La diputada nacional por Cambiemos denunció un 'sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país por parte del presidente de la Corte Suprema'.
Elisa Carrió, denunció esta mañana ante la Justicia federal al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por supuesto enriquecimiento ilícito entre otros delitos que pudieran surgir, de acuerdo a una serie de documentación presentada.
La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 2, a cargo del juez Sebastián Ramos y el fiscal a cargo será Gerardo Pollicita. Hasta el 31 de enero Ramos será subrrogado por Norberto Oyarbide, por lo que seguramente será recusado por Carrió.
Los presuntos delitos habrían sido cometidos por Ricardo Lorenzetti y el Secretario General de Administración del Máximo Tribunal, Héctor Daniel Marchi, aunque también señala a otros "funcionarios que pudieron tener participación en los hechos".
Carrió resaltó un "sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país por parte del presidente de la Corte Suprema".
La diputada presentó documentación proveniente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la que surge la percepción por parte de Lorenzetti de rentas provenientes de un plazo fijo constituido en la filial estadounidense del banco suizo Credit Suisse. Con posterioridad, el magistrado, en pleno ejercicio de la presidencia de la Corte, regularizó las rentas fiscales ocultas en el marco de la Ley 26.476 de blanqueo de capitales.
En el caso de Marchi se resaltaron presuntas irregularidades al no haber declarado al menos un inmueble rural, detectado esto por la AFIP en el llamado "Operativo Granos 2013" llevado a cabo entre abril y junio por la Dirección General de Operaciones Impositivas del Interior, el 5 de abril de 2013.
Asimismo, administrador de la Corte omitió presentar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. En tanto la referida a 2012, la presentó en plazo vencido, el 27 de junio de 2013.
Carrió denunció que la firma RATIO S.A, de la que serían titulares personas allegadas al magistrado, se encuentra registrada bajo la actividad de "servicios inmobiliarios". En su sede en la localidad de Rafaela, en la calle Sarmiento al 400, también realiza actividades Pablo Ricardo Lorenzetti hijo.
Olga Cossetini 1190, piso 5°, departamento 505, del lujoso barrio de Puerto Madero sería el domicilio alternativo de la empresa RATIO S.A, la que habría adquirido el inmueble a una sociedad off shore registrada en el estado de Delaware de Estados Unidos. En esa propiedad, residiría Ricardo Lorenzetti.
La documentación que presentó Carrió surge de un expediente que el ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, acompañó ante el juzgado federal N° 12, a cargo del magistrado Sergio Torres, como parte de su derecho a defensa, tras haber sido denunciado por supuesto "abuso de autoridad" por un abogado desconocido.Los orígenes de las actuaciones, según da cuenta la diputada nacional, se iniciaron tras la notificación por parte de la Afip en el marco del relevamiento de empleadores de personal del servicio doméstico realizado con todos los contribuyentes.
A partir de ese hecho, Daniel Marchi habría iniciado una serie de llamadas telefónicas a funcionarios del ente recaudador, en particular a Federico Toninelli, a quien incluso habría "instigado" a cesar en una "persecución abusiva". A esta situación la Afip la negó por escrito en varias oportunidades, según detalló Carrió en la presentación.
De dichas reuniones, habría participado también la directora de Administración de la Corte, Carmen Odasso. Por su parte, Toninelli dejó por escrito una serie de "amenazas" del contador del poder judicial, quien incluso le habría advertido que los ministros analizaron en un Acuerdo, denunciar a Echegaray por "abuso de autoridad" si continuaba con esa presunta tesitura de "hostigamiento y persecución política".
Toninelli también por escrito refutó esas acusaciones y los abogados de la AFIP se presentaron ante el juzgado de Torres a hacer su descargo. La causa, según pudo saber LA NACION, se encuentra en etapa revisora por parte de la Cámara Federal de Apelaciones, luego de que Echegaray pidiera su sobreseimiento.
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