El Gobierno se prepara para presentar en el Senado una reforma a la Ley de Entidades Financieras más moderada que la impulsada por el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, la cual había despertado una fuerte resistencia entre los banqueros privados y la oposición.
Después de varios intentos fallidos en 2011, desde el oficialismo cocinan un nuevo proyecto para ser tratado en el Congreso este año. Es que en las elecciones de octubre el kirchnerismo logró la mayoría en el Palacio Legislativo y confía en poder aprobar dictámenes que estuvieron trabados los últimos dos años. La vía de entrada sería la Cámara Alta, a través de un senador de la bancada oficialista.
El documento que estudia el oficialismo es una reforma a la Ley de Entidades Financieras actual, la 21.526, que modificó la última dictadura y que fue fundamental para cambiar el entramado económico de la Argentina.
Desde el Ejecutivo pretenden que el proyecto sea menos resistido por el sistema financiero que el que ofrece Heller. Igualmente, guarda las mismas intensiones: que el sistema financiero sirva y proteja al usuario, que el crédito fomente el desarrollo económico argentino y que los bancos tengan una orientación en cuanto a algunas líneas a seguir.
Diferencias.
Uno de los puntos a los que más se resisten los empresarios del sector es a la definición de "Servicio Público", de Heller. En el nuevo texto el concepto cambiaría a "Servicio de Interés Público", lo cual no reporta mayores diferencias legales con el del presidente del Banco Credicoop pero sí con la ley actual, la cual ve al sistema financiero como una actividad más.
Otra diferencia es que la ley de Heller establece un tope a las tasas, mientras que la modificación le da esa potestad al Banco Central.
Por otro lado, el texto de Heller proponía regulaciones especiales para el trato a los bancos extranjeros. Pero como Argentina mantiene aprobados tratados internacionales que lo prohíben, desde el Gobierno temen que este tratamiento despierte procesos judiciales contra el país.
El nuevo proyecto también contempla un freno a las libertades de los banqueros foráneos al tratarlos a la par de los nacionales. Al presente, con la ley que se encuentra vigente y que fue impuesta por el ministro de Economía de la última dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, las sucursales que no están radicadas en el país no tienen que responder por su patrimonio. El mayor exponente de este tipo de entidades es Citibank.
El proyecto oficialista también pretende separar la banca de inversión de la comercial, e incluir, como Heller, a todas las empresas financieras que no están reguladas actualmente. Se procura incorporar a todas las operaciones financieras en el marco de la ley: esto alcanza a las tarjetas de crédito emitidas por sociedades comerciales, a las mutuales y a las cooperativas de crédito, entidades que no se encuentran reguladas.
En cuanto a las PYMES, el nuevo proyecto no orienta una porción del 27% del crédito para estas empresas, como sí lo hacía Heller. Pero sí permite que el BCRA reduzca las exigencias de los trámites burocráticos, lo cual beneficia a las PYMES, tanto como el apartado que prevé que si el plan de negocios presentado por los empresarios muestra ganancias futuras, el préstamo se muestre sobre ese plan, sin necesidad de una garantía.
Los banqueros apoyan proyectos de la oposición
El proyecto de reforma de la Ley de Entidades Financieras presentado por el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, fue duramente resistido desde un principio por los banqueros privados. Por el contrario, los hombres de los bancos apoyan dos propuestas de la oposición: una de Federico Pinedo, del PRO, y otra de Gerardo Milman, diputado de GEN. Ninguno propone una regulación del tipo que plantea Heller y los banqueros rápidamente se inclinaron por el texto de Milman.
La norma que impulsa el PRO y el Peronismo disidente se opone a la concepción de "servicio público". Tiene 203 artículos en los que fija "herramientas que generen más alternativas de ahorro y un blanqueo generalizado de la economía".
Milman, por su parte, desarrolló la "Ley de Relaciones Financieras y Garantías al Usuario de Créditos y Depósitos". El objetivo es fomentar el ahorro público y estimular la extensión de las entidades bancarias al interior del país. También, incluye un sistema de ahorro para menores de edad. Pero la propuesta mantiene la actual clasificación de entidades financieras, y no impone límites a las operaciones de bancos comerciales.
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