Rosenkratz es alfil del titular del Grupo Clarín, Héctor Magnetto. Como miembro del estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, defendió al grupo de medios, a Cablevisión, a La Rural y a Farmacity, entre otros. Un paso de la guerra jurídica contra la democracia, conocida como lawfare. Un paso más, hacia la masiva judicialización de la política con sustento en el consenso sobre la “corrupción”, aplicada de forma generalizada a los líderes populares de latinoamérica. Un paso más, en el intento de encarcelar y proscribir a Cristina.
Ricardo Lorenzetti dejará de ser el presidente de la Suprema Corte de justicia después de 11 años. El cambio se haría efectivo a partir del 1 de octubre próximo y su reemplazante sería, Elena Highton de Nolasco hasta fin de año y Carlos Rosenkrantz a partir de 2019, quedando Elena Highton de Nolasco como vicepresidenta.
Carlos Rosenkrantz, al igual que Horacio Rosatti, fue designado por el presidente Macri a poco de asumir al frente del Ejecutivo nacional, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Dado el rechazo que provocó la medida, el presidente envió los pliegos de ambos postulantes al Senado. Posteriormente, la Cámara Alta los aprobó.
Carlos Fernando Rosenkrantz nació el 28 de octubre de 1958. En 1983 terminó la carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Luego hizo un Magister en Derecho y se doctoró en la Universidad de Yale. Fue Becario de la Comisión Fulbright, de la cual fue miembro durante los años 2013 a 2015. En 2016 recibió el Premio Konex a las Humanidades de la Argentina, en la disciplina "Teoría y Filosofía del Derecho".
El 19 de agosto del 2016, Rosenkrantz se desvinculó del Estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, fundado en 1990, mediante el cual fuera abogado de grandes empresas y corporaciones como Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural, McDonald’s, YPF, América TV, Claro, Farmacity, además de la Entidad Binacional Yaciretá y de las provincias de Santa Fe y Corrientes.
Al defender su postulación en el Senado, Rosenkrantz reconoció que fue abogado del Grupo Clarín durante el proceso de fusión entre Cablevisión y Multicanal.
También defendió a McDonald’s en la causa por la venta de comida en mal estado que produjo la intoxicación de niños en 2002 bajo el gobierno de Aníbal Ibarra.
Rosenkrantz y Rosatti fueron impugnados por diversos organismos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por sus posiciones respecto a cuestiones como el aborto, el derecho a huelga y el juicio y castigo a los genocidas.
El ‘lawfare’ se muestra con toda intensidad. Su planificación comenzó hace años mientras gobiernos populares en América Latina ponían en marcha sistemas democráticos más participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente. Mientras esto ocurría, las fuerzas neoliberales lideradas por el establishment estadounidense, diseñaban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos movimientos políticos que cosechaban éxitos.
Desde principios del siglo XXI comenzaron a invertir recursos en programas de cooptación de las instituciones judiciales de numerosos países, en especial los de América Latina. Las “Escuelas de las Américas” para militares se han sustituido por escuelas judiciales y programas de capacitación jurídica, tanto en los Estados Unidos -donde acuden a recibir doctrina jueces y operadores jurídicos-, como en los países de América del Sur, donde a través de una generosa financiación de la agencia estadounidense para el desarrollo, la USAID, se han creado y controlado políticamente las escuelas de capacitación judicial.
En América Latina asistimos a la paulatina sustitución de los sistemas penales inquisitivos o mixtos, por el sistema penal acusatorio a imagen y semejanza del de los Estados Unidos, provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscalías nacionales, que en la práctica operan sobre las instrucciones, informaciones e "indictments" remitidos por la justicia estadounidense.
El plan diseñado para la expansión del ‘lawfare’ ha comenzado a alcanzar sus objetivos. Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Lula, Jesús Santrich, Rafael Correa y, en nuestro país, Cristina. Todos ellos han sido objeto de esta estrategia político-jurídica que los traba políticamente en esta nueva guerra jurídica. El objetivo es desprestigiarlos a ellos y a sus fuerzas políticas equiparándolos a delincuentes comunes e inhabilitándolos electoralmente.
De esta manera, el poder judicial se ha convertido en un arma de intervención directa en los asuntos políticos internos, al servicio de los intereses de las oligarquías y fuerzas conservadoras foráneas y locales.
La guerra jurídica implica un gran retroceso en los procesos de fortalecimiento institucional de los países de América Latina.
El Poder Judicial debería mantenerse al margen de la confrontación política para evitar repetir fracasos institucionales de otras épocas que le causaron graves crisis de legitimidad y el desafecto popular.
Esta injerencia en los asuntos políticos supone la anulación de la independencia judicial por su consciente politización, y provoca irremediablemente la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho.
El ‘lawfare’ se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina.
El ‘lawfare’ se muestra con toda intensidad. Su planificación comenzó hace años mientras gobiernos populares en América Latina ponían en marcha sistemas democráticos más participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente. Mientras esto ocurría, las fuerzas neoliberales lideradas por el establishment estadounidense, diseñaban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos movimientos políticos que cosechaban éxitos.
Desde principios del siglo XXI comenzaron a invertir recursos en programas de cooptación de las instituciones judiciales de numerosos países, en especial los de América Latina. Las “Escuelas de las Américas” para militares se han sustituido por escuelas judiciales y programas de capacitación jurídica, tanto en los Estados Unidos -donde acuden a recibir doctrina jueces y operadores jurídicos-, como en los países de América del Sur, donde a través de una generosa financiación de la agencia estadounidense para el desarrollo, la USAID, se han creado y controlado políticamente las escuelas de capacitación judicial.
En América Latina asistimos a la paulatina sustitución de los sistemas penales inquisitivos o mixtos, por el sistema penal acusatorio a imagen y semejanza del de los Estados Unidos, provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscalías nacionales, que en la práctica operan sobre las instrucciones, informaciones e "indictments" remitidos por la justicia estadounidense.
El plan diseñado para la expansión del ‘lawfare’ ha comenzado a alcanzar sus objetivos. Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Lula, Jesús Santrich, Rafael Correa y, en nuestro país, Cristina. Todos ellos han sido objeto de esta estrategia político-jurídica que los traba políticamente en esta nueva guerra jurídica. El objetivo es desprestigiarlos a ellos y a sus fuerzas políticas equiparándolos a delincuentes comunes e inhabilitándolos electoralmente.
De esta manera, el poder judicial se ha convertido en un arma de intervención directa en los asuntos políticos internos, al servicio de los intereses de las oligarquías y fuerzas conservadoras foráneas y locales.
La guerra jurídica implica un gran retroceso en los procesos de fortalecimiento institucional de los países de América Latina.
El Poder Judicial debería mantenerse al margen de la confrontación política para evitar repetir fracasos institucionales de otras épocas que le causaron graves crisis de legitimidad y el desafecto popular.
Esta injerencia en los asuntos políticos supone la anulación de la independencia judicial por su consciente politización, y provoca irremediablemente la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho.
El ‘lawfare’ se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario