El 0800 que lanzó el gobierno porteño para recibir denuncias contra presuntas actividades políticas en las escuelas de la Ciudad, reunió 7744 llamados en los primeros 13 días de funcionamiento, con un promedio de 263 comunicaciones diarias, registradas entre el 16 y el 29 de agosto.
Las comunicaciones fueron procesadas por Martínez de Álzaga SA, una empresa dedicada a cobranzas judiciales y extrajudiciales para bancos, que ahora se encarga de atender el 0800-444-2400 que el Ministerio de Educación reorientó para recibir ese tipo de denuncias.
De ese universo, el 55,73% de las comunicaciones fueron "llamadas cortadas", mientras que el resto totaliza 3428 llamados atendidos por un teleoperador. Dentro de ese total, que arañó los 3500 llamados y un porcentaje del 44,26%, hubo 3080 comunicaciones que sólo tuvieron insultos y "otros".
Con esa explicación, la comuna concluyó que en su primera experiencia del 0800, sólo hubo 348 comunicaciones efectivas y de ellas, el 0,37% denunció maltratos y discriminación, el 0,43% advirtió sobre problemas de seguridad, el 1,73% se quejó sobre fallas de infraestructura, el 0,80% repudió la calidad de la educación y el 6,81% habló de "intromisión política de las escuelas".
Los datos forman parte de un detallado informe elaborado por la Dirección General de Tecnología Educativa del gobierno porteño, cuyo contenido fue anticipado por Tiempo Argentino en su edición de ayer y que ahora forma parte del expediente 45378/0, a cargo de la jueza Elena Liberatori de Haramburu, titular del cuarto juzgado contencioso porteño. La magistrada dictó el jueves un amparo, donde le advirtió a la comuna que sólo podrá mantener la línea para recibir información sobre violaciones al Código Penal, que deberá remitir a los tribunales. La jueza decidió en respuesta a un amparo presentado por el abogado Roberto Boico que denunció el caso.
por Claudio Mardones.
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