La responsable de la cartera de Seguridad subrayó que la medida fue adoptada en el marco de "una estrategia de seguridad" y recordó que el Gobierno porteño le adeuda a la Policía Federal treinta millones de pesos, equivalentes a siete meses de la prestación de esos servicios.
"Debían mucha plata, siete meses de retraso pero no es por eso", aclaró Garré sobre el reordenamiento de los efectivos, sino para "responder a la lógica de más policía para todos los vecinos y no de custodios de edificios o funcionarios".
Garré manifestó que los hechos relacionados con el robo al Hospital Piñero, denunciados en las últimas horas, “son anteriores, pero se han resucitado, aparentemente” y advirtió que “hay como una mala intención” de señalar que “esto implica que los hospitales van a quedar desguarnecidos”.
La ministra desestimó, en diálogo con Radio Continental, los cuestionamientos del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, y de otros sectores de la oposición ante la medida implementada el lunes y recordó que en febrero último le adelantó "al ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, que queríamos poner más presencia policial en las calles y él entendió”.
Puntualizó luego que la decisión fue adoptada para ofrecer mayor seguridad, porque el policía en la calle “tiene poder disuasorio, ya que el delincuente se ve limitado, a la gente le transmite tranquilidad y, en caso de ocurrir delitos, la policía está ahí para conjurarlos”.
También recordó que la Policía Metropolitana cuenta con dos mil efectivos, "que es gente preparada, capacitada para esa tarea".
Resaltó además que buena parte del personal de la Policía Federal cumplía también tareas de custodia del propio Jefe de Gobierno, de sus ministros, de sus familiares y de otras personas, como la exesposa de Macri y otras personas vinculadas a él.
“Esas personas lógicamente pueden ser custodiadas por servicios privados”, consideró Garré.
Además, fuentes del ministerio de Seguridad informaron que también hubo un incumplimiento del convenio por “mora” en el pago, ya que el gobierno porteño adeuda siete meses de servicios adicionales, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad.
“De acuerdo al convenio (vigente para los servicios policiales adicionales), tras 10 días de comunicada la intimación procedía la suspensión del servicio por mora, lo que ocurrió de pleno derecho el 4 de Abril”, señalaron las fuentes de la cartera de Seguridad, que encabeza la ministra Nilda Garré.
Según se señaló, la decisión de rescindir el contrato vigente desde 2006 entre el gobierno nacional, del que depende la Policía Federa, y la Ciudad de Buenos Aires, ya había sido adelantada por Garré en una comunicación dirigida al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.
“La decisión de rescindir el contrato fue anticipada por la ministra Garre al ministro Montenegro el 11 de Febrero del 2011”, se indicó, pero además “el 17 de Marzo, el jefe de la Policía Federal, Comisario (Enrique) Capdevila intimó al Jefe del Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, a cancelar la deuda acumulada hasta entonces, que ascendía 27,1 millones de pesos”.
Desde el inicio de la vinculación entre la Policía Federal y el gobierno de la Ciudad, en 2006, la deuda al 31 de diciembre de cada año “no ha cesado de crecer”, señalaron las fuentes.
“En 2007 era de $ 1,1 millón, en 2008 subió a $ 1,5 millón, en 2009 subió a $ 7,2 millones y en 2010 subió a $ 15,4 millones.
Al 4 de abril de 2011, asciende a un total de $ 29 millones, representando aproximadamente unos 7 meses de la prestación acordada”, explicaron las fuentes.
Para evitar la mora en el cobro por parte de los efectivos de la Federal, el Gobierno Nacional “incluso ha financiado los retrasos del Gobierno porteño”, por lo cual a pesar de la cuantiosa deuda acumulada el personal, que cobra esas horas como adicionales, “se encuentra al día”.
Sin perjuicio de esta suspensión por mora, la Policía Federal ya notificó al gobierno porteño la decisión de rescindir definitivamente el servicio, lo que según los plazos establecidos en el propio contrato, se hará efectivo a partir de los 30 días de la comunicación, desde el 6 de mayo próximo.
Desde la cartera de Seguridad de la Nación se estimó que “el reemplazo de los objetivos que eran atendidos mediante los módulos de policía adicional, contratados por la Ciudad a la Federal, podrían ser cubiertos con el servicio ordinario (8 horas) de alrededor de 600 efectivos de la Policía Metropolitana”.
“Ello solo implicaría redesplegar las dotaciones de la Policía Metropolitana, que actualmente patrullan las Comunas 12 y 15, a los objetivos que hasta ahora cubría personal de la Federal y, simultáneamente, ésta incrementaría su cantidad de personal en la calle y los patrullajes cubriendo lo que deja de hacer la Policía Metropolitana”, subrayaron las fuentes.
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