El desenlace comenzó con una rajadura. La grieta se insinuó en la pared de un departamento del primer piso a las cuatro de la tarde. Por fortuna, su propietario, Carlos Vaca, es un hombre atento a los cambios y, apenas la detectó, sintió que algo andaba mal. “Me di cuenta de que la retroexcavadora que trabajaba en la obra en construcción de al lado había dado contra los cimientos del edificio”, reconstruye el hombre que llamó a Defensa Civil y alertó al portero, Ramón Palacios, del peligro que los acechaba. El viernes, ese rasgo de carácter, la intuición, les salvó la vida a decenas de personas que lograron escapar del edificio ubicado en Bartolomé Mitre 1232 antes de que se desplomara como un castillo de naipes. A todos menos a Isidoro Madueña, el vecino que continúa desaparecido desde el derrumbe que conmocionó a la opinión pública y que reveló la ineficacia de los controles de obra que realiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un contexto de “boom” de la construcción en el distrito.
Pero todo final tuvo un principio. En este caso fallaron los controles que dicen haber realizado los responsables del gobierno porteño desde que comenzó la obra en Bartolomé Mitre 1222, lindera al edificio que se derrumbó; no se aplicó la ley 3.562, sancionada por la Legislatura porteña el 16 de septiembre de 2010, que obliga a inspeccionar toda obra durante las etapas de demolición y excavación, y las autoridades desoyeron varias denuncias de la UOCRA y de las ART vinculadas a la seguridad en el lugar. Fuentes legislativas confiaron que, más allá de los controles in situ, hay que poner el foco en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, que es la dependencia donde se aprueban las obras particulares luego de la simple presentación de planos. “Se autoriza cualquier cosa sin ver expedientes. Es un foco de corrupción desde hace años”, advirtieron las fuentes. También alertaron sobre las excepciones que se realizan todos los años al Código de Planeamiento Urbano para edificar en lugares o en alturas no permitidas por la norma vigente y sobre la necesidad de evaluar el impacto ambiental que puede tener una construcción en un lugar determinado, más allá de la simple revisión del terreno. Cerca del edificio que se desmoronó en pocos minutos por una excavación mal hecha pasan tres líneas de subte, para aprobar esa y otras obras no se tienen en cuenta esos datos del ambiente, que –a simple vista– pueden ser vitales. En la Legislatura ya discutían estas cuestiones en varios despachos. “El Código de Planeamiento Urbano necesita ser modificado porque la ciudad fue cambiando y la demanda social es diferente”, reconoció al ser consultada Silvina Pedreira, legisladora justicialista porteña, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, pero descartó que las excepciones tengan incidencia en la seguidilla de derrumbes. “Es una cuestión de controles”, afirmó.
Invertir en ladrillos se tornó seguro después del corralito bancario de 2001. En diez años, con más de tres millones de metros cuadrados construidos, toda la Capital Federal padece una fiebre inmobiliaria sin precedentes. Se construyen edificios en terrenos donde antes habitaba una sola familia y muchos barrios cambiaron su fisonomía, al punto que en algunos ya no queda espacio para estacionar. La demanda de gas y de agua queda insatisfecha y los desagües se atoran cada dos por tres. Esas consecuencias del “boom inmobiliario” entorpecen la vida cotidiana, pero no ponen en riesgo la vida. Sin embargo, la falta de controles de obra y la negligencia de algunos constructores ocasionaron trece derrumbes en un año. El último fue el 4 de noviembre en pleno centro de la Capital Federal. Los antecedentes más graves en los últimos años fueron el 9 de agosto de 2010 en Mendoza 5030, Villa Urquiza, cuando se derrumbó un gimnasio. En ese hecho murieron tres personas y otras 11 resultaron heridas. Ese derrumbe se produjo por las excavaciones que se realizaban en una obra vecina. Fue un caso similar al del edificio de Bartolomé Mitre. En Las Cañitas, el 12 de febrero de este año, una grúa destruyó parte de un edificio de siete pisos al caer sobre él. No hubo víctimas que lamentar. En mayo, un obrero murió sepultado bajo una losa en una obra en Alberdi al 6400. Estos hechos podrían haberse evitado si los controles hubieran sido eficientes. Por ejemplo, si se hubiera aplicado la ley 3.562, sancionada pero pendiente de aplicación, que establece que “todo responsable de obra con anterioridad al comienzo de las demoliciones o excavaciones debe presentar ante el organismo competente el proyecto detallado de demolición, excavación, submuración y apuntalamiento”.
El diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), integrante de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura, explicó que esa norma se sancionó porque existía un bache legal, ya que hasta entonces las primeras inspecciones se realizaban sólo cuando comenzaba a levantarse la losa. Nadie controlaba lo que pasaba antes, es decir, las tareas de excavación y submuración, que son las que provocaron los últimos derrumbes. Aunque la norma existe, no se aplica. Al punto que el gobierno porteño no incluyó en el Presupuesto 2011 las partidas para las inspecciones previstas en la nueva ley. Para Epszteyn, “este incumplimiento del Estado porteño responde a los negocios de la construcción”. Consultado, el legislador explicó que “el gobierno no reglamenta la ley porque no se pone de acuerdo con los que deben ser controlados”, en alusión a los grandes grupos constructores. La ley pendiente de aplicación fija multas millonarias a eventuales infractores y exige la difusión online de estadísticas de accidentes e inspecciones con la identificación correspondiente de empresas y profesionales involucrados. Todo eso es resistido por las entidades profesionales que se encargan de construir en la ciudad. En los últimos días, la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad (AGC) difundió un comunicado en el que admitió que la norma está pendiente de aplicación por “falta de consenso” con las constructoras.
En el otro ángulo, desde el Ejecutivo porteño aseguran que aunque no está reglamentada, la ley se aplica. El titular de la Agencia de Control Comunal, Javier Ibáñez, aseguró que la obra de Bartolomé Mitre al 1200 “tenía los controles”, que en la ciudad hay 120 inspectores trabajando, que están en curso unas 3.000 obras que están siendo vigiladas. Sin embargo, no existen estadísticas ni datos oficiales sobre todo lo que se construye en la bella Buenos Aires. Desde la oposición local advierten que el macrismo oculta los datos, al punto que en los últimos días nadie pudo dar con la cantidad precisa de inspecciones realizadas porque no hay estadísticas públicas ni se puede acceder a esa información, oculta bajo siete llaves por la gestión Pro. El único dato duro que se conoce es el que difundió la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, sobre obras clausuradas por peligro de derrumbe. Según esa fuente, en el primer semestre de este año se clausuró un 58 por ciento de las obras en curso en la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, “la meta física (partidas económicas) de inspecciones se redujo un 50 por ciento con respecto al año pasado, pero la cantidad de permisos de obra es mayor”, destacó Epszteyn.
“No hay política para esto porque Macri es amigo de los constructores, el caso más evidente es el de Nicolás Caputo”, ilustra Epszteyn. En sintonía, la legisladora porteña Gabriela Cerrutti (Nuevo Encuentro) aseguró que “la búsqueda de lucro indiscriminado por parte de las constructoras, más una política de incentivo a los amigos empresarios y las políticas poco claras de habilitaciones y control a través de agencias cuestionadas en una megacausa por corrupción, terminan en estos derrumbes”. Desde que Mauricio Macri desembarcó en la ciudad, la oposición viene denunciando que los negocios inmobiliarios son el principal motor de su vocación política. No es ningún secreto que dos hombres fuertes de la construcción, Nicolás Caputo y Angelo Calcaterra, pertenecen al círculo íntimo del jefe de gobierno e ingeniero civil. Calcaterra es primo hermano de Macri y por años presidió Sideco, la tradicional constructora del grupo Socma, que se fortaleció con la adquisición de Iecsa y Creaurban. Ambas firmas, emprendedoras de obra pública, también integraban el grupo comandado por Franco Macri, pero fueron transferidas a Calcaterra cuando Mauricio se dedicó de lleno a la política. Con esa fusión se intentó despegar al entonces candidato de los negocios del grupo. En los últimos años Calcaterra se adjudicó licitaciones millonarias para construir pasos bajo nivel del Ferrocarril Urquiza, las Torres Mulieris y Torres del Yacht, en Puerto Madero, y los canales aliviadores del Arroyo Maldonado. En tanto, además de ser un empresario exitoso de la construcción, Caputo es uno de los privilegiados que se sienta en la “mesa chica” del gobierno porteño. Es una especie de asesor en las sombras, ya que cuando Macri lo designó “asesor ad honorem” tuvo que desistir porque fueron objetados los contratos de su empresa familiar Caputo S.A. con la ciudad. “Nicky”, como lo llaman en la intimidad, se lleva muy bien con Marcos Peña y con Horacio Rodríguez Larreta, dos pilares de la administración Pro. Desde que Macri es jefe de gobierno, Caputo S.A. participó de varios emprendimientos importantes en la Capital Federal. Entre ellos Desarrollos Caballito S.A. y Riverside House S.A., las Torres Mirabilia en Palermo, el Edificio Moca (ex Bagley) en Barracas, el Centro Metropolitano de Diseño con la Corporación Buenos Aires Sur, la Ciudad de la Música con el Gobierno de la Ciudad de Buenos, Mall Dique 3, Edificio El Aleph y Obra Zencity en Puerto Madero y Edificio Dosplaza en Caballito. Además, Caputo S.A. compró Salvatori S.A., una empresa que hace obras públicas, en especial parques y plazas.
El tercer hombre y “constructor” es Daniel Chain, ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, ex Socma, y uno de los funcionarios que tendría que informar a la sociedad sobre todo lo relativo a las obras que se realizan en la Capital Federal. “Lo tienen guardado”, protestan en la Legislatura. Lo cierto es que el que salió a dar la cara y hasta se puso el chaleco de rescatista para las fotos fue el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. La explicación de ese protagonismo es que la AGC, encargada de los controles, depende de su área.
Los integrantes del interbloque kirchnerista evaluaban citar a Montenegro y a Chain para que den explicaciones en la Legislatura sobre las fallas en los controles. “De qué seguridad habla el macrismo cuando no se puede vivir feliz en la propia casa”, sintetizó Cerrutti.
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