"Conducta ilegal y demostrativa de la manipulación de la justicia por parte del Grupo Clarín".
La Justicia Federal ya tramita una causa penal contra el fiscal José María Campagnoli y contra uno de los abogados del estudio Sáenz Valiente con el objetivo de determinar si parte de la investigación que surgió de su fiscalía en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez tuvo como origen al propio Grupo Clarín.
Como evidencia de esta supuesta maniobra se aportó una prueba documental que supone una situación irregular: el borrador del dictamen que Campagnoli emitió el 22 de mayo en el marco de la causa que encabeza por supuesta extorsión en perjuicio del financista Federico Elaskar estaba en poder de uno de los abogados del multimedios que lo presentó, incompleto, como prueba oficial en el marco de un juicio civil.
La denuncia fue interpuesta el pasado miércoles por el abogado Jorge Chueco –imputado en una supuesta maniobra de extorsión contra Elaskar por la venta de la empresa SGI Argentina SA–, y quedó radicada bajo el expediente CFP 8701/2013 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3, a cargo de Daniel Rafecas.
Chueco ya había intentado, sin éxito, apartar a Campagnoli de la causa, acusándolo de haber direccionado la pesquisa y de actuar fuera de su competencia, ya que su investigación avanzó en paralelo a la que se tramita en el fuero federal y que está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuan. En ambas oportunidades, la jueza María Gabriela Lanz había rechazado sus planteos. Chueco es amigo del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, asesoró a Austral Construcciones, y también fue quien instrumentó la venta de SGI a Helvetic Services Group, por la que Elaskar afirmó en televisión que había sido extorsionado y luego se desdijo.
Pero ahora, Chueco apuntó contra el abogado Hernán Miguel Frisone, asociado del estudio jurídico Sáenz Valiente y Asociados, la espada jurídica del Grupo Clarín. Y también pidió que se investiguen como "partícipes y/o instigadores" a la diputada Elisa Carrió a quien acusó de formar parte de un "entramado criminal" a través de su amiga personal y dirigente de su agrupación, Marcela Campagnoli, que a su vez es hermana del fiscal. Sostuvo que se trata de una maniobra orquestada con el fin de perjudicar por elevación al gobierno nacional en un año electoral, y para favorecer los intereses del holding.
El "borrador" que presentó el abogado de Clarín como auténtico no tiene el encabezado del Ministerio Público Fiscal de la Nación ni las firmas de Campagnoli y de Rodríguez Varela en cada una de las páginas. También están incompletas las partes dispositivas de la investigación del fiscal que detalla un entramado empresario que vincula a Báez y al resto de los imputados con maniobras financieras ilícitas. En blanco aparecen los pedidos de secuestro de archivos y documentación; los allanamientos; el requerimiento de listado de llamadas entrantes y salientes de 28 líneas telefónicas; las constancias de cartas documento con origen o destino en SGI; y el secuestro de material de una escribanía por una hipoteca sobre un departamento en el Hotel Faena. Según Chueco ese documento "fue un antecedente del dictamen que luego de hacerle unos pequeños cambios, el fiscal Campagnoli suscribió y presentó en la causa."
Pero Chueco fue más allá y postuló una hipótesis más grave: que los abogados del Estudio Sáenz Valiente o bien remitieron el borrador que enviaron ellos mismos al fiscal Campagnoli para su firma, o directamente fueron quienes redactaron ese dictamen.
"Ambas conductas serían ilegales y demostrativas de la manipulación de la justicia por parte del Grupo Clarín", afirma el escrito.
Para ello también se menciona la lectura al aire por parte del periodista Jorge Lanata del dictamen en la misma fecha en que se presentó lo que, afirman, "permite inferir que el Grupo Clarín contaba desde antes con ese dictamen".
El núcleo central de la presentación se basa en pedir que se investigue "si en el curso de la brutal campaña en contra del gobierno nacional encabezada por el Grupo Clarín (que al efecto contrató a Jorge Lanata), en la que colabora activamente la diputada nacional Elisa Carrió (socia política y amiga de Marcela Campagnoli, hermana del aquí denunciado), se determinó de un modo directo la confección de un dictamen redactado por personas vinculadas al mencionado grupo, con el claro objetivo de favorecer sus intereses políticos y económicos e influir, falseando los hechos, en el resultado de una elección nacional."
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