La Ley sobre Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, iniciativa parlamentaria que pone límites a la extranjerización de la tierra, fue destacada por ese organismo por la "efectivización del derecho del Gobierno Nacional al ejercicio de la soberanía y la consideración de la tierra como un bien social, un recurso estratégico natural escaso y no renovable y no como un bien de mercado".
En tal sentido, la INAI elogió la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales que administra la cartera de Justicia y Derechos Humanos, al afirmar que a partir de su implementación, "representará la unificación de la información catastral de todo el territorio argentino".
"Cristina Kirchner ordenó la creación de la comisión de Análisis e Instrmentación de la Propiedad Comunitaria Indígena, que está integrada por representantes de distintas jurisdicciones nacionales, provinciales, del Consejo de Participación Indígena y de las organizaciones de los Pueblos Originarios", agregan.
Lo que permitió que los integrantes de este espacio elaboraran un anteproyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que ya se encuentra "en evaluación del Poder Ejecutivo, con la especificad y la jerarquía que requiere dicha figura".
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