La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que esta tarde estaba allanando 19 domicilios pertenecientes a empresas de taxis que contrataron a más de 450 choferes en condiciones irregulares y provocaron un perjuicio fiscal de al menos 18 millones de pesos a lo largo de tres años.
Alrededor de 355 sociedades, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se constituyeron a partir de que un particular las inscribía con el mismo objeto y domicilio legal, bajo la presidencia de una persona y después transfería las licencias personales a favor de las sociedades.
El Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1, a cargo de Javier López Biscayart, en el marco de la causa en la que se investiga la maniobra de evasión denunciada por el organismo ante la Justicia, dio lugar a los allanamientos donde se comprobaron las condiciones irregulares que padecían estos choferes de taxi.
En atención al rol de querellante asumido por AFIP, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, solicitó a través del Fiscal en lo Penal Tributario, Germán Bincaz, una serie de medidas a los fines de desarticular la maniobra organizada por un grupo de personas con apoyatura de contadores y escribanos.
La pena prevista para el delito de evasión de aportes y contribuciones en el Régimen Penal Tributario es de 2 a 6 años de prisión.
De comprobarse la utilización de testaferros podría caber la pena agravada de 3 años y seis meses a 9 de prisión. Por el momento la causa se encuentra en secreto de sumario.
Además, según lo establece el artículo 14° del Régimen Penal Tributario, las sociedades que realizan este tipo de maniobras son susceptibles de recibir también sanciones penales. Por este motivo se les cancelaría la personería jurídica.
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