La medida fue dictada por el juzgado federal de Dolores.
El Juzgado Federal de Dolores, a cargo de la Dra. Analía Idabour, resolvió este lunes hacer lugar a un amparo colectivo y dispuso una medida cautelar para que "todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de la falta de pago".
En la presentación judicial realizada por los apoderados de Consumidores Argentinos, José Elvis Toto y Gustavo Luis Aballar Stiep, solicitaron "la inconstitucionalidad y la nulidad de los aumentos de gas (...) por falta de audiencia pública".
Reclamaron además la suspensión de la aplicación del nuevo cuadro tarifario y que se ordene a las distribuidoreas de gas de todo el país retrotraer el precio de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte a los valores anteriores al 1° de abril de 2018.
También reclamaron que las empresas se abstengan de cobrar los valores establecidos en el último tarifazo y que devuelvan los montos mal facturados en aquellos casos en que los usuarios ya hubieren pagado las facturas con los aumentos.
La justicia no hizo lugar a ninguna de estas peticiones hasta tanto se le dé la posibilidad al Estado de responder, aunque sí, asegura, "se habrá de dictar una medida cautelar interina -distinta a la peticionada- que considero indispensable a los fines de garantizar elementales situaciones vinculadas al acceso a este servicio público y -de este modo- proteger a los sectores más vulnerables que se pudieron haber visto afectados por el posible actuar ilegítimo del Estado".
También reclamaron que las empresas se abstengan de cobrar los valores establecidos en el último tarifazo y que devuelvan los montos mal facturados en aquellos casos en que los usuarios ya hubieren pagado las facturas con los aumentos.
La justicia no hizo lugar a ninguna de estas peticiones hasta tanto se le dé la posibilidad al Estado de responder, aunque sí, asegura, "se habrá de dictar una medida cautelar interina -distinta a la peticionada- que considero indispensable a los fines de garantizar elementales situaciones vinculadas al acceso a este servicio público y -de este modo- proteger a los sectores más vulnerables que se pudieron haber visto afectados por el posible actuar ilegítimo del Estado".
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