En las últimas semanas, dirigentes políticos de la ciudad de Buenos Aires denunciaron que el gobierno porteño no está cumpliendo con el cronograma de traspaso de competencias a las 15 comunas. Más aún, lo acusaron de desconocerlas como jurisdicción y de pretender absorberlas como virtuales dependencias de la Jefatura de Gabinete.
Como ejemplo de esta situación se señaló que, desde la instalación de las comunas en diciembre pasado, a algunas el gobierno central no les ha remitido el equipamiento suficiente para funcionar. Además, luego de producirse el devastador temporal del último 4 de abril, los comuneros no fueron convocados a trabajar para asistir a los vecinos, pese a que muchos lo reclamaron.
Algunos directamente consideraron que desde la gestión de Mauricio Macri y el PRO “se boicotea” el desarrollo de las administraciones comunales, ya que ni siquiera se ejecutó un plan de transferencia de competencias de la propia Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del gobierno porteño.
Idea interesante
Desde que se estableció la autonomía de la ciudad de Buenos Aires en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, surgió en el ambiente político la idea de insertar en la estructura estatal porteña la figura de las comunas, con miras a favorecer un ejercicio más participativo de la democracia. El objetivo final es facilitar que los vecinos planteen sus inquietudes a una autoridad pública y tengan influencia en la toma de decisiones sobre los problemas de su barrio en particular y de la ciudad en general.
Otra función de las comunas -que de hecho fue implementada desde fines de la década de los ’90 con los Centros de Gestión y Participación (CGP)- es la de descentralización del trabajo administrativo y agilización de todo tipo de trámites. Pero la diferencia con los CGP, que son meras delegaciones del gobierno central, es que las comunas son administradas por Juntas Comunales de siete miembros elegidos directamente por el voto popular y con atribuciones para decidir qué asuntos se atienden con prioridad en la zona donde tienen jurisdicción.
Obstáculos
Sin embargo, como muchas veces ocurre, de la idea a la concreción en la realidad hubo muchos obstáculos. En la Constitución de la ciudad sancionada en 1996 se incluyó una cláusula transitoria según la cual la primera elección de los comuneros se efectuaría “en un plazo no menor de cuatro años ni mayor de cinco años” contando desde ese momento. Es decir que esos comicios debieron efectuarse entre los años 2000 y 2001, pero, como ya se sabe, recién se realizaron recién diez años más tarde, en 2011.
Del mismo modo en que se demoró una década la conformación de las 15 comunas porteñas, tal como se denuncia, su funcionamiento se encuentra muy limitado, pese a que ya hace seis meses que los comuneros asumieron sus cargos.
Cabe destacar que los recursos económicos para estos cuerpos surgen exclusivamente del presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las comunas no tienen la facultad de cobrar impuestos propios. Sin embargo, la naturaleza de su función implica necesariamente el recorte de poder del gobierno central. El solo hecho de efectuar un mejor control de los servicios que presta la ciudad en cada barrio le otorga a los comuneros una capacidad de presión hacia las autoridades porteñas.
Ni que hablar del mecanismo de aprobación del presupuesto de cada comuna, que está a cargo de la Junta Comunal y se elabora a través de mecanismos a escala barrial. Y acá está el gran problema: a ningún gobierno, del color político que sea, le gusta ceder poder.
Futuro incierto
En la primera elección de comuneros resultó que el PRO ganó la elección a jefe de Gobierno también se impuso en cada una de las 15 comunas, lo cual le aseguró la presidencia de todas las juntas y en algunas hasta mayoría absoluta (cinco o cuatro miembros de un total de siete, según el caso).
Sin embargo, eso no alcanzó para una rápida implementación del sistema. Así las cosas en este momento, es lógico plantearse qué pasará si en el futuro en algunas comunas el partido ganador es diferente al del jefe de gobierno. No sería de extrañar que las juntas políticamente afines a la administración central reciban un mejor trato que las que no lo sean, habida cuenta de que el Ejecutivo de la Ciudad siempre tendrá programas generales de obras en todo el ejido porteño, las cuales debe coordinar con la o las comunas involucradas en cada caso.
Sin duda, se trata de un tema que merece la atención de los ciudadanos en el día a día.
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