Los paradores que el gobierno porteño destina al alojamiento precario de
indigentes no son una "vivienda digna", ni un sustituto que, mínimamente, se les
parezca. La caracterización forma parte de un fallo de la Sala II de la Cámara
en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña, que habilitó la feria
judicial de verano para que el gobierno de la Ciudad incorpore a un vecino, de
ocupación cartonero y con problemas de salud, "al programa habitacional previsto
en el Decreto 690/06 y sus modificatorios, hasta tanto exista sentencia firme
que resuelva el fondo del asunto".
Ese decreto, firmado por el ex jefe de gobierno Jorge Telerman y extendido una sola vez por Mauricio Macri, creó el programa Atención para Familias en Situación de Calle.
El nombre es sinónimo, para muchos náufragos habitacionales, del plan que les permitía obtener alojamiento provisorio en distintos hoteles y pensiones que cobraban la estadía a la comuna.
Según la ley, su aplicación está en manos del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley.
Desde su creación, cinco años después de la crisis de 2001, "el programa otorga un subsidio para mitigar la emergencia habitacional de los residentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires", y fortalecer en forma transitoria "el ingreso familiar con fines exclusivamente habitacionales".
Según el decreto "los fondos otorgados deben estar destinados a cubrir gastos de alojamiento" de "las familias o personas solas en situación de calle, efectiva y comprobable", es decir, "aquellas que se encuentren en forma transitoria sin vivienda o refugio por causa de desalojo judicial, desocupación administrativa, incendio, derrumbe, catástrofes naturales".
En un principio, la concepción de esos subsidios sirvió para atender a las personas en situación de calle, pero luego dio origen a los "hotelados", los pasajeros eternos de un centenar de pensiones de pésimas condiciones edilicias y habitacionales.
Esa cronicidad, fue aprovechada desde 2008 por el PRO para poner en duda la efectividad del programa que la comuna buscó suspender en 2010.
El programa sigue funcionando, pero no suma nuevos beneficiarios, aunque enfrenta un universo creciente de "náufragos habitacionales" que, según la Dirección de Estadística y Censos del gobierno porteño, sumó en 2012 20.348 piezas de hoteles o pensiones.
A pesar de ese número, la comuna cerró la incorporación de nuevas personas, una decisión que ahora deberá ser revertida por decisión judicial, a partir de la causa que inició por "extrema vulnerabilidad social" el vecino Alfonso Ángel Pérez.
El hombre demostró que se "encuentra en efectiva situación de calle y no posee ninguna contención familiar", como consecuencia de haber "padecido una conmoción cerebral y fractura de dos costillas durante un robo en el año 2003 y que su situación le impedía llevar adelante un tratamiento médico, por lo cual se le habrían generado fuertes dolores y dificultad en su movilidad".
Ante la sumatoria de pruebas, el hombre ganó en primera instancia, y logró que la justicia le ordenara a la entonces ministra María Eugenia Vidal, que brinde "asistencia al actor, a través de la red de hogares y /o paradores que administra".
Para justificar la orden, los jueces consideraron que Pérez es "un hombre solo, sin grupo familiar a cargo y en edad de trabajar", pero como el Decreto 690/06 "no tendría carácter universal", el caso de Pérez "no se configuraba" como "una situación que requiriese atención prioritaria".
Pérez vive "en situación de calle" y desde que la comuna suspendió los subsidios para hoteles, sólo percibe 180 pesos del Programa ticket Social y se alimenta en el comedor San Vicente del barrio de Constitución.
Ahora, mientras su causa sigue en trámite, está desocupado, sobrevive como trabajador del reciclado y por su edad y salud, tiene graves problemas para conseguir trabajo.
Ante esa situación desesperante, Pérez podría haber ingresado a un hotel subsidiado, pero la comuna le ofreció, como única alternativa, eternizar su vida dentro de uno de los paradores porteños, los lugares de tránsito para que las personas en situación de calle, puedan comer, bañarse, dormir, y volver a la calle hasta la caída del sol.
Los defensores de Pérez, pertenecientes a la Defensoría General del Poder Judicial porteño, replicaron el derrotero ofrecido por la comuna, con una definición de fondo, y consideraron que "el alojamiento en paradores u hogares no se ajustaba a una vivienda digna, en los términos de la Observación General número cuatro del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".
Ese argumento, fue finalmente apoyado, aunque tácitamente, por la Sala II del fuero contencioso porteño, integrada por Mabel Daniele, Esteban Centenario y el recién llegado Fernando Juan Lima.
"El debate, en principio, se relaciona con el cumplimiento, por parte del gobierno, de mandatos constitucionales específicos tendientes a preservar bienes jurídicos elementales de la persona humana", disparó la resolución, que citó como antecedente el caso de Sonia Quisberth Castro, la ciudadana boliviana con un hijo discapacitado que obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema para superar su "situación de calle".
El caso se trata de una de las acordadas más importantes del máximo Tribunal sobre la problemática de la vivienda en la Capital.
Pero aun así, el gobierno porteño no aportó ninguna solución definitiva, aún cuando la propia ex ministra de Desarrollo Social María Eugenia Vidal, no pudo aportar explicaciones suficientes para satisfacer al tribunal.
La resolución de la Sala II porteña, fue en la misma línea del fallo de la Corte, y reivindica "la preservación integral de las diversas dimensiones del ser humano, como ser la tutela de su desarrollo personal, su integridad psicofísica, su salud; vale decir, la preservación de su propia existencia en condiciones de dignidad". Y pontifica que "la Constitución y los derechos que reconoce es letra viva y no una simple exposición de buenos propósitos".
Fuente: Infonews
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