El anuncio lo hizo en un acto, transmitido por la cadena nacional, en el cual firmó el decreto de promulgación del flamante Código Civil y Comercial, que, afirmó,"plasma todas las conquistas sociales y políticas que hemos logrado en estos años".
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó esta noche el decreto de promulgación del nuevo Código Civil y Comercial y anunció el próximo envío al Parlamento de un proyecto para elaborar un nuevo Código de Procedimiento Penal Nacional que “transforme el actual sistema de inquisitivo a acusatorio”.
Al hablar por cadena nacional en el Museo del Bicentenario, la Primera Mandataria señaló que el nuevo proyecto apunta a lograr un sistema de procedimiento penal “mucho más ágil” y que permita a los ciudadanos “vivir con mayor seguridad y mayor certidumbre”.
La Presidenta, acompañada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Justicia, Julio Alak; el viceministro de esa cartera, Julián Alvarez y el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, rubricó el decreto que hará entrar en vigencia el 1 de enero del 2016 al nuevo Código Civil y Comercial, que reemplaza al elaborado por Dalmasio Vélez Sarsfield.
Cristina Kirchner sostuvo que el código que promulgó hoy “plasma parte de todas las conquistas sociales, políticas, de igualdad y diversidad que hemos logrado en estos años”.
Sostuvo que a diferencia del que regía hasta la fecha, que era de corte “liberal”, el nuevo Código es “un producto cultural auténticamente argentino, hijo de la democracia, que no pertenece a ningún partido político ni a ningún gobierno: es el Código Civil y Comercial de la Democracia”, afirmó.
Destacó que en los 2.617 artículos que lo integran, se incluye, entre otras novedades, por primera vez la normatividad sobre “la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios, sobre la que el código vigente no menciona ni en una letra”, dijo.
Señaló que la unificación de los códigos Comercial, sancionado en 1862, y Civil, que data del 1869, se redujeron a 2.617 artículos los 4.500 que existían hasta el presente.
Recordó que el proceso de reforma de los dos códigos y su unificación comenzó con la firma del decreto 191/11 del 23 de febrero del 2011, “cuando ni siquiera pensaba que podía volver a ser presidenta”.
Subrayó el largo y profundo estudio al que fue sometido el proyecto, mediante una comisión parlamentaria bilateral y audiencias realizadas en todo el país con expertos en la materia y organizaciones sociales, por lo cual finalmente fue sancionado por el Parlamento con 168 modificaciones en 311 de sus artículos, mientras que el de Vélez Sarsfield había sido aprobado “a libro cerrado”.
Al referirse a “aquellas voces que se levantaban sobre tratamiento expres” sostuvo que “no hay antecedentes en el mundo de un tratamiento más aperturista y democrático que el que tuvo este código”.
Consideró que hoy, 7 de octubre “es un día histórico” porque “este es el instrumento más importante que rige la vida cotidiana de las personas, y creemos que es un producto cultural de la Nación”.
Su promulgación “es un punto final para una historia de frustraciones”, afirmó al recordar los siete intentos anteriores de realizar esa reforma que hoy finalmente fue concretada.
Subrayó que el nuevo código además está redactado en un lenguaje “llano y accesible, de fácil lectura y comprensión, para que no sea cuestión de unos pocos entendidos” su entendimiento y permita a todos los ciudadanos comprenderlo para que así puedan “defender sus derechos”.
Recordó que incorpora “el principio de igualdad y diversidad”, a través, por ejemplo de la Ley de Identidad, de Género, de Matrimonio igualitario, de Abuso de Posición Dominante, así como incluye a nuevos sujetos de derecho como el consumido y los sectores más vulnerables.
Subrayó que el antiguo código se refería como sujeto principal a “el hombre” mientras ahora se incorpora a “la mujer, el niño, las personas con capacidades diferentes, el consumidor”.
Asimismo se suman los “derechos colectivos como un nuevo instrumento para defensa frente a las posiciones dominantes” y se “garantiza la defensa del ambiente y el derecho del consumidor”.
“Ahora no sólo reconocemos el derecho a la propiedad privada, sino a otro tipo de valores como el cuerpo, los órganos, los genes”, apuntó.
En cuanto a las contrataciones incorpora, destacó, la “sociedad unipersonal” que permitirá que “una persona pueda tener un emprendimiento, separándolo de su patrimonio personal”.
Puso de relieve que se destaca que el peso es la moneda de curso legal, aunque se incluye el “principio de autonomía de la voluntad”, por el cual “un contrato tiene fuerza de ley” y se puede pactar en moneda extranjera, así como depósitos bancarios que “tienen que ser restituidos en la moneda de la misma especie”.
Se incluye además un artículo sobre las cajas de seguridad de los bancos, en los que la entidad financiera “debe responder frente al usuario por la idoneidad y custodia de los locales y la integridad de las cajas y su contenido”.
“Lo que el Código da en materia monetaria es certeza, seguridad y certidumbre para todos los depositantes, para todos los bancos y para todos los consumidores”, destacó.
Enumeró los avances que incluye el nuevo cuerpo legal en materia de familia, como el reconocimiento del matrimonio igualitario, de las uniones convivenciales, la aceleración de los procesos de adopción, la regulación de los procesos de fertilización asistida y la agilización del proceso de divorcio, y la instauración de las convenciones prenupciales, entre muchos otros.
Asimismo, los hijos podrán decidir si quieren inscribir en su nombre primero el apellido del padre o de la madre, en forma indistinta.
Por otra parte, la Presidenta subrayó que el presupuesto para el sector de la Justicia aumento, del 2003 a la fecha, en un 1200 por ciento, para dotar a la Justicia de mayores recursos para hacer más eficiente su labor.
Anunció entonces el envío “en los próximos días, al Parlamento, de un nuevo proyecto de nuevo Código de Procesamiento Penal Nacional que transforme el actual sistema inquisitivo a acusatorio y lo haga mucho más ágil”.
Indicó que actualmente los procesos penales tienen una duración no menor a los 4 años y que se buscará ir al sistema chileno, que los reduce a un lapso de tres a seis meses.
Ese proyecto apunta a dar respuesta a “una demanda a la Justicia por parte de la ciudadanía, que no pasa por una cuestión de mano dura o blanda, sino simplemente por tener instrumentos y recursos adecuados”, detalló, que permitan que “se agilicen los procedimientos” y contribuyan a “la dignidad de las personas”.
“Creo que hemos cumplido”, dijo la Presidenta, con la promulgación del Código Civil y Comercial, y señaló que la intención “clara y honesta es que se simplifiquen las cosas para que la gente pueda vivir mejor”.
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