Las fuerzas de seguridad están buscando al autor material del crimen de Mariano Ferreyra, el asesino que mató al militante del Partido Obrero de un tiro en el tórax, quien ya está identificado por la justicia y era buscado en el Conurbano junto a dos cómplices. Se trata de un barrabrava de complexión robusta que, según un testigo directo que declaró en la madrugada del viernes, disparó varias veces con un revólver calibre 38. Hasta ahora está prófugo.
El supuestos asesino no sólo es un barrabrava, sino que él mismo se encargó de reclutar a otros barras de la zona sur del Conurbano. Según fuentes de la investigación, el autor material del crimen habría recibido instrucciones precisas del dirigente de la Unión Ferroviaria en la línea Roca, Pablo Díaz. “Traete un grupito”, habría sido el pedido que recibió el homicida.
El propio Díaz estuvo en Barracas en el momento del crimen. Según un testigo de identidad reservada, Díaz era quien daba las órdenes en el lugar de los hechos y al mismo tiempo mantenía enlace telefónico con Juan “Gallego” Fernández, adjunto del gremio ferroviario.
Hombre muy conocido en Constitución, miembro de la comisión de reclamos de la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), Díaz suele asumir la función de vocero ante los medios cuando hay un conflicto con los trabajadores tercerizados, sobre todo un corte de vías. “De todas las maneras posibles vamos a impedir que corten el servicio”, amenazó hace un tiempo en una improvisada rueda de prensa que fue registrada por las cámaras de Todo Noticias (TN). Esa advertencia aún puede verse en el portal de Internet del canal.
Con al menos un imputado sindicado como “sospechoso” por el crimen de Ferreyra, la jueza de instrucción Susana Wilma López continuaba trabajando cerca de la medianoche. En un marco de cerrado hermetismo (“pide que la disculpen, pero no puede hablar. No va a hacer declaraciones”, se excusó una colaboradora de la jueza ante la consulta de este diario), la magistrada estaba detrás del paradero del barrabrava de Defensa y Justicia, que habría sido sindicado por el testigo que declaró el jueves a las 23:30 ante la fiscal Cristina Caamaño. Se trata del “testigo clave” al que aludió ayer Tiempo Argentino y que sería una suerte de “arrepentido” del grupo agresor. No sólo aportó datos sobre el presunto responsable del homicidio: la descripción fisonómica coincidió con la que dieron otros dos testigos, que estaban del lado de los agredidos y que “dijeron que vieron al que disparaba”.
Ayer a las 17 la jueza habló por segunda vez en el día con la fiscal Caamaño. Le dijo que como la causa tenía un alto impacto público, quería estar al tanto de cómo evolucionaba la investigación. La fiscal esbozó algunas hipótesis sobre las que estaba trabajando y la jueza le dijo: “Mandame el expediente y veo qué hago, si me lo quedo o te lo devuelvo.” Cuando la jueza leyó lo que había enhebrado la fiscal decidió avanzar en una de las líneas, la que lleva como primer eslabón al barrabrava y permitiría, desde allí, buscar a los autores intelectuales del crimen.
La jornada de ayer discurrió entre el enojo de la justicia contra los testigos reticentes (todos allegados a las víctimas) y la vorágine que la jueza López le imprimió a la causa desde el final de la tarde. De hecho, los allanamientos ordenados a dos oficinas vinculadas con la Unión Ferroviaria continuaban anoche cerca de las 22. La fiscal pidió que se secuestraran legajos de los manifestantes identificados en la edición de ayer de Tiempo Argentino. La jueza amplió esa medida y los resultados precipitaron los tiempos de la investigación.
La fiscal había citado a ocho manifestantes que habían estado del lado de las víctimas. El abogado Gustavo Mendieta había prometido llevarlos a declarar, pero al mediodía le comunicó a la fiscal que como había participado en la marcha y declarado como testigo no podía comprometerse más en la causa. De los convocados, tres habían recibido la citación a través de un patrullero que los visitó en sus domicilios. Ninguno se presentó.
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