La asociación civil Justicia Legítima a través de un comunicado, manifestó su apoyo a la nueva Ley de Subrogancias. "La nueva ley prevé la participación de los otros poderes en la designación de jueces subrogantes, a diferencia del régimen anterior", sostienen.
La asociación civil Justicia Legítima ponderó el nuevo régimen legal de subrogancias al expresar que "aunque perfectible, constituye un paso adelante en los cambios en el servicio de justicia" que vienen predicando desde su "nacimiento como asociación".
De esta manera, a través de un comunicado de prensa, apuntaron que "ante los sucesos referidos a las subrogancias de jueces nacionales y federales", "las circunstancias" los convencen de que "todavía falta mucho para que podamos gozar de un Poder Judicial que se exhiba con la claridad necesaria para no dificultar el acceso a la justicia y que garantice la seguridad que merecemos los ciudadanos de nuestra democracia".
En ese sentido, explicaron que "la nueva Ley de Subrogancias prevé la participación de los otros poderes en la designación de jueces subrogantes, a diferencia del régimen anterior: el Poder Ejecutivo Nacional realiza un listado con acuerdo del Senado y el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la organización del Poder Judicial, designa a partir de esa lista".
Para los magistrados, funcionarios judiciales, académicos y ciudadanos que participan las mismas instancias que en la designación de jueces titulares, "la ley también da la opción al Consejo de elegir entre jueces titulares".
"Este procedimiento pone en práctica, con las diferencias del caso, la forma democrática y republicana de designación de jueces que establece la Constitución Nacional, en la que participan los otros dos poderes surgidos del voto popular", relataron.
Por otra parte, señalaron que "en este contexto, las quejas expresadas a través de publicitadas acciones judiciales y muchas de las declaraciones públicas y discursos de los actores involucrados aparecen como manifestaciones de intereses individuales que buscan preservar situaciones de privilegio y de poder, totalmente despreocupadas de los derechos de los justiciables en los casos concretos y del mejor servicio de justicia en general".
"El desacuerdo con una ley o parte de ella, aun cuando el disenso se funde en buenas razones, no justifica la declaración de inconstitucionalidad de la norma en debate y, de momento, no se han esgrimido argumentos serios que permitan sostener que las designaciones puedan violar norma constitucional alguna", indicaron.
A su vez, expresaron que "las elucubraciones que se esgrimen como posibles efectos perniciosos parten de presunciones antojadizas y pretenden, y hasta han logrado en algún caso, una declaración preventiva de inconstitucionalidad sobre la predicción de lo que harán los órganos de gobierno judicial" y resaltaron que "sorprende el uso indiscriminado de esta herramienta, más aun cuando los que la emplean están involucrados en situaciones que aconsejarían que no actuaran como jueces, cuando se los puede ver como partes".
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