Como los delitos de los que se acusa son considerados de lesa humanidad –esto es, imprescriptibles y no excarcelables–, la denuncia reclama la “inmediata detención” de todos los involucrados.
El escrito, lleva la firma del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el patrocinio del procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha. Allí, a lo largo de dos centenares de páginas, se describe el traspaso irregular de las acciones de la empresa Papel Prensa (principal fabricante de papel para diarios del país) de la familia Graiver a Clarín, La Nación, La Razón y al propio Estado.
Las penas previstas para este tipo de delitos pueden llegar hasta la reclusión perpetua, condena que puede abarcar tanto a autores y coautores como a partícipes necesarios.

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