La mejor defensa de un anteproyecto que no está terminado –por eso es un anteproyecto–, al que se lo conoce poco y se lo critica mucho y sin fundamentos, es justamente darlo a conocer. Iniciar el debate para terminar con la ansiedad. Y enfrentar las versiones facilistas, echadas a correr por especulación electoral, abriendo un período de revisión para estudiarlo y proponer cambios. Esa es la conclusión a la que llegó la comisión multipartidaria de reforma del Código Penal, que integran los especialistas León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra y María Elena Barbagelata.
Tras llegar a ese acuerdo hace 20 días, la comisión que elaboró el anteproyecto decidió convocar a todas las universidades públicas y privadas del país, a través de sus facultades de Derecho, para que en un lapso significativo –probablemente 90 días– estudien en detalle el texto con todas sus complejidades. El objetivo es que todas las casas de estudios de nivel universitario, sin excepciones, hagan llegar sus acuerdos, formulen críticas y planteen modificaciones al documento que fue elevado a la presidenta Cristina Fernández. La apertura del período de revisión se anunciará mañana a las 18 desde el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA.
El acto en el que se anunciará el inicio del proceso de debate público reunirá a los rectores universitarios y decanos de facultades de Derecho del país. Todos fueron invitados a la conferencia en la que hablarán los cinco miembros de la comisión redactora. También hará un breve discurso de carácter institucional el ministro de Justicia, Julio Alak, quien estará acompañado por el staff de funcionarios de su cartera.
"Lo que vamos a hacer el lunes (por mañana) es abrir un requerimiento de opinión a las diversas universidades para que las casas de estudios se expidan con absoluta libertad acerca de las objeciones que les puede generar el anteproyecto de reforma del Código Penal. Esto, como paso previo a concretar otros debates", explicó ayer Arslanian. "De todas las conclusiones y aportes que se presenten nosotros (los miembros de la comisión) vamos a tener vista, como para poder tomar las observaciones que correspondan y que entendamos que tienen asidero, o para confirmar y mejorar las fundamentaciones de las posiciones a las que hemos llegado", agregó.
El período de consultas de 90 días incluirá a varias ONG vinculadas a la temática y asociaciones de magistrados y abogados que fueron invitadas a participar: según se pudo saber, se trataría de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, la Asociación de Magistrados, la Federación Argentina de la Magistratura y el CELS. El coordinador de la comisión de juristas a cargo del anteproyecto, el abogado penalista Roberto Carlés, remarcó que el documento que se entregó a la jefa de Estado el 13 de febrero "nunca fue cerrado", sino todo lo contrario, y que las versiones que intentaron desacreditar el desempeño de la comisión ignoraron las convocatorias realizadas, en dos momentos distintos, a docentes universitarios, ONG, magistrados y asociaciones de víctimas. Carlés recordó que también se implementó un canal de envío de propuestas a través de la web del Ministerio de Justicia. "Recibió casi 500 propuestas de ciudadanos de a pie. De todo eso da cuenta el informe que acompaña al anteproyecto", detalló Carlés.
En la comisión que trabajó en el anteproyecto confían en que la participación de las universidades, sin exclusiones de ningún tipo, permitirá ordenar un debate que fue subordinado a intereses electorales por la ambición del diputado Sergio Massa, candidato a presidente del Frente Renovador. Algunas notas de opinión de los últimos días, como las de Roberto Durrieu Figueroa, docente de posgrado en la Universidad Católica, en La Nación, al igual que la de Juan María Rodríguez Estevez, doctor en Derecho de la Universidad Austral, en el mismo diario, alimentan el optimismo entre los juristas que redactaron el anteproyecto. Cuando el debate circula entre especialistas que poseen los saberes técnicos indispensables para hablar de cambios en materia de Derecho Penal, la discusión transita por canales racionales. Y entonces se hace más factible alcanzar el consenso. "Lo que vivimos en los últimos meses es la desesperación por capturar votos de muchas fuerzas políticas, que terminaron yendo como furgón de cola de Massa al comprobar el presunto éxito que lograba con sus posiciones", analizaron desde la comisión de juristas.
La realización del debate público durante 90 días dará protagonismo a las cátedras de Derecho Penal, Procesal Penal y criminología de todas las facultades de Derecho del país. "La idea es generar un fuerte debate, una intensa consulta a los ámbitos académicos, que sea bien amplia", subrayó Arslanian. "Ahora se abre una etapa de debate con conocimiento de la versión oficial publicada del anteproyecto. Se terminan los rumores y llega el momento de dar un debate serio, de elevar el nivel de discusión. La idea es, en principio, que se reciban propuestas, observaciones, críticas, y que la comisión las estudie y se pronuncie", profundizó Carlés. Al mismo tiempo que se avance en el proceso de consultas e incorporación de propuestas por parte de las universidades, el anteproyecto de reforma del Código Penal será objeto de debate en conferencias y charlas magistrales a lo largo del país. El propio Zaffaroni, que en las últimas semanas se convirtió en blanco de una nueva campaña de descrédito desde los medios más afines al massismo, lanzará una serie de cátedras abiertas sobre criminología en varios lugares del país.
Para los juristas que intervinieron en el anteproyecto de reformas al Código Penal, la decisión de iniciar un proceso de audiencias públicas es un hecho natural, esperable y necesario. Dada la trascendencia de lo que está en debate, modernizar y darle coherencia interna a un Código sancionado en 1921, era previsible que se alzaran voces discordantes, que plantearan desconfianzas o aprovecharan para sembrar dudas en la sociedad y, así, cosechar apoyos. A diferencia del –prolongado– trámite que precedió al debate parlamentario sobre la reforma al Código Civil, cuyas modificaciones el gobierno desconocía hasta que la comisión las elevó a Presidencia, en este caso el Ejecutivo conoce el texto en detalle. Sin embargo, el proceso igualmente llevará tiempo porque para elaborar el proyecto de ley, el PEN esperará a que la comisión redactora reciba las críticas y propuestas que vayan surgiendo en los próximos 90 días. "En estos meses el debate será bastante federal", vaticinó Carlés, quien ya tiene programada una serie de exposiciones que comenzó en Catamarca y que seguirá esta semana en la Asociación de Abogados porteña, el Colegio Nacional de Buenos Aires y la provincia de Santiago del Estero.
Fuente: Infonews
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