Entre las sospechadas prestaciones figuran desde entrega de volantes en vía pública hasta sondeos de satisfacción a los porteños.
Una empresa relacionada con Fernando Niembro, cabeza de lista de diputados del PRO en la Provincia de Buenos Aires, recibió más de $ 21 millones en contrataciones directas del gobierno de Mauricio Macri entre 2012 y 2015. Se trata de La Usina Producciones, una compañía fundada tres años atrás, que se convirtió en un importante proveedor de servicios del Estado porteño en los más diversos rubros, que van desde repartir volantes en la vía pública hasta la realización de encuestas de satisfacción. Los más de 170 contratos fueron ocultados y no figuran en el Boletín Oficial, como tampoco hay registros de las remuneraciones por más de $ 800 mil que recibió uno de los hijos del comentarista de fútbol o los más de $ 7,6 millones cobrados por Alberto Meza, su socio en La Usina Producciones, reveló Tiempo Argentino.
"Como regla general, la contratación directa permite evadir el mecanismo de contratación por licitación pública y favorece que se haga con criterios discrecionales y no competitivos", explicó Sebastián Pilo, codirector de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
Además de contar con una asistencia al viajero, recibió jugosas sumas de dinero del Gobierno de la Ciudad, su hijo obtuvo contratos con el estado porteño y hasta la ONG que conduce su ex mujer, Mirta Brizuela, "Fundación para el Bienestar Social de la Gente", recibió más de $ 2,5 millones de parte de la administración macrista.
En mayo de 2012, Niembro fundó junto a Meza La Usina Producciones, una empresa que, según consta en el Boletín Oficial de la Nación, tiene por objeto "realizar la explotación por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: negocio de producción de actividades periodísticas y/o publicitarias por medio de la prensa escrita, oral, radio, televisión, carteleras, impresos, películas cinematográficas, Internet o a través de cualquier otro medio creado o a crearse."
Dos años después, en mayo de 2014, el periodista se desvinculó de la empresa, aunque para ese entonces ya había recibido más de $ 13 millones de parte del gobierno de Mauricio Macri. La partida de uno de los socios fundadores no alteró el flujo de dinero de las arcas porteñas hacia la compañía: durante el resto de 2014 y 2015, La Usina Producciones continuó prestando servicios a la Ciudad por $ 8 millones.
"Como funcionario del gobierno cobraba $ 5000 de aquel tiempo. Me fui y pasé a ganar $ 30 mil en Canal 9. No era negocio para mí ser funcionario", explicó en junio pasado a Infobae. Al parecer, el periodista también es un excelente empresario: pocos meses después de fundar una empresa embolsó en forma continua contratos con el gobierno que conduce Macri.
Uno de sus mayores benefactores fue el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que conduce Edgardo Cenzón. Antes de recalar en la repartición de mayor presupuesto en toda la Ciudad, el remplazante de Diego Santilli estuvo a cargo de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, una de las áreas más sensibles del gobierno y de la administración de la Metropolitana. Los acuerdos comerciales relacionados con el control de la basura y la satisfacción de los vecinos le reportaron a la empresa domiciliada en la Avenida Cramer al 1600 más de $ 5 millones.
"Vemos irregularidades en el modo de contratación. Cualquier contratación que se repite sistemáticamente por medio del Decreto 556, que permite eludir los llamados a concurso y licitaciones, y que para nosotros debe transparentarse. El gobierno debe explicar por qué lo hizo en forma directa", reclamó la jefa de bloque kirchnerista Gabriela Alegre, quien en los próximos días presentará un pedido de informes en el Legislatura para que el Ejecutivo macrista explique por qué realizó convenios "irregulares".
"Contrato de la basura" por $ 2,4 millones, "Servicio de encuesta – DG limpieza", "Servicio de encuesta – DG reciclado", "Servicios de Auditoría de Ambiente y Espacio Público." Estos son algunos de los conceptos por los cuales La Usina Producciones recibió dinero de las arcas porteñas. Pero también hubo medio millón de pesos embolsado por la compañía gracias a su servicio de "distribución de folletería" encargada por la Subsecretaría de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich.
Otros rubros parecen menos claros, como "Servicios de instalación y puesta en funcionamiento de planta para tratamiento de efluentes - DG Limpieza, recolección y limpieza por 3ros" se cristalizaron en casi $ 300 mil para los bolsillos del periodista y Meza. "Es escandaloso que exista una relación contractual de transferencia de recursos de la Ciudad entre el PRO y uno de sus miembros", se ofuscó Alegre.
La Jefatura de Gobierno fue otra de las áreas que requirió con asiduidad los servicios del candidato y lo contrató para diversas acciones que totalizaron más de $ 6 millones.
Para Facundo Di Filippo, ex legislador, "el gobierno porteño comenzó desde su asunción con un proceso de flexibilizar contrataciones y el seguimiento de la actividad pública". El integrante del Partido Social resaltó que en la administración macrista "anularon los envíos en papel del Boletín Oficial a los organismos públicos. En numerosas oportunidades faltan los anexos de las leyes. Lo que hicieron fue entorpecer la capacidad de seguimiento y control que tiene la sociedad civil de los actos de gobierno", se quejó. "Es una falta de ética absoluta, que no tiene nada que ver con el discurso republicano que tiene el PRO en medios públicos", rechazó Di Filippo.
Tiempo realizó un pedido de Acceso a la Información -Nº PV-2015-19415080-MGEYA-, herramienta legal que obliga al Estado porteño a responder por sus actos, para conocer cuáles eran los servicios que la empresa fundada por Niembro le había prestado a la Ciudad, pero aún no obtuvo respuesta. El silencio gubernamental persiste a pesar de que ya transcurrieron más de 45 días desde la presentación (ver aparte) y por la Ley 104, la administración tiene diez días hábiles para responder, prorrogables por otros diez.
Niembro es hijo del sindicalista metalúrgico Paulino Niembro, uno de los mentores y apoyos de Timoteo Vandor, todopoderoso dirigente de la UOM, asesinado en 1969.
Piden informes
"Nosotros tomamos conocimiento sobre estas irregularidades a partir de la denuncia periodística y por ese motivo analizamos todos los registros oficiales con sus anexos, y estas contrataciones no figuran publicadas", destacó la legisladora del FpV Gabriela Alegre.
"Todos los datos serán analizados pero lo que queremos en primera instancia es que nos expliquen por qué, estos 170 contratos fueron hechos en forma directa y amparados en el Decreto 556, si no existe ningún motivo de urgencia para aplicar la norma, sobre todo teniendo en cuenta que esa empresa se dedica a tareas publicitarias y encuestas".
En este sentido Alegre explicó que la aplicación del decreto debe basarse en las razones que la norma esgrime, a saber, la importancia de que "exista una compulsa de precios de tres valores, o requisitos razones de urgencia que impidan realizar el proceso licitatorio como, por ejemplo, emergencia sanitarias, o que haya un resultado desierto, o que se aplique cuando solo puede ser desarrollado por una sola empresa o persona por temas de competencia, o entre Estados o Universidades".
"Como vemos, en este caso, no existen ninguna de esas motivaciones por lo cual es imprescindible que aclaren por qué se benefició a esa empresa en forma reiterada e irregular, la que terminó siendo beneficiada por unos 13 millones de pesos antes de que Niembro se desvinculara".
Niembro ha manifestado en su descargo que las contrataciones fueron directas, y que en la actualidad él no forma parte de la compañía.
Sin embargo, el pedido de informes que se presentará en los próximos días, se refiere en particular al período en el que el relator participó de los negocios con el Gobierno de la Ciudad.
Fuentes: Infonews/Télam
Piden informes
"Nosotros tomamos conocimiento sobre estas irregularidades a partir de la denuncia periodística y por ese motivo analizamos todos los registros oficiales con sus anexos, y estas contrataciones no figuran publicadas", destacó la legisladora del FpV Gabriela Alegre.
"Todos los datos serán analizados pero lo que queremos en primera instancia es que nos expliquen por qué, estos 170 contratos fueron hechos en forma directa y amparados en el Decreto 556, si no existe ningún motivo de urgencia para aplicar la norma, sobre todo teniendo en cuenta que esa empresa se dedica a tareas publicitarias y encuestas".
En este sentido Alegre explicó que la aplicación del decreto debe basarse en las razones que la norma esgrime, a saber, la importancia de que "exista una compulsa de precios de tres valores, o requisitos razones de urgencia que impidan realizar el proceso licitatorio como, por ejemplo, emergencia sanitarias, o que haya un resultado desierto, o que se aplique cuando solo puede ser desarrollado por una sola empresa o persona por temas de competencia, o entre Estados o Universidades".
"Como vemos, en este caso, no existen ninguna de esas motivaciones por lo cual es imprescindible que aclaren por qué se benefició a esa empresa en forma reiterada e irregular, la que terminó siendo beneficiada por unos 13 millones de pesos antes de que Niembro se desvinculara".
Niembro ha manifestado en su descargo que las contrataciones fueron directas, y que en la actualidad él no forma parte de la compañía.
Sin embargo, el pedido de informes que se presentará en los próximos días, se refiere en particular al período en el que el relator participó de los negocios con el Gobierno de la Ciudad.
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