El secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, aclaró que se enviaría una ley al Congreso si la Cámara sostiene que se debe pagar a los buitres igual que a los bonistas que aceptaron la oferta inicial. Apoyo de los Estados Unidos (afectaría a EEUU, un fallo favorable a los fondos buitre).
La Argentina realizó su presentación ante la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York y dejó en claro la actitud con la que encarará el futuro del caso: existe la voluntad de pagar, pero sólo será posible acordar un mecanismo en ese sentido si los magistrados de segunda instancia deciden no romper el principio de equidad. "Si la Camara sostiene que se debe pagar igual que a los bonistas, bajo esa hipótesis, el Ejecutivo enviaría una Ley al Congreso", sostuvo ayer el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, al referirse a las expectativas que genera el fallo que los jueces Rosemary S. Pooler, Barrington D. Parker y Reena Raggi emitirán luego del 27 de febrero, fecha en la que se realizará la exposición final de los argumentos orales de todas las partes.
El funcionario explicó el día siguiente de la presentación del documento que la propuesta elaborada a partir del trabajo de los equipos legales y técnicos no es un nuevo canje de deuda sino un procedimiento a seguir por el país si el poder judicial norteamericano decide cambiar la interpretación de la cláusula pari passu (tratamiento igualitario) que realizó el juez Thomas Griesa en primera instancia. El país interpreta que en su fallo el juez violó los derechos adquiridos del 93% de los acreedores que negociaron con el país tras la explosión de 2001/2002 y además sienta un antecedente peligroso.
En esta línea, el documento que entró a los tribunales estadounidenses cerca de las 2 de la mañana de ayer (la medianoche en Nueva York) explica que "el Ejecutivo está preparado para presentar una vez más una propuesta al Congreso para terminar de manera definitiva este litigio a través de un trato equitativo de los demandantes y aquellos situados en una posición similar en los mismos términos que los participantes de la oferta de canje de 2010". Con esta base, en el texto señaló además que cualquier otro camino que se tome e implique diferencias a favor de los fondos buitre sería contrario a la ley.
La Argentina avanzó además con la seguridad de no estar sola en la búsqueda de una interpretación diferente de la igualdad. El planteo de que los holdouts no deben recibir el total del valor de los bonos sino una adaptación de los pagos que se realizan periódicamente en los papeles reestructurados cuenta con argumentos a favor de instituciones financiera, los propios acreedores que entraron a los canjes de 2005 y 2010 e incluso el gobierno de los Estados Unidos, que presentó un nuevo amicus curiae (una figura legal que significa "amigo del tribunal") como ya había hecho este año para parar un embargo de fondos que el Banco Central tenía depositados en una cuenta en el país.
Tal como se esperaba, la Casa Blanca dejó atrás las especulaciones y pasó a los hechos al formalizar su apoyo a la intención oficial de establecer un encuentro con los 13 jueces que conforman la Cámara de Apelaciones. De esta manera, abrió otra puerta para lograr la revisión del fallo de primera instancia que obligaba al país a pagar U$S 1330 millones de pesos. El escrito, que presentaron los departamentos del Tesoro, de Estado y de Justicia en conjunto, se despega con prudencia de "las acciones de Argentina en la arena financiera internacional", pero plantea que la cuestión es de "importancia excepcional" para la administración de Barack Obama y vierte una batería de argumentos que favorecen claramente a los objetivos del país.
En el eje de la presentación está el cómo afectaría a Estados Unidos un fallo favorable a los fondos buitre. Señala que la incorrecta interpretación de la cláusula pari passu viola las leyes de inmunidad soberana y podría implicar daños para las relaciones exteriores del país, además de la utilización del dólar en la economía mundial y el papel de Nueva York como centro financiero global. Además, advierten sobre las implicancias en futuros procesos de reestructuración y la forma en la que esto significaría un retroceso en la búsqueda de soluciones para las crisis de deuda soberana, justo en un contexto de depresión en los países centrales que se ven ahogados por el ratio entre el PBI y la deuda. Ahora, el próximo paso es el 4 de enero, cuando se vence el plazo para la presentación de argumentos de las terceras partes, mientras que el 25 del mismo elevarán su documento los fondos buitre. Ya en febrero, el 1 se abrirá la posibilidad de dar respuestas a las presentaciones anteriores y el 27 se darán los argumentos orales finales. Tras eso, los jueces se tomarán su tiempo para decidir el futuro del caso.
Apoyos a los argumentos argentinos
El gobierno de Estados Unidos no es el único actor que decidió intervenir en el juicio a favor de la posición de la Argentina. Por ejemplo, el Bank of New York y la sociedad de Bolsa Puente Hermanos se pronunciaron en contra del método de pago que piden el juez Thomas Griesa y los fondos buitre, y como intermediarios criticaron con dureza el efecto que tendría sobre el normal funcionamiento del sistema financiero.
Por otra parte, los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 presentaron este viernes un nuevo documento que sostiene que de seguir el camino contrario a la Argentina y en favor de NML Capital se "infringirían inadmisiblemente los derechos de propiedad de terceros inocentes en una violación de los principios fundamentales de equidad". Si bien toda la argumentación tiene en la base la defensa de sus intereses económicos individuales, el Exchange Bondholder Group (EBG) deslizó una batería de planteos que sostienen las intenciones del equipo legal y técnico que representa al país en los tribunales estadounidenses. Así, apuntaron que de mantenerse la interpretación sesgada de la cláusula pari passu (igual trato, en la jerga financiera), los países soberanos y otras entidades emisoras no pondrán mayor entusiasmo en utilizar la ley, el sistema legal y los servicios financieros de Nueva York. "Aunque sea entendible la frustración de la Corte, es contra la ley e inconstitucional que una orden judicial viole los derechos de terceros acreedores de esa manera y priorice los intereses de NML", agregaron al explicar que cualquier decisión en ese sentido violaría la Quinta Enmienda.
Por Nicolás Furfaro.
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