El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat adelantó que además de apelar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ayer anuló las elecciones en la provincia de Tucumán, el Frente para la Victoria (FPV) presentará una denuncia penal por "obrar sedicioso" y otra denuncia por "prevaricato" contra los jueces que firmaron el fallo.
El abogado explicó que la justicia "tiene que impedir que se consume" la decisión de la Cámara por cuanto es "incompetente" y no tiene "atribuciones" para resolver un caso que compete a la justicia electoral tucumana.
"La Junta Electoral provincial debe proclamar a los candidatos electos conforme al escrutinio definitivo", afirmó Barcesat al referirse al resultado oficial que consagró triunfador a Juan Manzur (FpV) por 51,64% contra 39,94% de José Cano (Acuerdo por el Bicentenario).
En diálogo con radio del Plata, el constitucionalista agregó que los jueces Salvador Ruiz y Ebe López Piossek serán denunciados por "prevaricato" por "apartarse a sabiendas de lo que dispone la Constitución Nacional, Constitución Provincial y el Código Electoral de Tucumán".
Reiteró además que el fallo de ayer "es aberrante y arrasa el principio de deber de obediencia de la Constitución nacional, por lo tanto es una conducta sediciosa que alguien se envista en autoridad electoral cuando no tiene atribuciones".
Barcesat recordó también que el Acuerdo por el Bicentenario (AB) que llevó como candidato a gobernador a José Cano "no sólo presentó la apelación para anular las elecciones, sino que también pidió que dos de los integrantes de la Junta Electoral se excusaran por entender que tenían vínculos con el partido oficial".
"Ahora resulta que en un fallo de ocho páginas con cinco pruebas periodísticas, la Cámara en lo Contencioso Administrativo da lugar a la apelación y anula la voluntad del pueblo y el reconocimiento de esa voluntad por parte de la Junta Electoral que estaba integrada por un solo miembro como ellos querían", cuestionó.
Advirtió también que a fines de octubre "tendría que asumir el nuevo gobernador y demás autoridades electas" pero que la definición judicial "podría llegar a fin de año".
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