farmacias cercanas.
Un habitante de la villa 20 no tiene dónde tirar la basura. Sin servicio de recolección ni tachos en su barrio, lo único que puede hacer es arrojarla a un piletón donde el tiempo la transformará en hedor y enfermedades.
Si este invierno se produce otro brote de bronquiolitis, es muy probable que las camas pediátricas de los hospitales de la ciudad no alcancen para todos los niños que las necesiten.
En este momento hay en la ciudad de Buenos Aires al menos 31 sentencias judiciales incumplidas por parte del gobierno porteño en casos como éstos, en los que se juega el cumplimiento de un derecho esencial.
Todos estos fallos ordenan al Ejecutivo que dirige Mauricio Macri a tomar medidas para resolver problemas que afectan a los sectores de menores recursos.
Los datos corresponden a un relevamiento realizado por Gustavo Moreno, asesor tutelar porteño, y a las causas judiciales patrocinadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La mitad de ellas tiene consecuencias en la salud de los ciudadanos, especialmente de niños y niñas.
A continuación, el detalle de las causas:
Salud
Hay 15 causas vinculadas con hospitales y acceso a medicamentos. Muchas de ellas involucran a salas pediátricas. Una se presentó en agosto de 2011 en defensa del derecho a la salud y la dignidad de los niños y personas con padecimientos mentales internados en el Hospital Muñiz. Se pedía equipamientos e insumos, la designación de personal médico y de enfermería, la construcción de rampas para las camillas y un sistema antincendios. La Justicia dictó una medida cautelar para que en diez días se tomaran medidas para dotar de médicos los servicios de guardia y terapia intensiva. El Ministerio de Salud porteño fue postergando el cumplimiento de esas obras edilicias con distintos argumentos. La causa todavía está abierta.
Además del caso del Muñiz, hay demandas abiertas por los hospitales José M. Penna -involucra al servicio de Neonatología y cuidados intensivos neonatales-, Cosme Argerich y Udaondo –por infraestructura deficiente y falta de equipamiento-, Enrique Tornú -por falta de calefacción y/o refrigeración del servicio de pediatría, entre otras cuestiones. En el caso del Hospital Elizalde, desde 2009 hay una causa abierta por el Servicio de Internación Infantojuvenil de Salud Mental y la ejecución de la obra de los consultorios de salud mental y violencia familiar. En la causa por el Hospital de Quemados, en 2009, la Justicia intimó al Gobierno porteño a crear una unidad intensiva pediátrica, pero la causa judicial sigue abierta.
Otra se originó en la falta de un plan para afrontar los brotes de bronquiolitis que afectan a bebés, niños y niñas, especialmente en invierno. Esta causa involucra al Hospital Durand por falta de camas y de un adecuado funcionamiento de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.
Hay más causas judiciales. En el hospital de niños Ricardo Gutiérrez, por la falta de un plan de evacuación en casos de emergencia. En el Hospital Borda, por las condiciones de insalubridad y riesgo de intoxicación con monóxido de carbono, entre otras malas condiciones del establecimiento. Y en el Hospital Oftalmológico Lagleyze, por el mal estado de la infraestructura. También la Asociación de Profesionales del Hospital de Pediatría Garrahan tiene una causa abierta contra el Gobierno porteño por retención de las partidas presupuestarias.
En el caso de dos Centros de Salud y Acción Comunitaria de la villa 21-24, la causa judicial es por la falta de infraestructura adecuada y los recursos humanos necesarios para garantizar la atención sanitaria. La otra -en lo que se refiere a hospitales- es sobre los talleres protegidos del Hospital Borda. El gobierno reprimió a trabajadores e internos y demolió el Taller 19, aunque estaba protegido por una medida cautelar.
Además de estas 14 causas abiertas por malas condiciones en los hospitales y centros de salud, hay una por la falta de acceso a medicamentos. Una ciudadana demandó al Gobierno porteño porque ante la falta de farmacias en Villa Soldati y sus alrededores, debería establecer “botiquines de medicamentos” en villas y asentamientos para garantizar el adecuado acceso.
En la villa 21-24 la población está en situación de riesgo eléctrico. Postes caídos, cables pelados al alcance de la mano, conexiones sin puestas a tierra ni disyuntores, cables cerca de rejas de metal. Hay riesgo de electrocución a cada paso y televisores y teléfonos pueden dar descargas eléctricas. La empresa prestadora lleva la energía hasta la puerta de entrada a la villa y es el Gobierno porteño el que establece una red provisoria de distribución, por lo tanto es su responsabilidad que el tendido de energía dentro de la villa sea el adecuado. La ACIJ presentó una denuncia apoyada por un informe técnico del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
En septiembre de 2012 la justicia ordenó al GCBA a adoptar todas las acciones urgentes y necesarias para eliminar el peligro. En este momento, existe una medida cautelar que el Gobierno de la ciudad incumple. La medida le ordenó, por ejemplo, realizar una campaña de difusión entre los vecinos sobre los peligros y también realizar algunas obras. Desde ACIJ, Luciana Bercovich, consideró que “la solución de mayoría de estas causas en las villas implica costos menores comparados con el presupuesto público de la ciudad, pero lleva mucho tiempo que la maquinaria estatal la cumpla”.
Vivienda
Un fallo exige al Gobierno porteño la provisión de luz, gas y agua potable en el complejo habitacional Luis Piedrabuena, en Villa Lugano. Otra medida cautelar ordena al Gobierno porteño y al Instituto de la Vivienda (IVC) que resuelva de inmediato las condiciones sanitarias y de infraestructura del complejo habitacional Soldati, después de que los ciudadanos demostraran la existencia de instalaciones defectuosas que ponían en riesgo la salud y la calidad de vida.
En el complejo habitacional Zabaleta, en el barrio de Barracas, la Justicia también estableció que se cumpla con el “Programa de radicación, integración y transformación de villas y núcleos habitacionales”. Y le ordenó al Gobierno porteño que “cese en su arbitraria y lesiva omisión de hacer efectivos los derechos fundamentales a un hábitat adecuado y a la vivienda digna”. En la villa 31 y 31 bis la denuncia es por emergencia habitacional y por falta de soluciones mientras transcurren las obras de urbanización.
Una quinta causa relacionada con el derecho a la vivienda involucra a un programa de apoyo habitacional, que otorga alojamiento transitorio en hoteles. La administración macrista intentó cerrarlo, pero la Justicia lo obligó a mantenerlo y a que brinde soluciones habitacionales a las familias involucradas.
Educación
En la villa 31 y 31 bis no hay escuelas. Los chicos deben caminar por senderos embarrados los días de lluvia para llegar a las paradas de los colectivos, fuera del predio. Esta situación dificulta mucho el acceso al nivel inicial y primario. En 2010 una orden judicial intimó al Gobierno de la ciudad a brindar transporte escolar para los niños y las niñas de la villa. Todavía hoy, tres años después de la orden, muchos alumnos siguen sin un transporte que los lleve a la escuela.
ACIJ fue patrocinante de este caso. La abogada que estuvo al frente, Dalile Antunez, dijo: “La causa era para que al menos se les provea transporte escolar. Pasaron tres años de la sentencia y cada año hay chicos que no pueden ir a la escuela. Hasta 2012 se incrementó el transporte, pero ahora identificamos personas que antes tenían el servicio y ahora no lo tienen más. El Gobierno incumple porque no provee el servicio en algunos casos. Y en otros es muy ineficiente, los chicos llegan tarde a clases por ejemplo. Es inexplicable que no puedan garantizar este servicio.”
Otra causa, también a cargo de ACIJ, tiene que ver con la falta de vacantes en las escuelas públicas de nivel inicial, entre 45 días y cinco años. En la causa hubo dos sentencias judiciales que obligaban a realizar las obras edilicias necesarias para que se ampliaran los cupos en los jardines maternales y el nivel pre escolar. Después de dos sentencias, se llegó al acuerdo. “Se está cumpliendo parcialmente”, afirma Antunez. “Se habían comprometido a resolverlo para el año pasado, pero no hay obras ni plan de obras. Miles de chicos están sin vacantes y previsiblemente van a ser más”. La situación más grave de falta de vacantes se da en la zona sur.
Una tercera causa fue iniciada para garantizar el acceso a la educación primaria de los grupos familiares que residen en la villa 21-24, “toda vez que por falta de vacantes de ese nivel educativo ven vulnerado dicho derecho constitucional”.
Medio Ambiente
Las condiciones ambientales, en especial la recolección de residuos en las zonas de bajos recursos de la ciudad, también son materia judiciable. Una de las más significativas es la de la recolección de residuos en la villa 20. Esta causa tiene una sentencia firme: la Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad que ponga allí en funcionamiento un sistema de recolección “como máximo cada 24 horas”. El Poder Ejecutivo la ignoró. Bercovich recuerda que “hubo una medida cautelar que ordenaba al GCBA algo tan sencillo como poner contenedores de basura en todas las esquinas de la villa. Así los habitantes no tendrían que tirarla en los piletones. Nunca la cumplieron. Ahora hay sentencia firme, y tampoco la cumplen”.
Otra causa comenzó con el pedido de que los habitantes de las villas porteñas no sean discriminados en el acceso a un ambiente saludable. Para que sean tenidos en cuenta “en los planes que promociona el gobierno porteño para las plazas y parques” en su web. Los planes de reparación de plazas, plantación de árboles y colocación de cestos de basura no se llevan adelante en las villas. En la causa hay un fallo que ordena al GCBA que realice un diagnóstico para responder a esta demanda. Otros expedientes judiciales involucran ruidos molestos en la Autopista 25 de Mayo y un depósito de autos abandonados en la villa 20.
Servicios sociales
El funcionamiento inadecuado de un centro del Programa Buenos Aires Presente, el parador para familias en Costanera Sur, también originó una causa judicial. Lo mismo el estado de la infraestructura de los hogares de ancianos Martín Rodríguez Viamonte y San Martín. En los dos casos están en juego las condiciones de salud y el bienestar de las personas que allí se alojan.
Del total de estas 31 causas, 29 están incluidas en un relevamiento realizado por Gustavo Moreno, asesor tutelar de la Cámara Contencioso Administrativo Tributario de la ciudad. “El gobierno porteño utiliza todos los artilugios para no cumplir con las decisiones judiciales”, dijo Moreno a la agencia Télam.
Fuente: Ximena Tordini/Infojus Noticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario