Hasta el pasado 6 de abril, Franklin Guarachi Tola era uno más de los 900 pacientes que pasan sus días dentro del Hospital Neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda, en el barrio porteño de Barracas. Había llegado desde el Servicio Psiquiátrico Central de Varones con un diagnóstico de “retraso mental con drogadependencia”, y hasta las 14:22 de ese miércoles, deambuló, sin contención alguna, por el segundo piso, entre las salas del Servicio 8 de Terapia de Corto Plazo. Su identidad pasó inadvertida dentro de la extensa lista de internos del instituto estatal psiquiátrico más grande de la Argentina. Pero una chispa lo sacó del anonimato, llenó de fuego el segundo piso del Borda y le quitó la vida. Según uno de los testigos, al principio, cuando empezó el incendio, nadie advirtió su ausencia. “Comenzamos, junto con los enfermeros, a sacar a los pacientes ‘a pulmón’, y cuando llegaron los bomberos, descubrimos que había un cuerpo calcinado sobre un colchón”, reveló Néstor Barrientos, encargado del servicio de Vigilancia del Borda, y uno de los funcionarios que declaró, un día después del incendio, ante la Asesoría Tutelar de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 1 del Poder Judicial porteño, a cargo de Gustavo Moreno, el mismo que integra una querella que lleva cuatro años en los tribunales de la Ciudad, por el pésimo estado de la infraestructura del hospital.
Durante la visita, la jefa del servicio 8, Lina Presa, reconoció que el hombre, de nacionalidad boliviana y 33 años de edad, había sido trasladado a “Terapia de Corto plazo por orden del Tribunal Criminal Oral Nº1”, pero que “no era un paciente para su servicio” y que había pedido su traslado a otra área. El problema es que el servicio que podría haberlo recibido, destinado a atender a pacientes duales, no existe desde hace 15 días. “Durante la inspección que hicimos después del incendio, confirmamos que el servicio 14-22, destinado a pacientes adictos y psiquiátricos, fue cerrado por voluntad del ministro de Salud Jorge Lemus”, denuncia Moreno, mientras recuerda que la Ley de Salud Mental de la Ciudad ordena la atención de las adicciones en el Borda, que ahora “no atiende a los pacientes adictos como corresponde, porque sus autoridades los relocalizan en otros pabellones donde hay pacientes psiquiátricos y se olvidan que un paciente adicto no necesariamente tiene una patología psiquiátrica”.
Pero las derivaciones no son el único problema del neuropsiquiátrico. Un informe de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, de mayo de 2009, había alertado que gran parte del hospital “presenta tendidos eléctricos con cables de tela a la vista y sin disyuntores, que producen una situación de peligro generalizado”. En los baños, la peligrosidad empeoraba porque “los termotanques se hallan allí adentro y evacuan los gases de la combustión dentro de los ambientes”. Para los encargados de la defensa de menores e incapaces, nada ha cambiado desde que los especialistas de la Federal revisaron el edificio y advirtieron que el servicio 14-22, junto a la Morgue y el Pabellón Central, estaban entre los más deteriorados. Según el acta, el director de Administración del Borda, Roberto Romero, fue el encargado de confirmar la defunción del único servicio de adicciones de la Ciudad. Sin embargo, fue más allá y reveló que todos sus pacientes fueron reubicados en otros servicios, aunque al principio “se había pensado en el traslado de todos al Pabellón 25B de Neurología, pero no se pudo realizar debido a otro incendio en sus baños”.
Ese relato reciente sobre la precariedad del Borda coincide con todas las advertencias que engrosan el expediente 24.708/0, originado en 2007 en el 9º Tribunal Contencioso, Administrativo y Tributario a cargo de la jueza Andrea Danas. En mayo de 2008, la magistrada le dio 20 días de plazo al gobierno porteño para presentar un plan de obras para reparar todas las fallas de infraestructura y seguridad que tenía el edificio, pero la gestión PRO apeló el fallo, y desde entonces, el expediente duerme un inexplicable letargo en la Sala II de la Cámara de Apelaciones de ese fuero. El caso nació por un amparo presentado hace cuatro años por el ex enfermero Pedro Rivadeneira, que denunció, entre otras irregularidades, la falta de seguridad contra incendios y “condiciones de atención empeoradas” que provocaban, entre otros problemas, que “varios pacientes se encuentren hacinados en los pasillos y por la noche carezcan de cama donde dormir”.
A eso se sumó la falta de cobertura de 15 vacantes de enfermeros fallecidos y la superpoblación de pacientes dentro de pabellones que tenían graves fallas edilicias. La jueza exigió la designación de profesionales, la mejora de todo el hospital y la existencia “urgente” de un plan de evacuación.
Con el correr de los años, y al calor de las apelaciones presentadas por el gobierno PRO, no hubo mejora, pero los hechos fueron confirmando la denuncia de Rivadeneira. Hace diez días, luego del incendio, la doctora Presa, jefa del extinto Servicio 8 de Corto Plazo, no sólo admitió que el paciente calcinado no tenía que estar en su plantilla. También negó que hubiera un plan de evacuación del edificio en caso de incendio, a pesar de todas las advertencias recibidas. Todo fue “a pulmón”, hasta que el cuerpo de Guarachi Tola apareció fundido en una sola brasa, agarrado a su colchón y a la deriva, dentro de un hospital neuropsiquiátrico que parece enloquecer de abandono.
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