En lugar de proceder a su liberación, una vez que fueron indagados, el juez ordenó allanar la casa de varios de los detenidos. Entre ellos se encuentra una docente, delegada de Ademys. Una muestra de completa prepotencia por parte del polémico juez conocido como "el pistolero" por haber asesinado a dos pibes, uno de ellos por la espalda.
Las personas detenidas luego de la represión del pasado jueves, en el Congreso de la Nación, continúan sufriendo el maltrato de parte del juez Claudio Bonadio. Recién este sábado, a casi 48 horas de ser detenidos se terminó de tomarles declaración indagatoria.
Por la mañana, como ya fue denunciado, se impidió a sus abogados tomar contacto con los detenidos. Una medida completamente irregular que muestra la brutalidad del accionar del juez.
Sin embargo, por la tarde esto recrudeció. Según denuncian el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y otros organismos de derechos humanos, Bonadio ordenó allanamientos en los domicilios particulares de varios de los detenidos.
El “fundamento” del juez sería “buscar pruebas”. Uno de los abogados defensores señaló que "lo que busca son bombas molotov". La medida, completamente arbitraria, es un grave atentado a las libertades individuales y tiene como único objetivo retrasar la salida de los detenidos.
Hasta el momento, se firmó la excarcelación de 13 personas, que serán trasladadas a la sede de la Policía Federal, y, como suele pasar en estos últimos tiempos, liberada de madrugada por la Dirección de Investigaciones en Madariaga y Gral. Paz.
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