¿Amnistía? ¿Indulto? Los represores sueñan con un cambio de la mano de Macri que los deje en libertad

La Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia pidió trabajar para que la Corte revierta la jurisprudencia sobre delitos de lesa humanidad. “Vientos de cambio.” “Ráfagas de optimismo.” “Llamas de esperanza.” Las alusiones tácitas a un eventual triunfo de Mauricio Macri en el ballottage del 22 de noviembre se repitieron con distintas palabras durante la asamblea anual de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, que nació en 2009 con el objetivo de conseguir una amnistía general de represores y seis años después no pierde la esperanza de revertir un proceso de justicia que suma 622 condenas. El cierre estuvo a cargo de Lucrecia Astiz, hermana del marino condenado por su actuación en la ESMA.

La asamblea anual de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia nació en 2009 con el objetivo de conseguir una amnistía general de represores. A seis años de su creación continúa en esa búsqueda y festeja los "vientos de cambio" de cara a balotaje, con la esperanza de que un cambio de gobierno logre revertir un proceso de justicia que suma 622 condenas.

Durante su asamblea anual, la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia llamó a “derogar y reemplazar la legalidad desprovista de legitimidad que angosta y asfixia a la patria”, por medio de su presidente Alberto Solanet, ex presidente de la Corporación de Abogados Católicos y hermano del secretario de Hacienda de la dictadura.

Por su parte, Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de Videla, lamentó que en 2003 “se abandonó la bandera de la concordia de Alfonsín y Menem” y se esperanzó en el “año de la reconciliación” decretado para 2016 por el papa Jorge Bergoglio. Ricardo Saint Jean, hijo del general que prometió masacrar desde guerrilleros hasta indiferentes y tímidos, advirtió que “estamos ante la batalla final” y pidió trabajar para que la Corte Suprema de Justicia abandone “la jurisprudencia fijada por el fallo Arancibia Clavel”, que en 2004 declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.

El cierre estuvo a cargo de Lucrecia Astiz, hermana del marino condenado por su actuación en la ESMA, quien agradeció a los abogados por su apoyo a los “secuestrados políticos”. Estuvieron presente, también, el ex jefe de la SIDE Juan Bautista Yofre, el teniente coronel Emilio Nanni y María Elena Vázquez de Astiz con su hija.

El encuentro se inició con un repaso de las “visitas semanales a los presos políticos ilegalmente detenidos” en las cárceles. Agregaron que las relaciones continúan, por ejemplo, en Salta fueron recibidos por la ministra de Justicia, Cintia Calleti, y por el obispo local, Mario Cargnello.

En ese sentido, informaron que se reunieron con “autoridades eclesiásticas para impetrar su ayuda” y la comisión directiva realizó “gestiones ante pastores”. También explicaron que hubo intentos para reunirse con dos jueces federales de las “mal llamadas causas de lesa humanidad” pero sólo uno los recibió.

En el orden político dijeron haber tenido reuniones con “políticos opositores”, a quienes no mencionaron, pero aseguraron que coincidieron en la necesidad de una “restauración siquiera parcial del Estado de Derecho” y en que “sólo será viable cuando concluya el actual mandato” presidencial.

Por su parte, Carlos Bosch, recordó -según publicó el diario Página 12- que seis años atrás “la persecución política nos unió a todos” . Consideró que “la Justicia está degenerada” y admitió que “no (tuvieron) demasiado éxito” en su misión de paralizar los juicios pero que ahora hay “vientos que pueden cambiar las cosas, no sabemos para dónde”, y que están “ilusionados en poder encausar esto”.

“La idea es un relanzamiento, buscar el entusiasmo que el tiempo va apaciguando”, explicó y dio por cerrada la asamblea, que duró menos de veinte minutos.


Fuentes: Pagina12/Nueva-Ciudad/LeandroTeysseire/DiegoMartínez

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