El Tribunal de Cuentas responsabilizó a ocho ex funcionarios del gobierno de Julio Cobos, quienes deberán devolver $4.920.038 por fondos del Estado administrados irregularmente en la aplicación del programa social Vale Más. El sistema fue una fuente de dinero sin control: planillas duplicadas, tickets "mellizos" y dineros no rendidos fueron algunos de los mecanismos a través de los cuales se estafó al Estado.
El fallo es sobre lo que se ejecutó de manera fraudulenta en 2005 a través del Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDES), que motorizó el sistema de tickets implementado tras la crisis de 2001 para que los mendocinos de menos recursos pudieran abastecerse de artículos de primera necesidad canjeando esos papeles en los comercios.
El dictamen, que lleva el número 15.921 y fue publicado en el Boletín Oficial el 26, no aplica sanciones (cargos monetarios) sobre las autoridades del primera línea del entonces Ministerio de Desarrollo Social, bajo cuya órbita funcionaba el FIDES, creado para financiar programas vinculados con la cooperación, la generación de empleo y el desarrollo social comunitario.
No obstante menciona la responsabilidad de la entonces ministra del área, Ana María Gotusso, a quien no le imputa cargos pero sobre la cual dice que incurrió “en procedimientos administrativos irregulares”, ya que no controló las dependencias que estaban a su cargo.
Desde el Tribunal de Cuentas explicaron que su ley orgánica (la Nº1.003) establece que se debe sancionar al que maneja los fondos públicos. Como el programa Vale Más funcionaba con dinero descentralizado en el FIDES, son los administradores y directivos de éste los responsables por el dinero y no, por ejemplo, Gotusso, quien igualmente podría ser investigada en una instancia judicial.
La Fiscalía Especial trabaja actualmente en cuatro expedientes aún sin resolverse, en los que también figuran sólo funcionarios de menor rango.
En diciembre de 2011 se publicó una determinación similar pero sobre el ejercicio 2004, donde se les aplicaban cargos a cinco de los hoy imputados por una suma de $1,5 millones por la misma causa.
Aquel fallo y el actual llevan las firmas del presidente del tribunal, Salvador Farrugia, y los vocales Alberto Zeballos, Francisco José Barbazza y Mario Francisco Angelini, quien en ambas oportunidades votó en disidencia parcial.
Las irregularidades
El millonario fraude salió a la luz en la propia gestión de Cobos, cuando el ex ministro de Desarrollo Social Sergio Pinto y el coordinador del Programa Vale Más, Alberto Monetti, denunciaron las irregularidades ante la Justicia.
En el 2000, a través de la ley Nº6.783 se destinaron $15 millones para programas vinculados a la producción y el trabajo, la protección integral de la familia, la infancia y la adolescencia, la integración laboral de discapacitados, la refacción del hábitat y la pensión para ancianos, indigentes e inválidos.
Apoyado en ella, el Ministerio de Desarrollo Social emitió la resolución Nº1.763, que dio vida a uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente: el Programa Vale Más. El sistema entregaba ayuda a la población en riesgo de subsistencia y reactivaba la alicaída economía provincial, incluyendo a pequeños y medianos comerciantes, mayoristas, elaboradores y productores agrícolas. La moneda de cambio eran unos tickets con valor nominal e identificación del beneficiario, que se podían usar para comprar alimentos en los comercios adheridos.
El sistema fue una fuente de dinero sin control: planillas duplicadas, tickets “mellizos” y dineros no rendidos fueron algunos de los mecanismos a través de los cuales se estafó al Estado.
Las irregularidades detectadas, según consta en el fallo recientemente emitido, implican deficiencias en el procesamiento de bases de datos de los programas sociales (beneficiarios con igual DNI y distintos nombres, otros incluidos en distintos tipos de seguros alimentarios y algunos con contratos de locación en organismos provinciales que además tenían un plan social), pero también “falta de documentación respaldatoria de entrega de tickets (cuadernillos de beneficiarios)” y “pedidos no informados por Proms SA”, la empresa que emitía aquéllos.
Al respecto, el dictamen explica que “existen pedidos imputados presupuestariamente en el ejercicio 2005 y por los cuales Proms SA no ha informado emisión de cuadernillos por $1.317.955”. Y que a la vez “existen emisiones informadas por Proms SA que no corresponden a ningún pedido por $486.465”.
Fuente: DiarioUno
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