Representantes de instituciones, transportistas, familiares y personas con esa problemática reclamaron por sus prestaciones.
La marcha estaba encabezada por unas mamás que empujaban las sillas de ruedas de sus hijos con diferentes discapacidades. Ahí estaba Fernando Frías, de 31 años, que tiene parálisis cerebral desde que nació. Su madre Hilda explicó que estaba en la movilización para protestar por los recortes de fondos que sufren las instituciones que los atienden, por los retrasos en los pagos a los profesionales, pero también por algo que les pega de cerca: los insumos necesarios para atender la afección de su hijo se demoran o no llegan. “La ayuda para comprar los pañales para Fernando la recibimos tarde y, cuando la tenemos, la farmacia donde podemos retirarla se queda sin stock”, se lamentó la mujer.
Como la mamá de Fernando, miles de personas marcharon en varias ciudades del país, para decir “no al ajuste en discapacidad”.
“Estamos reclamando los honorarios de los profesionales, de los transportistas, de los pacientes en general. El no recibir la remuneración afecta todo: cómo los padres llevan a sus hijos a terapia, cómo pueden recibir una terapia adecuada, entre otras cosas. Hay un atraso de la Superintendencia de Discapacidad, que es la que libera los pagos de las obras sociales”, explicó Susana, profesional de un centro educativo terapéutico. Se quejó por la falta de sensibilidad de las autoridades nacionales.
“Me llama la atención que la vicepresidenta Gabriela Michetti no haga nada por esto, justamente porque ella es discapacitada. Mucha gente vive, come con estas partidas. Ella tendrá dinero, pero el resto de la población no”, añadió la profesional.
En este marco, una multitud se concentró frente al Congreso para reclamarle al Gobierno nacional que se frene el ajuste en la atención a personas con discapacidad. El recorte afecta a pacientes, profesionales de la salud y transportistas. Al grito de “No al ajuste en discapacidad”, los manfiestantes cortaron avenida Rivadavia con bombos, carteles y globos rojos que representan la situación de urgencia que atraviesan.
Karina Herrera, vicepresidenta de Afapprei (Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión), es madre de dos niños con Trastorno Espectro Autista. “Santiago tiene 5 años y tiene desarrollo tardío por falta de prestación. Hoy podría hablar y no usar pañales”, afirmó. Herrera no tiene obra social ni la cobertura del plan Incluir Salud, por lo que se ve obligada a pagar la totalidad de las prestaciones que necesitan sus hijos.
El ajuste también afecta al transporte, servicio básico para que las personas con discapacidad puedan asistir a centros de día, de salud e instituciones educativas. “Esto afecta principalmente a las familias de bajos recursos“, sostuvo Carlos Scipone, presidente de Ataecadis (Asociación de Transportistas y Amigos de Educación Capacidades Distintas), una Ong que agrupa a transportistas que trabajan con personas con discapacidad.
Fuentes: ElSigloWeb/Pagina12
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