Una de las funciones indelegables del Estado es la del control de las obras que se realizan en la Ciudad para velar en forma prioritaria por la seguridad de la población. Todas las instancias administrativas del Estado deben estar intercomunicadas ante cualquier alerta que surja de las denuncias de particulares o de organizaciones. Ante la intervención de múltiples oficinas, el Gobierno debería contar con un canal de comunicación abierto y fluido que posibilite que si la Dirección de Relaciones Laborales recepciona una denuncia que tiene que ver con las funciones de la Dirección de Fiscalización y Control de Obra, se comunique inmediatamente con el responsable de esta Dirección para que se actúe con celeridad en resguardo de la seguridad de los trabajadores implicados, de los vecinos que habitan inmuebles linderos y hasta de los peatones y vehículos que circulan por la zona. Es inexcusable que con la cantidad de medios tecnológicos de los que disponemos, y con funcionarios que les gusta identificarse como "2.0" por sus manifiestas preferencias por la conectividad a través de Facebook o Twitter, en la lamentable tragedia de la calle Medoza la comunicación haya estado ausente. El control no se hizo de manera eficiente. La Legislatura no es ajena a las tareas de control del Ejecutivo; por ello pedimos explicaciones sobre presuntas faltas u omisiones en las tareas de inspección o control de obras. En la Comisión de Planeamiento, desde marzo hasta ahora, hemos presentado ocho pedidos de informes originados en quejas y denuncias concretas y verificables hechas por los vecinos.
Hoy, el Gobierno no puede decir que se hicieron los controles, no se hicieron de manera eficiente. No se tomaron las acciones que hubieran determinado la clausura de la obra. De haberse clausurado no tendríamos que lamentar la muerte prematura e injustificable de tres personas.
Avanzar hasta las últimas consecuencias se lo debemos a las víctimas, se lo debemos a los familiares y a la sociedad toda.
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