Otro asesino como Chocobar. Esta vez, un policía tucumano. Asesinó a Facu, un nene de 11 años, por la espalda

En Argentina crece la preocupación por el aumento de casos de gatillo fácil, recrudecido hoy cuando un niño de 11 años que iba de acompañante en una moto junto a un amigo fue asesinado de un balazo en la nuca luego de que la Policía de Tucumán los intentara detener por “circular de forma sospechosa”. Desde Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (andhes) se manifestó preocupación por el aumento de casos de gatillo fácil y violencia institucional registrados en la provincia y que se enmarcarían en la "doctrina Chocobar" impulsada recientemente por el gobierno nacional.

Un niño de 11 años que iba de acompañante en moto con un amigo fue asesinado de un balazo en la nuca luego de que la Policía de Tucumán los intentara detener por “circular de forma sospechosa”. El conductor, un chico de 14 años, terminó con una herida leve en la cabeza causada por la bala que salió por la frente su amigo fallecido.

Desde Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, aseguraron que la muerte de un niño de 11 años, asesinado de un disparo en la nuca, es el corolario de un comienzo de año violento y en el cual el Estado parece haber legitimado a sus fuerzas de seguridad para realizar ejecuciones extrajudiciales y usar sus armas con mayor liviandad.

Matías Lorenzo Pisarello, coordinador del área de Seguridad y Derechos Humanos expresó que "el Estado no puede seguir legitimando el uso abusivo e indiscriminado de violencia por parte de las fuerzas de seguridad con la excusa de brindar una solución a las diferentes conflictividades sociales. Las actuales políticas públicas en materia de seguridad se rigen por acciones meramente reactivas frente a los hechos consumados, dejando de lado todo tipo de acción destinada a garantizar la verdadera seguridad, la que garantiza el pleno empleo, la educación, la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general".

Por su parte, Florencia Vallino, coordinadora del área Derechos de Niñez y Adolescencia, explicó que "el uso de la fuerza otorgado a la policía debe ajustarse al marco normativo democrático y de derechos humanos, respetando estándares de racionalidad, proporcionalidad y legalidad. En caso de niños y niñas, el Estado tiene una obligación reforzada en la garantía y protección de sus derechos, existiendo incluso protocolos de actuación específicos para casos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Este hecho resulta inaceptable y sólo se explica en el marco de un contexto de aumento de la criminalización de las infancias y legitimación del gatillo fácil".

Fuentes: Anred/Pagina12

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