Finalmente, el macrismo formó parte ayer de la mesa de negociación salarial en la dilatada paritaria de los trabajadores del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires.
No lo hizo por voluntad propia.
Lejos de ello, la asistencia del gobierno porteño obedeció a una resolución del Ministerio de Trabajo donde convocaba a las autoridades porteñas bajo el apercibimiento de utilizar “la fuerza pública” de ser necesario, esto es, ser llevados por la Federal en un patrullero.
Y es que, hasta el momento, el gobierno porteño había rechazado sistemáticamente sentarse a negociar el aumento salarial que reclama la Unión Tranviarios Automotor (UTA), factor que contribuyó a obstaculizar el normal desarrollo de la negociación colectiva.
Con esos antecedentes, efectivos de la Policía Federal se presentaron ayer ante el titular de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Juan Pablo Piccardo, quien de todos modos eligió trasladarse por sus propios medios a la reunión convocada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en las oficinas de Callao 114.
Sonriente y sin hacer declaraciones, Piccardo ingresó a la reunión pasadas las 15:30. Se retiró tres horas después.
Durante el encuentro de ayer también participó la empresa Metrovías, si bien no se logró ningún tipo de avance en la discusión salarial.
Según explicaron ayer fuentes gremiales, las paritarias del subte vencieron el 28 de febrero último.
Los trabajadores reclaman un aumento del 28% en el básico, mejoras en la antigüedad y la recategorización de guardas y peones de limpieza.
Con el fin de encontrar una solución, la cartera laboral convocó a un nuevo encuentro el próximo lunes 14 de mayo a las 16 horas.
El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, aseguró ayer que “el gobierno de la Ciudad no se quiso hacer cargo del subte y tiene una deuda con Metrovías”. Y anticipó que “si el próximo lunes no hay una solución, se volverá al conflicto”.
La polémica se enmarca en torno del dilatado conflicto por el traspaso del subte desde la esfera nacional al ámbito porteño, cuestión que –con idas y vueltas- hoy se encuentra judicializado, a la espera de una resolución definitiva. A comienzos de año, el gobierno porteño firmó con la Secretaría de Transporte un Acta de Transferencia para hacerse cargo de los subtes. Incluso, a menos de 24 horas de lograr la potestad tarifaria y sin que medie discusión alguna, impuso un aumento del 127%. Luego Macri dijo marcha atrás con la idea. “El gobierno de la Ciudad eludió una vez más sus obligaciones respecto del servicio de subterráneos al negarse a asistir de forma voluntaria a la reunión de Comisión Paritaria, no obstante las responsabilidades que tiene según el Acta de Transferencia, su decreto y las leyes vigentes”, manifestó a través de un comunicado el Ministerio de Trabajo.
En diálogo con el programa “Mañana es Hoy”, que se transmite por Radio Nacional, Tomada, cuestionó la actitud del gobierno porteño: “la autoridad que fijó un aumento en la tarifa del 127%, y que ahora no quiere tomar la responsabilidad de resolver el problema del pago de salarios” y consideró que la decisión macrista es “un poquito contradictoria e intolerable”.
Ciudad admite que fue legal el uso de la fuerza pública
El Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Conte Grand, reconoció que “existe una norma que le delega facultades al poder ejecutivo para enviar la policía cuando alguien se niega u obstruye un procedimiento” para garantizar la presencia de un funcionario en una reunión.
Hasta el momento, el gobierno porteño había rechazado sistemáticamente sentarse a negociar el aumento salarial que reclama la Unión Tranviarios del Automotor (UTA), factor que contribuyó a obstaculizar el normal desarrollo de la negociación colectiva.
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