La Mesa de Enlace anunció un cese de comercialización de granos entre el lunes 17 y el domingo 24 de enero.
Las entidades agropecuarias evitaron referirse a la precariedad laboral presente en vastos sectores de la actividad rural e hicieron silencio.
Ni siquiera en el extenso comunicado de prensa que emitieron en forma conjunta las cuatro patronales (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria) se hizo mención a un posible compromiso para mejorar las condiciones de trabajo en las explotaciones agrícolas.
La única referencia al empleo rural en el campo provino del titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, quien responsabilizó al Ejecutivo por esta situación.
Dijo que el gobierno está en deuda respecto de la resolución del trabajo en negro, y que los empresarios “repudiamos el trabajo esclavo, que lo investiguen y los metan en cana”.
Ante este silencio, Tomada exhortó a los empresarios agropecuarios a que se “pronuncien” contra el trabajo esclavo en el campo y que se constituya una mesa de diálogo “para revertir esta situación y avanzar en la registración del trabajo rural”.
El funcionario aseguró que próximamente convocará a las cámaras del sector para analizar el tema, pero advirtió que “si lo que me van a pedir es una rebaja de los aportes patronales, más vale que no perdamos el tiempo”.
Tomada denunció que sobre aproximadamente 1 millón de trabajadores rurales, existen unos 600 mil no registrados.
Además, tampoco se olvidó de la responsabilidad que le cabe al sindicato. Opinó que sería importante que el secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo Venegas, se “exprese sobre este tema, en defensa de los trabajadores del sector”.
Sin embargo, Tomada responsabilizó en primer lugar a los empresarios por la situación de los peones rurales. “El primer responsable de esta situación es el empresario, luego las organizaciones sindicales del rubro, y a esto se le suma luego el Estado en su tarea de inspeccionar la situación en la que se desempeñan los trabajadores del campo”, reconoció.
A partir de la aparición de focos de trabajo bajo condiciones paupérrimas de higiene y salubridad, la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández, decidió incluir a la cartera laboral en la mesa de discusión. “He pedido la presencia del señor ministro de Trabajo porque me gustaría que en la reunión con las cámaras rurales patronales, además de hablar de rentabilidad y de los problemas que puede tener el sector, también hablemos de la cuestiones de trabajo”, había adelantado el lunes la mandataria, en ocasión de un acto en el Banco Nación donde anunció créditos para los productores rurales.
En las últimas semanas, investigaciones periodísticas y fiscalizaciones de la cartera laboral corroboraron la presencia de trabajadores en condiciones de “semiesclavitud” en explotaciones agrícolas de la provincia de Buenos Aires, situación de la que actualmente se ocupa la justicia.
Una de las investigaciones alcanza a la empresa transnacional Nidera, por la explotación de 130 trabajadores en la localidad de San Pedro.
Tomada reclamó a la Mesa de Enlace una mayor predisposición y colaboración de los empresarios para combatir la precariedad que afecta a los trabajadores del sector, particularmente en lo que respecta a las fiscalizaciones que lleva a cabo la cartera laboral y que en muchos casos se ven obstaculizadas. “Queremos un diálogo permanente con un fin concreto, que es erradicar el trabajo en negro y, por supuesto, las condiciones de servidumbre que la justicia está investigando”, declaró Tomada. Y agregó que en este marco solicitaba “no sólo la predisposición, sino la colaboración de los empresarios del sector en la tarea inspectiva que muchas veces resultó hostil”.
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