sábado, 31 de agosto de 2013

Fuerte señal de apoyo a Cristina: el Peronismo, unido, prometió lealtad a la Presidenta

En el marco del encuentro nacional del Instituto de Estudios y Formación Política del Partido Justicialista -Gestar-, mandatarios provinciales y funcionarios nacionales reivindicaron el rol del PJ como "columna vertebral" del proyecto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y convocaron a una próxima reunión del Consejo Nacional para dentro de "15 o 20 días".



El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, sostuvo que los mandatarios provinciales que se dieron cita en Corrientes, "somos leales a Cristina Fernández de Kirchner y no nos prestamos a ninguna operación mediática".


"A Cristina la tenemos en la imagen y el corazón de nuestros militantes", dijo Capitanich y remarcó que "ningún gobernador podía hacer lo que hizo" en mejoras para la población "si no hubiera sido por Néstor y Cristina". 

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, destacó: "Es la Argentina del futuro, de la esperanza, del trabajo", aseguró el ministro coordinador tras resaltar los programas y contrastarlos con las gestiones anteriores a 2003. 

Por su parte, el gobernador bonaerense Daniel Scioli aseguró que "la fuerza de nuestro proyecto es la unidad del peronismo“. 

En el encuentro de GESTAR en Corrientes, Scioli remarcó: "no hay nada más peronista que un país que se va desendeudando socialmente, generando trabajo y con la asignación universal por hijo“. 


viernes, 30 de agosto de 2013

"El PRO nos pagaba para bailar en el bunker 2011". Socios del Club Comunicaciones acusados por Rodriguez Larreta, jefe de Gabinete del gobierno de Macri, a juicio oral

El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, comenzó un juicio oral a un grupo de socios del quebrado Club Comunicaciones, ubicado en el barrio de Agronomía. "El sinvergüenza de (Mauricio) Macri, entregó nuestro club, con 82 años de historia, con una trayectoria impecable".

La primera audiencia se realizó desde las 10 y estuvo presidida por la jueza Ana Larocca, titular del juzgado penal, contravencional y de faltas Nº 14. El funcionario acusa a los vecinos de amenazas, daños y lesiones por los incidentes ocurridos en 2012, cuando le reprocharon en la cara a Larreta haber prometido recuperar el club para los socios, en el marco del proceso de quiebra de la institución, a cambio de militar a favor del PRO en la campaña electoral de 2011.

Con las promesas incumplidas, los hinchas de Comunicaciones irrumpieron en una charla con vecinos en Villa del Parque. Con poca información, Larreta se apuró a acusar a la agrupación kirchnerista La Cámpora. "Actuaron con una violencia increíble, no se puede creer que pase eso en el lugar", consideró Larreta ese sábado de junio. "Según los vecinos del barrio, estas personas están identificados con La Cámpora", remarcó, algo que fue reproducido en un parte de prensa oficial del Gobierno macrista.

Roberto Ruiz, presidente de la Subcomisión del Hincha del club Comunicaciones, admitió poco tiempo después que habían sido los hinchas. "Sí, fuimos nosotros. Larreta junto con el macrismo han entregado nuestro club, con 82 años de historia, con una trayectoria impecable, y el sinvergüenza de (Mauricio) Macri lo ha entregado al camionero (Hugo Moyano)", dijo Ruiz en declaraciones a Radio FM Palermo.

"El planteo era que al entregarnos el club, nosotros estábamos obligados moralmente a hacer una campaña para ellos. Fuimos hasta a los festejos. Un mes después Fracisco Cabrera -ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad- le entregó el club al camionero", agregó Ruiz.

Durante el proceso, los imputados adelantaron que justificarán con pruebas contundentes la promesa que les hicieron los funcionarios de Macri de recuperar el club en disputa con el sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) de los Moyano, a cambio de vestir las clásicas remeras amarilla del PRO, repartir folletos, boletas y globos de colores en las esquinas del barrio y trabajar de fiscales de mesa en las elecciones de 2011 en las escuelas de la zona.


Fuente: Ambito

La sobrina nieta de Eva Perón se refirió a Sergio Massa: "No sé si es tan peronista quien elige ser socio de Macri”

Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva Perón y presidenta ad honorem del Museo Evita, sostuvo, en dialogo con Radio América, que el peronismo "está más vivo que nunca" y en "el Frente para la Victoria".

Se crió entre litigios judiciales, vestidos, zapatos y joyas de la política más famosa de la Argentina. Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Evita, sostuvo, en diálogo con Dady Brieva que el peronismo "está más vivo que nunca" y en "el Frente para la Victoria".

"Cuando miró para otro lado como partido neoliberal, ahí es donde estuvo muerto", afirmó.

Sobre las alianzas electorales, Álvarez Rodríguez remarcó: "Hay algunos peronistas que eligieron irse con Macri y la realidad es que el peronismo está en el lugar donde se le transformó la realidad a las personas, el peronismo acompaña como columna verteblar del Frente para la Victoria y a nivel nacional".

Además de señalar que "el Presidente del partido, que es Daniel Scioli, acompaña a la Presidente, al Frente para la Victoria”, sostuvo: "Yo no tengo el peronómetro en la mano pero el que elige ir con Macri, no sé si es tan peronista”.


"Cada compañero elige su destino, quien elige ser socio de Macri no está eligiendo el peronismo", manifestó de forma concluyente.

Fuentes: Infonews/LaNación/RadioAmérica

jueves, 29 de agosto de 2013

Comunicado: Argentina, como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, abogó por la no intervención militar en Siria


El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto envió esta mañana un comunicado en el que la Argentina, como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, emite su postura sobre el conflicto que se vive en Siria.
A continuación, el texto completo enviado por la cartera que dirige Héctor Timerman:

“La Argentina, que en la actualidad está ejerciendo la Presidencia del Consejo de Seguridad, hace pública su posición ante la fuerte posibilidad de una intervención militar extranjera en la República Siria.
La posible utilización de armas químicas, prohibidas por la comunidad de naciones, en Siria añade un elemento de gravedad inexcusable que obliga a todos los Estados a comprometerse para encontrar una solución a la crisis.
Y La Argentina ha demostrado con acciones su firme compromiso con la no-proliferación y la eliminación de las armas de destrucción masiva. Nuestro país es Parte de la Convención sobre Armas Químicas y es un activo impulsor de la destrucción de estas armas y propicia evitar cualquier forma de su desarrollo. La utilización de armas químicas letales en todas sus formas es un crimen de guerra y de lesa humanidad. Tanto los gobiernos como los grupos armados insurgentes que hayan hecho uso de dichas armas deben ser juzgados y castigados por la Justicia, específicamente por el Tribunal Penal Internacional.
Por eso apoyamos decididamente la investigación puesta en marcha por el Secretario General y esperamos contar con resultados contundentes, transparentes, objetivos e imparciales a la brevedad.
Argentina, junto a toda América Latina, ha sido enfática en la defensa del principio de no intervención militar extranjera. Ante la negativa de los Estados Unidos para aplicar la doctrina Monroe en defensa de Venezuela, que sufría un bloqueo naval por potencias europeas en 1902, la Argentina impulsó una nueva doctrina en contra del intervencionismo militar. La doctrina Drago, en honor a su impulsor el Canciller Luis María Drago, que comenzó atacando la intervención por tema de deudas evolucionó como principio general, ello a partir de la experiencia que indica que las intervenciones militares libradas a decisiones unilaterales es uno de los elementos más disruptivos de la seguridad internacional.
El surgimiento de las Naciones Unidas como órgano garante de la paz fue un avance fundamental que es necesario profundizar. En línea con lo expresado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la responsabilidad de proteger civiles para justificar la intervención militar unilateral o por medio de alianzas circunstanciales puede dar lugar a que se abusen de los valores de paz y seguridad y se termine atacando precisamente los valores que se dice defender. No sumemos nuevos horrores a los horrores que ya sufrimos.
En este contexto, la Argentina se opone a una intervención militar. La intervención militar extranjera en forma de respuesta automática a la utilización de armas químicas sin siquiera esperar a que las Naciones Unidas determinen si se utilizaron y quienes las utilizaron, implica una derrota del sistema multilateral y un menosprecio a su sistema legal.
Volvemos a reiterar el concepto que las Naciones Unidas no serán eficaces mientras los poderosos crean que sólo los débiles deben cumplir sus resoluciones.
Para la República Argentina, no están dadas las condiciones para una solución militar extranjera ya que a pesar del tiempo transcurrido y de cientos de miles de víctimas, no se han puesto en práctica los mecanismos previstos en el derecho internacional. Nuestro país considera que operaciones militares extranjeras no harían otra cosa que agravar la situación, aumentarán las víctimas y el riesgo de derrame de la tragedia humanitaria a otros países de la región se acrecentará.
En este espíritu, es importante también reconocer que la provisión de armamentos a las partes en conflicto, lejos de definir la contienda, ha contribuido a multiplicar la sangre derramada por cientos de miles de inocentes.
No se puede seguir proveyendo de armas a las zonas en conflicto y luego sentarse en este recinto para lamentarse que hay muertos. No se puede lamentar que haya muertos y decir que la solución ante la muerte  es aumentar el número de muertos.
A la vez, la República Argentina no permitirá que la Naciones Unidas acepten resignarse a observar como se masacran civiles con armas químicas. La gravedad de la situación debe admitir la posibilidad de una intervención humanitaria sin fines ni medios militares y con mandato de la ONU. Sostenemos que en el supuesto en el que un miembro permanente del Consejo ejerciera el veto para impedir una intervención humanitaria no militar, quedaría una vez más plasmada una situación descripta por la presidenta de la República hace pocas semanas en el Consejo de Seguridad al decir que “cuando en la gestión de conflictos aparece el derecho de veto, la solución se torna mucho más difícil y por momentos imposible. Por lo tanto creemos que sería necesario revisar el funcionamiento de las instituciones en general de Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad.”
Si ello no es posible a través del Consejo de Seguridad, es tiempo para que la Asamblea General tome cartas en el asunto.
Nuestro país propone otorgar el mandato necesario al Secretario General para definir la autoría de la masacre derivada del uso de armas químicas, y desde el conocimiento de lo sucedido debatir una eventual intervención humanitaria y diplomática avalada por la Asamblea General.
La República Argentina y otros países latinoamericanos sostenemos que en caso que exista una oposición a garantizar la asistencia y el acceso humanitario en Siria por parte de uno o más miembros con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, se debería convocar a la Asamblea General a fin de resolver esta situación.
Sin duda, llegar a esta instancia dejaría al desnudo que el consejo de Seguridad está contaminado por el juego de intereses de un pequeño grupo de países que, ejerciendo el “privilegio” del veto, vuelven a este órgano no sólo ineficaz sino irrelevante para la paz mundial.
Existen las herramientas para hacerlo.
En 1987 la Asamblea General aprobó la Resolución 42/37 sobre la prohibición de utilización de armas químicas y bacteriológicas, por la cual solicita al Secretario General de las Naciones Unidas llevar adelante investigaciones en respuesta a posibles usos de este tipo de armas, que pudieran constituir una violación del Protocolo de Ginebra de 1925 y otras leyes internacionales, para comprobar los hechos e informar sus resultados lo antes posible a los Estados miembro de la ONU.
Finalmente, otra opción es que los 15 cancilleres que representan a los países miembros del Consejo de Seguridad se convoquen ya mismo en Siria para exigir el cese de la violencia y el inicio de un diálogo entre las partes en conflicto.
En síntesis, la República Argentina  propone el embargo de armas, una intervención humanitaria liderada por el Secretario General, una reunión de emergencia de la Asamblea General o la acción en el terreno del conflicto de los cancilleres miembros del Consejo de Seguridad. Lo que Argentina jamás propondrá, ni avalará, es una intervención militar extranjera. El gobierno y el pueblo argentino no serán cómplices de nuevas muertes”.


Oficial de la policía creada por Mauricio Macri fue detenido por matar a un vecino por una deuda

Un hombre fue asesinado de dos balazos en el pecho en su casa de la localidad bonaerense de Lanús Este, por un efectivo de la Policía Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 2.45 en el interior de una casa ubicada en la calle General Ferrere 669, cuyo propietario, identificado por la policía como Juan Carlos Caliza (27), recibió dos balazos en el pecho y murió en el acto.

Según los investigadores, todo comenzó cuando el vecino Humberto González (42) llegó hasta la casa de Caliza acompañado por su amigo Rubén Cardozo (28), un efectivo de la Policía Metropolitana que estaba franco de servicios y se hallaba vestido como civil, para reclamarle el pago de una deuda.

Por razones que se investigan, Caliza comenzó a discutir con González, y Cardozo salió en defensa de su amigo, extrajo su arma reglamentaria y le disparó dos balazos al dueño de casa, quien murió en el acto.

El policía Cardozo y su amigo fueron detenidos inmediatamente por los efectivos de la Jefatura Departamental de Lanús, que acudieron a la vivienda tras el llamado de emergencia al 911.

El policía Cardozo, trabaja desde hace dos años en la Dirección de Investigaciones Complejas de la policía creada por el Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri.


Expuso el primo de "Lilita" Carrió, Dr. Alejandro Carrió, en representación del Grupo Clarín, en la la Audiencia Pública sobre la Ley de Medios de la democracia


La primera parte de la segunda Audiencia Pública por la Ley de Medios se basó en una serie de preguntas que debieron responder los representantes del Grupo Clarín. La mayoría de ellas apuntaba a aclarar cuestiones respecto de la sustentabilidad del negocio y la libertad de expresión.

La primera parte de la Audiencia Pública de hoy por la Ley de Medios comenzó con 17 preguntas dirigidas al Grupo Clarín. Sus representantes ante la Corte son María Angélica Gelli, Alejandro Carrió y Damián Cassino. Los asistentes, Martín Gonzalo Etchevers, Carlos Winograd, Carlos Moltini, Gabriel Bouzat, María de los Milagros Páez, Felipe Llerena y Miguel Fernández. El equipo técnico, Mariano Legarburn y Tomás Vio.
Las preguntas duraron poco más de una hora. En el primer tramo la Corte insistió con que el Grupo explique por qué considera que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) afecta la libertad de expresión. La pregunta inicial apuntó a saber qué piensa esta parte sobre los derechos de los ciudadanos a recibir información de una pluralidad de fuentes que compitan entre sí. Uno de los abogados del Grupo Clarín,  Damián Canssino, respondió que la Ley de Medios produce un efecto contrario al que declara.
La Corte también preguntó por qué el Grupo Clarín sostiene que los límites a las licencias que establece la ley comprometen el derecho de Clarín a  expresarse libremente. El Grupo respondió que para entender eso hay que comprender que su modelo de negocios es la economía de escala, y que los límites de propiedad que establece la LSCA torna inviable económicamente la sustentabilidad del Grupo.
Las preguntas eran formuladas por un secretario judicial, y el presidente de la Corte intervenía para repreguntar. En varios oportunidades a lo largo de la audiencia, el presidente de la Corte insistió con que los representantes de Clarín fueran concretos en las respuestas e insistió: "En concreto, ¿usted sostiene que la la  aplicación de la ley es una afectación indirecta de la libertad de expresión?”. El representante del Grupo respondió que "es directa". El argumento más recurrente del Grupo fue que la reducción del tamaño de la empresa la tornó inviable económicamente. Clarín también tuvo que responder si de mantenerse la conformación actual del Grupo se garantiza la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones y voces, y por qué. Clarín respondió que sí, porque existen miles de medios de comunicación en la Argentina. "entendemos que hay muchísima pluralidad de voces", respondieron.

A lo largo de la audiencia varias de las preguntas de la Corte parecían no dar por sentado el vínculo entre sustentabilidad del negocio y libertad de expresión. ¿Por que sostiene que los límites de mercado y licencias comprometen el derecho de Clarín a expresarse libremente?. El Grupo respondió que la cuota de mercado del 35% a los canales de cable limita la libertad de expresion porque todas las audiencias que quedan afuera de la cuota no pueden acceder a la visión del Grupo Clarín.  Winograd explicó que la LSCA limita la escala y alcance del Grupo. "El mercado requiere altísimas inversiones tecnológicas. A medida que aumentan los clientes, la inversión se reduce. Si uno reduce la escala de la empresa no se puede mantener la infraestructura tecnológica existente".

Winograd aludió a las pericias que figuran en las causas: en la pericia se habla de cómo la red actual hace a la empresa sustentable. Si se altera esa sustentabilidad, explicó, se va a perder una voz crítica, la única que existe en el país. Las respuestas del Grupo también enfatizaron que menos audiencias significan menor financiamiento, lo cual según esta parte afecta la independencia y hasta la subsistencia.  "Con la aplicación de la ley Clarín, no va a poder operar, no va a poder operar en el mercado de internet, no va poder pagar sus deudas". Winograd insisitió con que de aplicarse la ley, el resultado sería la pérdida de capacidad de pago de las deudas que el grupo contrajo para invertir.


"Si la actividad del grupo registra economía de escala", preguntó la Corte, "¿no es potencialmente un monopolio? y ¿no constituye una barrera de entrada para nuevos participantes?". Clarín intentó responder con la misma línea argumental de ayer: internet hace que sea posible la pluralidad. Lorenzetti le pidió que respondiera acerca de los medios contenidos en la LSCA, no sobre internet. Clarin alegó que con la "tecnología digital es imposible que existan barreras de entrada".

"Si la libertad de expresión requiere un volumen económico ¿qué ocurre con los demás grupos? ¿No tendrían libertad de expresión o deberian ser subsidiados? ¿Cómo se explica que los otros grupos hayan presentado planes de desinversión?", quiso saber la Corte. Winograd respondió que los grupos de menor tamaño tienen rentabilidad y que también integran economías de escala, aunque menores. Lorenzetti repreguntó: "¿es necesario un volumen económico y si no existe eso, hay afectación a la libertad de expresión? ¿El que no tiene ese volumen económico no tienen libertad de expresión?".  Winograd no respondió la pregunta: afirmó que los grupos de menor escala no tienen como estrategia la producción para las masas. "Eso es lo que quedaría destruido con esta regulación", insistió.


Gelli introdujo un nuevo argumento en la estrategia del Grupo "sostenemos que la ley puede buscar medios alternativos si se quiere sustentar a otros. El cooperativismo tiene ventajas impositivas, otros se financian con publicidad oficial", señaló.

Mientras se sucedían las preguntas los abogados y técnicos que se encontraban detrás de los cuatro representantes del Grupo que tomaban la palabra, hablaban entre sí constantemente, revisaban papeles y carpetas. En el último tramo de preguntas, Winograd dijo que se incentiva la cartelización con el cuestionado artículo 527. El abogado Damián Fabio Cassino dijo que “no se puede diseccionar la red, es indivisible y si se lo hace se afecta el servicio. No puede dar el servicio de internet en forma aislada porque le suben los costos medios”. El letrado Gabriel Bouzat agregó que se generarían costos altísimos y se tornaría no sustentable la economía de la red.
Respecto al artículo 41, Cassino consultó con sus colegas y después de unos segundos comparó con la antigua regulación: dijo que permitía transferir y ahora “se prohíbe la transferencia del 50%”. “Entendemos que si lo que se pretende es controlar el licenciatario, no hace falta prohibir”. A la pregunta de la Corte sobre la multiplicidad de licencias, Cassino dijo que estaba relacionado cuando había dos licencias en una misma localidad, “Grupo Clarín renunció a la multiplicidad de licencias que estaban en violación”. Dijo que el Grupo Clarín tiene 158 licencias y que no hay más licencias que violen la Ley.



Fuentes: Infojus/Télam

[FOTOS] Una multitud frente a los Tribunales respaldando la Ley de Medios de la democracia

La jornada incluyó radios abiertas, mesas de debate, stands con expositores y espectáculos musicales. 

La multitud, que estuvo en la plaza desde temprano para seguir la audiencia de la Corte por la Ley de Medios, aplaudió a rabiar cuando el presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella, sostuvo que la resistencia del Grupo Clarín se entiende porque "hoy se decide desde la Casa Rosada, desde el Congreso y no desde las oficinas de un CEO. No se bancan no mandar más".








































miércoles, 28 de agosto de 2013

Verbitsky apuntó contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por convertir el amicus curiae (amigo del tribunal) en un "amigo de las partes"


El titular del CELS, Horacio Verbitsky, amigo del Tribunal elegido por el Estado en la audiencia pública por la Ley de Medios, apuntó contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por convertir el amicus curiae (amigo del tribunal) en un "amigo de las partes". 
"Esto contradice al discurso del presidente de la Corte que dijo que no había que politizar la política. Se polarizó a los amicus curiae y eso no es positivo", destacó.
Verbitsky comenzó su breve discurso agradeciendo a la Corte por incorporar voces a la discusión pero criticó haber convertido a los amicus curiae en amicus partes con muchos "partisanos camuflados" entre los que se presentaron como amigos: "No estamos de acuerdo con la modalidad adoptada por la Corte para esta audiencia. Además de las partes en este expediente, afuera hay un país". 
"La ley elaborada con mayor participación social que se recuerde está parada hace 4 años", sostuvo el titular del CELS,  al tiempo que remarcó que el organismo "quiere contribuir a que esta democracia sea liberada de los resabios de la última dictadura militar". Además, pidió "terminar la escandalosa demora".
Fuentes: Infonews/Télam

Ya es oficial la decisión de Cristina de eximir del pago del impuesto a las Ganancias a los trabajadores que ganen menos de 15.000 pesos

La medida, anunciada ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la segunda mesa de diálogo político con "los titulares", fue dispuesta a través del decreto 1242/2013, publicado hoy en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia a partir del 1 de septiembre.




El gobierno nacional oficializó hoy la decisión de eximir del pago del impuesto a las Ganancias a los trabajadores cuya remuneración bruta no supere los 15.000 pesos, ya sean casados o solteros, y de aumentar en un 20% las deducciones de quienes perciban hasta 25.000 pesos mensuales.

La medida, anunciada ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la segunda mesa de diálogo político, fue dispuesta a través del decreto 1242/2013, publicado hoy en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia a partir del 1 de septiembre.

La norma también dispone elevar en un 30 por ciento el mínimo no imponible para quienes vivan en la región patagónica.

En el decreto se destaca que "es política permanente del Poder Ejecutivo Nacional instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional".

Asimismo, se subraya que "la implementación de estas medidas son de estricta justicia y equidad, que se hacen posible gracias a un responsable manejo de las finanzas del Estado Nacional, tanto respecto de sus ingresos como de sus gastos".

La medida lleva las firmas de Cristina, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

Al brindar ayer detalles de la nueva normativa, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, precisó que dejarán de pagar impuesto a las Ganancias el 89,8 por ciento de los empleados registrados en relación de dependencia y el 99,3 por ciento de los jubilados y pensionados.