Los conflictos policiales en los distintos distritos del país alcanzaron ayer acuerdos que derivan en la suspensión de las manifestaciones y los acuartelamientos de uniformados.
La última provincia en llegar a solucionar el conflicto fue Tucumán cuando, ayer por la tarde, los representantes de la policía y funcionarios del gobierno tucumano llegaron a un acuerdo que puso punto final al reclamo salarial por parte de los uniformados.
El acuerdo se logró luego de largas e intensas reuniones entre los representantes de los policías que se autoacuartelaron en la subjefatura de Policía con los ministros Edmundo Jiménez (de Gobierno y Justicia) y Jorge Gassenbauer (de Seguridad Ciudadana).
Los manifestantes aceptaron el ofrecimiento realizado por el gobierno que eleva a 8.5000 pesos el salario de bolsillo para el cargo de agente, el nivel inicial de la fuerza de seguridad y por la tarde firmaron el acta acuerdo que fue refrendada por los funcionarios provinciales.
Tucumán
En Tucumán, una de las provincias que tuvo conflictos, el gobernador José Alperovich dictó ayer por la tarde un incremento salarial por decreto, al tiempo que anunció un encuentro con un grupo de policías por pedido del arzobispo de Tucumán, monseñor, Alfredo Zecca, quien actuó como intermediario en busca de una solución al conflicto.
En tanto, unos 500 efectivos de Gendarmería Nacional llegaron ayer a Tucumán para reforzar la seguridad en la provincia.
Después de que se anunciara el acuerdo entre el Gobierno y la Policía, los vecinos se acercaron a la Plaza Independencia para llevar adelante una protesta que comenzaba pacíficamente pero se desbordó. La policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos, lo que provocó varios heridos y elevó el nivel de tensión considerablemente.
Luego intervino Gendarmería, que contuvo la situación.
"Nos salvó la Gendarmería; ellos evitaron que la Policía siga haciendo tiros”, dijo Eduardo Bulos, un comerciante tucumano que ayer resultó herido en la Plaza Independencia, cuando la policía reprimió a los vecinos que se habían congregado para protestar por los robos que habían sufrido durante la huelga policial.
Resto del país
En tanto en Chaco, tras los saqueos que dejaron el saldo de dos muertos, el gobierno logró negociar con los policías acuartelados una solución al brindarles un aumento salarial de 8 mil pesos para el agente que recién se inicia, además del compromiso de que no habrá sanciones para los efectivos que se sublevaron.
Por su parte, en Santa Fe las fuerzas policiales aceptaron ayer por la tarde el aumento salarial otorgado mediante un decreto del gobernador Bonfatti, que fija un salario inicial de bolsillo de $8.100. El representante legal de los policías autoacuartelados, informó que una parte del arreglo consiste en que no haya sanciones para los agentes que dejaron de prestar servicios y que las paritarias de febrero incluirán a los uniformados.
En Jujuy la gobernación logró destrabar anteanoche la protesta al otorgar un incremento salarial básico de 8.500 pesos a partir de enero próximo luego de una jornada que estuvo atravesada por incidentes, y culminó con la muerte de un joven en la localidad de Perico, quien murió apuñalado.
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Daniel Scioli logró encaminar la situación, al dictar un decreto por el que aumentó el salario inicial a 8.570 pesos para la Policía y el Servicio Penitenciario, desactivando así el conflicto con la fuerza de seguridad más grande del país, con 57.000 agentes.
En esa misma línea, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, acordó con representantes de los policías que se manifestaron en la localidad de Concordia y firmaron un acta acuerdo por la que se llevó el sueldo inicial de bolsillo de los efectivos a 8.434 pesos.
Respecto a San Juan, un grupo de familiares de policías y personal retirado protestó frente a dependencias de la Policía, mientras que los efectivos policiales en actividad continuaron prestando servicio, y las autoridades alcanzaron un acuerdo que comprende una movilidad y una actualización del importe sobre equipamiento y uniforme, que alcanzará los $4.000.
En la provincia detonante de todas las protestas policiales, Córdoba, el gobernador José Manuel de la Sota anunció cambios en su gabinete y en la policía, tras rubricar un acuerdo de aumento salarial para los efectivos.
Mientras tanto, en Corrientes, policías de franco acompañados por efectivos retirados y familiares, se concentraron al frente a la sede del Comando de Patrullas y Prevención en reclamo de 10 mil pesos de básico y el blanqueamiento de adicionales que se abonan "en negro".
Asimismo, en Mendoza, continuaban las negociaciones entre la policía y autoridades provinciales para alcanzar un salario mínimo de $9.000, y aunque hubo concentraciones de personal de franco, los efectivos prestan servicio.
En San Luis, un grupo de policías retirados junto a sus familiares, iniciaron la protesta ayer y advirtieron que si no obtienen un aumento convocarán al personal en actividad y "el reclamo será de otra forma".
Por otro lado, en Neuquén los uniformados pidieron $12.000 de bolsillo para las categorías más bajas, en medio de un acuartelamiento que se concentró en el predio de la Jefatura de la fuerza en la capital neuquina, mientras que en las unidades policiales de la provincia no se cumplieron actividades, y luego suscribieron un acuerdo que correrá a partir del primero de diciembre.
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