La toma de 171 viviendas construidas por el gobierno porteño en la esquina de Castañares y Lafuente, en el límite de Parque Avellaneda con Villa Soldati, encierra una trama secreta que el jefe de gobierno Mauricio Macri nunca quiso mencionar. Se trata de las 120 familias de la Villa 1-11-14 que pagaron entre 4000 y 12 mil pesos para poder conseguir un techo propio y que nunca la obtuvieron. Sus padecimientos ya no son tema de especulación mediática. Desde fines de enero forman parte de dos denuncias penales radicadas en el Juzgado de Instrucción 7, a cargo de Marcelo Zamudio, en una investigación judicial que avanza a cargo del fiscal Marcelo Retes. En todos los casos, las denuncias fueron presentadas contra dos presuntas punteras del PRO que operan en el Bajo Flores y que serían parte de un añejo sistema de sobreventa de departamentos de bajo costo construidos con fondos públicos. Como si fuera una trampa del destino, la toma que esta semana le sirvió a Macri para exigirle al gobierno nacional que desaloje a esas familias, se transformó en una señal de agotamiento que dejó al desnudo un esquema de corrupción que, desde años, se aprovecha de las víctimas más débiles de la crisis habitacional porteña para alimentar la red de punteros que hoy responde al macrismo y, hace algunos años, juró fidelidad al menemismo. El esquema, según consta en los expedientes 2623/2011 y 3600/2011, consiste en cobrar coimas para poder adjudicar las viviendas que el Estado porteño construye. Entre los acusados están las punteras del PRO Laura Benítez y Marta Roldán, las dos administradoras del comedor Nuevos Horizontes. Según las denuncias, las dos mujeres, junto a Ricardo Peralta, ofertaban la posibilidad de acceder a un techo propio pagando una coima para poder quedar primeros en las listas de espera que tiene el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Entre los acusados también está el asesor letrado del instituto, Gustavo García, quien fue señalado por los damnificados como la persona que “si quería no nos daba nada”, según declaró Andrea Luna, una vecina del deteriorado Barrio Rivadavia II, ubicado en el bajo Flores. Ella, al igual que otras madres del barrio, trató de reunir los 8000 pesos para conseguir su techo, pero “como no contábamos con el dinero, Roldán me ofreció ‘que reserve la vivienda con 2000 pesos y luego le entregaba el resto”. Luna pagó la seña y visitó los departamentos construidos, pero nunca recibió nada.
“Durante el mes de octubre de 2010 me entero que existía la posibilidad de adquirir viviendas a través del IVC, por una comisión de la vivienda. Se me exhibieron documentos, específicamente solicitudes, que completé y que se encontraban membretados por el Instituto. A comienzos de enero de 2011 concurrí a visitar, junto a mi marido y mis hijos, las viviendas ubicadas en Castañares y Escalada. Se nos exhibieron las unidades y nos dijeron que como me encontraba inscripta en el IVC desde hacía muchos años podíamos acceder al sueño de la casa propia.” El testimonio pertenece a Gabriela Elizabeth Juárez y es idéntico al de Francisco Galarza, un hombre mayor del Barrio Illia, en Lugano, que estaba inscripto en las listas del IVC desde 1992. “Dado que las viviendas se encontraban en estado de culminación e incluso con gente viviendo en distintas unidades, se nos exigió demostrar solvencia para asumir un crédito. Debíamos comenzar a pagar con “chequeras” cuando hubieran transcurridos los dos años de la entrega de la unidad correspondiente”, declaró el hombre ante la justicia, luego de conseguir un crédito de 8000 pesos para cobijar a su mujer y a sus cuatro hijos. Al igual que en los otros casos, la vivienda nunca fue entregada. Cuando los damnificados se dieron cuenta de la estafa, recurrieron a la Legislatura porteña.
“Los recibí el 10 de febrero. Eran 16 familias de la Villa 1-11-14 que estaban muy desesperadas, porque en ese momento habían dejado de pagar las pensiones de la villa donde vivían para poder conseguir su casa”, cuenta la diputada Laura García Tuñón de Proyecto Sur. “Incluso –recordó la Legisladora– habían sido citados para el 24 de enero en la sede del IVC porque ahí les iban a dar las llaves”.
LA ORGANIZACIÓN DEL ROBO. Ese día, cuando las falsas ofertas se transformaron en pruebas judiciales para denunciar a Roldán y Benítez por el delito de estafa, previsto por el artículo 172 del Código Penal, el IVC decidió salir del anonimato y formuló una denuncia. El presidente del IVC, Omar Abboud, confirmó a Tiempo Argentino la presentación penal y aclaró que su organismo “no tiene ni gestores ni intermediarios”. Su gerente de asuntos legales, Gustavo García, quien también fue acusado por los vecinos como una de las caras visibles de las falsas ventas inmobiliarias, agregó que “ya fueron 120 familias a ratificar la denuncia”, y definió al caso como “un mal negocio entre punteros políticos”. Pero lo cierto es que los contactos de esta red van más allá del IVC: las dos mujeres, especialmente Benítez, mantienen una estrecha relación con Blanca Arce y el “comandante” Miguel Ángel Rodríguez, dos históricos punteros de la Villa 1-11-14. Según un funcionario que sigue de cerca la causa judicial, Arce aprovechó la indignación de los estafados y apoyó la realización de la toma que hoy cumple ocho días. Tanto Arce como “el comandante”, mantienen una estrecha relación con el diputado PRO Enzo Pagani y con su pareja Karina Leguizamón, una pieza clave en la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), el organismo que, junto a la Corporación del Sur, se encargan de la asistencia habitacional en los barrios de la zona sur porteña. Estos dos organismos, junto al IVC, son las tres terminales del Estado porteño que el macrismo utiliza para intervenir en las villas porteñas. Esos tres sellos fueron utilizados por los punteros para ofrecerles viviendas a los damnificados y organizar recorridos por complejos habitacionales en construcción, como las Torres de Castañares, el complejo habitado por empleados municipales porteños que repelieron a los tiros la toma del Parque Indoamericano de principios de diciembre. Según las denuncias, las falsas ofertas comenzaron en noviembre, poco antes del estallido de la crisis habitacional más grave de la historia porteña. Sólo han pasado tres meses desde entonces, pero los protagonistas ocultos de esos días sangrientos han vuelto al ruedo gracias a la denuncias de los estafados. Para el legislador con mandato cumplido, Facundo Di Filippo, ex presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, “este mecanismo funciona en todos los barrios de la Ciudad porque gran parte de los departamentos construidos están sobrevendidos”. Pero en el IVC, a pesar de la contundencia de la denuncia, sus funcionarios sostienen que “la única salida es realizar el desalojo y luego ver caso por caso”. Del otro lado del cerco, los estafados que protagonizan la toma, dicen a viva voz, que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
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