El delegado de la Unión Ferroviaria (UF) en la ex línea Roca, Pablo Díaz, el hombre que dirigió la emboscada en la que fue asesinado el militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, fue detenido ayer a la tarde, cuando la Policía Federal lo localizó en la localidad de Adrogué. En tanto, las fuerzas de seguridad seguían buscando a Cristian Daniel Favale, barrabrava del club Defensa y Justicia al que un testigo de identidad reservada acusa de haber disparado el tiro mortal contra Ferreyra.
Hasta anoche, al cierre de esta edición, y a pesar de operativos policiales, Favale seguía prófugo. “Lo estamos buscando por cielo y tierra”, confiaron fuentes de la investigación. En la madrugada del viernes, uno de los testigos que declaró ante la fiscal Cristina Caamaño declaró haber visto al barrabrava tirar con un revólver calibre 38 al joven militante del Partido Obrero.
Favale es fanático de Defensa y Justicia, el club de ascenso de Florencio Varela que se identifica con los colores verde y amarillo. Tiene 37 años, es de complexión muy robusta, un “gordo” que pasó bastante tiempo en el gimnasio, y en las fotos que colgó en la red social Facebook exhibe con orgullo sus tatuajes con serpientes y caracteres arábigos. Hasta mediados de este año Favale trabajó en el frigorífico Agro Patagónico, una empresa con ramificaciones en Chubut y Avellaneda que se dedica a la exportación e importación de productos alimenticios. Es electromecánico y aficionado al boxeo.
Según el testigo clave que declaró el viernes, Favale había recibido instrucciones directas de parte de Pablo Díaz. “Traete un grupito”, le ordenaron. Favale reclutó entonces a un grupo de once barrabravas de Banfield, Defensa y Justicia e Independiente. Los barras –habrían sido once, incluido Favale– se sumaron a los miembros de la UF que se habían reunido para impedir que los tercerizados bloquearan las vías del tren. Favale forma parte de la línea de mando de la barra de Defensa y Justicia. Ese grupo a su vez tiene muy buena relación con los barras que mandan en la hinchada de Banfield.
Aunque la causa está bajo el secreto de sumario –una medida que se toma cuando la publicación de datos puede afectar el curso de la investigación– el nombre de Favale se hizo público a través de los portales de noticias en Internet. La difusión del nombre del presunto autor material del homicidio produjo molestia en la fiscalía, en el juzgado de instrucción Nº 38 a cargo de Susana Wilma López y también en los organismos del Estado que siguen la evolución de la causa, como el ministerio de Justicia.
Ayer a la tarde, con la causa en sus manos, la jueza López comenzó a tomar declaraciones testimoniales. La fiscal, por su parte, estaba atenta al resultado de los operativos de las fuerzas de seguridad. Por decisión de la magistrada, los allanamientos y las detenciones fueron encargados a distintas fuerzas: la Federal estaba a cargo de hacer los operativos que permitieran detener a los imputados, mientras que los allanamientos en busca de documentación fueron encomendados a la Gendarmería. Anoche, en el juzgado no descartaban que la Federal produjera otra detención importante para el esclarecimiento del homicidio de Ferreyra.
Con la detención de Díaz, señalado como la mano derecha del secretario administrativo de la UF, Juan “Gallego” Fernández, y la insistente búsqueda de Favale, se podría avanzar en hallar al autor o los autores ideológicos del asesinato. Las fuentes de la investigación le dan crédito a la teoría de que el grupo agresor, conformado por 11 barrabravas y unos 80 afiliados de la UF, no sólo buscó impedir que se cortaran las vías del Roca. Según esa hipótesis, quien comandaba a los agresores había ordenado perseguir a los tercerizados para darles una represalia. Eso explica por qué los manifestantes del PO fueron perseguidos desde Avellaneda hasta Barracas.
La pregunta que sobrevuela esa línea de investigación es si el disparo mortal que sufrió Ferreyra también estaba planificado con anterioridad, si era algo que alguien había ordenado para provocar un escenario de conmoción política. Las fuentes que siguen la causa tienen dos hipótesis. La primera apunta hacia las autoridades de la UF. Según esa teoría, los dirigentes querían defender los negocios laterales que se desprenden de la línea Roca y que se ven afectados cuando hay un corte de vías: el cobro ilegal a vendedores ambulantes, venta de comida, prostitución. La otra hipótesis apunta hacia un hombre con mucha influencia sobre todo el tejido ferroviario del sur del conurbano: Alberto Trezza, socio de Banfield y ex funcionario de Duhalde.
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