El proyecto de ley se elevará el próximo fin de semana antes de su viaje a China. Habilitará las sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 1 de febrero próximo. La norma tendrá 90 días no prorrogables para ser sancionada.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció esta noche por cadena nacional la disolución de la Secretaría de Inteligencia, y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, iniciativa que “será remitida antes de mi viaje a China este fin de semana”. Tendrá que ser aprobada en un plazo "no prorrogable de 90 días".
Para ello, adelantó que resolvió “convocar a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del primero de febrero”.
“Es necesario cortar de cuajo” al sistema que hasta ahora rigió para la central de inteligencia, ex SIDE, dijo la Primera Mandataria, como consecuencia de los hechos que se sucedieron desde la denuncia del fiscal Alberto Nisman en la causa AMIA hasta su muerte ocurrida el 20 de este mes.
“Tal vez me toca a mí, como tantas otras cosas que hemos hecho”, el realizar esas modificaciones que, sostuvo, son “una deuda pendiente de la democracia desde 1983”.
Indicó que la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia estará a cargo de un director general y un subdirector cuyos nombramientos “requerirán acuerdo del Senado” mientras el organismo “se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo “.
Dijo que el proyecto para el organismo incluye “principios rectores y paradigmas totalmente diferentes a los vigentes”.
Indicó que tendrá injerencia en la obtención de información “sobre hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y de sus habitantes”.
Se tipifica que la Agencia entenderá en la inteligencia de delitos relacionados con “la prevención y amenazas internacionales provenientes de terrorismo, del narcotráfico, de tráfico de armas, de trata de personas, de ciber delitos y contra el orden económico y financiero y toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional”.
Además, la Presidenta resolvió que el sistema conocido como de “escuchas” que realizaba la Secretaría de Inteligencia a pedido judicial, será “transferido en su totalidad al Ministerio Público Fiscal porque es el único ministerio extra poder”.
También se transfiere a la órbita de la nueva Agencia “la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que ahora depende del Ministerio de Judicial”.
Dispone además el proyecto de ley que las únicas personas autorizadas para dialogar con autoridades nacionales, provinciales o locales, son el director y el subdirector de la agencia, y que si otros funcionarios o empleados de menor rango lo hacen, serán pasibles de penas de prisión.
Se creará asimismo un “sistema de protección del banco de datos y archivos de inteligencia”.
La Presidenta, tras enumerar las acciones realizadas desde la gestión de Néstor Kirchner y la suya para esclarecer el atentado contra la AMIA y la Embajada de Israel, afirmó que “esto evidencia claramente la voluntad, como pilar fundamental de nuestro gobierno, y la voluntad en mi caso personal” de que se logre dar con los culpables y sean sometidos a juicio y castigados de acuerdo a las normas legales.
Tras reiterar que la firma del Memorandum de Entendimiento con la Repúblcia Islámica de Irán se realizó con el propósito de sacar la causa AMIA de la parálisis en la que estaba, y de lograr avanzar hacia su esclarecimiento, afirmó que desde ese momento “empezamos a observar que en la ex SIDE, integrantes de esos servicios de información comenzaron a bombardear el acuerdo”.
“Es allí –rememoró- también cuando se intensifica la serie de denuncias contra esta Presidenta, de lo más insólitas” que “se suceden con ritmo de vértigo con la complicidad de fiscales, jueces, y de periodistas amplificadores de los medios de desinformación”.
“Nadie –declaró- absolutamente nadie puede dudar, con honestidad intelectual, de que pusimos todo lo que teníamos para esclarecer” los atentados “con el mismo empeño en que lo hicimos para luchar contra el terrorismo de estado”.
Por otra parte, aclaró que no fue el Poder Ejecutivo, sino la Procuraduría General de la Nación, la que designó a Nisman al frente de la unidad especial que investigaba el caso de la AMIA.
También recordó la serie de oportunidades en que tanto ella como Néstor Kirchner reclamaron ante las Naciones Unidas que Irán se allanara a permitir la investigación de los sospechosos de esa nacionalidad.
Lamentó que el Memorandum de Entendimiento con Irán fuera declarado inconstitucional, porque, a su entender, “hubiera permitido iniciar el procedimiento de receptar las declaraciones en Teherán de los imputados y eso ahora está paralizado”.
Estimó que cuando se conoció la denuncia del fiscal Nisman en contra de ella y del canciller Héctor Timerman por supuesto “encubrimiento” de los sospechados de haber cometido el atentado, ningún jurista o magistrado “puede creer que eso haya sido escrito por un abogado, y poco menos por un fiscal: es descabellado pensar que nuestro gobierno, que ha sido fundamental en la lucha contra el terrorismo de estado, pueda siquiera ser sospechado de maniobras con argumentos tan absurdos”.
Indicó que la denuncia de Nisman contenía “groseros errores, más aún mencionando a agentes de inteligencia vinculados con esta presidenta cuando fueron personas denunciadas como falsos agentes por tráfico de influencias”.
Negó que en sus dos cartas publicadas en Facebook hubiera incurrido en contradicciones al señalar que ya en la primera puso entre signos de interrogación la palabra “suicidio” al referirse a la muerte de Nisman, y dijo que se enteró de su fallecimiento en la madrugada del lunes, cuando se lo comunicó la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez.
Señaló que cuando se supo que el arma que puso fin a la vida de Nisman pertenecía a uno de sus colaboradores, Diego Lagomarsino, se determinó que era “un feroz opositor al gobierno, ya que pudimos advertir en su twitter las groserías e insolutos que no voy a reproducir, y agravios de contenido machista dirigidos a esta presidenta”.
“También pudimos enterarnos que Diego Angel Lagomarsino no solo es un opositor, a lo que tiene derecho, sino que además es hermano de un importante ejecutivo del estudio de Saenz Valiente, socio del Grupo Clarín y gerente de informática del Grupo Clarín”, afirmó.
Señaló que en el marco de toda la información distribuida sobre el caso Nisman “hay un gran pesimismo en la gente frente a la labor que puede hacer la Justicia”, y sostuvo que “el gran desafío que tiene la Justicia” es esclarecer la muerte de Nisman.
Dijo que ello es porque “tal vez este lamentable y desgraciado hecho de la muerte del fiscal Nisman constituya el Hilo de Ariadna” para descubrir finalmente a los autores del atentado contra la AMIA.
Aseguró que “a mi no me van a intimidar, y no les tengo miedo, digan lo que digan; que los jueces y los fiscales me citen, me denuncien, no me van a hacer mover de lo que siempre pensé que no se puede seguir manejando a la Argentina de esta manera”.
“Es necesario –agregó- reformar el Poder Judicial, es necesario que los tres poderes del estado exhibamos transparencia absoluta en el caso del fiscal Nisman”.
Concluyó afirmando que “no puedo permitir de ninguna manera que se tenga sitiada a la democracia con miedo y extorsión y que se tienda una mancha sobre la democracia “ y que esta es “una magnífica oportunidad no solo de esclarecer la muerte del fiscal, sino que además ello nos comience a conducir, como el Hilo de Ariadna, hacia la salida del laberinto”.
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