"Intimamos formalmente, y con la inmediatez que la presentación del servicio público requiere, a cumplimentar todas las obligaciones a cargo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", indica el texto de la misiva enviada por De Vido.
Asimismo, advierte sobre "las responsabilidades civiles, administrativas y penales que su obrar intempestivo y antijurídico ameritan".
El texto de De Vido tenía por objetivo rechazar la misiva del 1 de marzo, en la que el Gobierno porteño dio "por suspendidas las tareas de la Comisión creada por el Acta Acuerdo, continuando en manos del Poder Ejecutivo Nacional la administración del Contrato de Concesión de Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires".
El Gobierno nacional consideró que aquella misiva resulta "jurídicamente improcedente" y consideró que "además de ilegítima, irrazonable y arbitraria, deviene inconstitucional".
Por su parte, el Gobierno porteño presentó horas después un pedido de "no innovar" ante la Justicia para que ordene al Estado nacional que "se abstenga de ejecutar cualquier acto y/o medida que signifique la continuidad del proceso de transferencia de los subterráneos de Buenos Aires, hasta tanto no se cumpla con las obligaciones asumidas por el Estado nacional en los artículos tercero, quinto y concordantes" del acta que firmaron ambas administraciones.
El escrito judicial donde el gobierno porteño pide que no se innove "hasta tanto" el Ejecutivo nacional cumpla con las obligaciones, alude al compromiso que asumido por el Ejecutivo nacional de pagar subsidios por $360.000.000 en doce meses y obliga a la Ciudad a aplicar en el cobro de boletos el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Entre los argumentos que la Ciudad mencionó como "fundamento jurídico" de la pretensión, aludió a la Resolución 10 de la Secretaría de Transporte en donde se "incumplió la obligación asumida en el artículo tercero" del acta acuerdo.
Por el contrario, De Vido remarcó que "el Gobierno nacional ha honrado sus pactos y depositado el subsidio correspondiente conforme lo comprometido por el Acta Acuerdo, y así seguirá cumpliendo con dicho compromiso".
Por ello, la nota aclara que "se ha dado cumplimiento en forma total, cabal y estricta" a las obligaciones a cargo del Ejecutivo nacional y "en consecuencia se rechazan todas y cada una de las pretendidas imputaciones, cuyo alcance, por su vaguedad no surgen claros del contexto de su nota".
De Vido consideró en el documento enviado que el incremento tarifario del 127 por ciento fue un acto de ejercicio de potestades que el Gobierno de la Ciudad ejerción fundado en el Acta Acuerdo; motivo por el cual también en la Legislatura porteña hay pedidos para que los ministros de Macri expliquen los alcances del documento firmado, así como requiriendo que se deje sin efecto el aumento.
En similar sentido se pronunció el constitucionalista Daniel Sabsay, para quien "la mera lectura del acta habla por sí sola", según indicó en declaraciones a Télam, y agregó: "El acta es válida y hay un compromiso absoluto de parte de la ciudad de asumir la concesión" del servicio.
El abogado explicó además que "ya hay un principio de cumplimiento a través del gobierno de la Ciudad que fijó una nueva tarifa", en relación al aumento del 127 por ciento que se aplicó al servicio, que "está siendo ejecutado, sin oposición del gobierno nacional".
En el Acta Acuerdo, la Ciudad ratificó "la decisión de aceptar la transferencia" del servicio de subterráneos y asumió "el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del servicio".
En ese sentido, y al igual que Sabsay, el Ministerio de Planificación Federal indica que el aumento tarifario aplicado mediante el Decreto CABA 27/12 "comporta un reconocimiento indubitable de la voluntad de la Ciudad de realizar un acto de ejercicio de las potestades que se transfirieron".
La polémica por el traspaso del subte tiene además repercusiones entre los legisladores porteños, quienes se sumaron a la disputa con la presentación, por un lado, de una citación al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, para que rinda informes por el tema; así como también pidieron la remisión de una copia del acta firmada por la Nación y la Ciudad.
La diputada de Nuevo Encuentro Delia Bisutti fue la autora de la convocatoria al ministro Chaín para que, junto con el presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Juan Pablo Piccardo, brinden ante tres comisiones legislativas "información detallada sobre las negociaciones en curso" a propósito del traspaso del servicio.
Por su parte, María José Lubertino, del Frente para la Victoria (FpV), redactó un pedido de informes al Ejecutivo en el cual fija "un plazo de 30 días" para responder sobre el proceso en cuestión, así como solicita "el cese de los perjuicios causados a los usuarios derivados de la descomunal alza tarifaria", ejecutada por la administración de la Ciudad.
En ese mismo sentido, la legisladora Claudia Neira, del bloque Buenos Aires para Todos, presentó un proyecto en el cual se insta al Ejecutivo porteño a derogar el aumento del 127 por ciento que llevó la tarifa del subte de 1,10 pesos a 2,50 y que entró en vigencia a inicios de enero merced del decreto de Mauricio Macri 27/2012.
Por su parte, el bloque de la UCR, integrado por Rubén Campos y Claudio Presman, pidió también a la administración macrista que remita a la Legislatura el acuerdo suscripto entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad que dispone la transferencia del "control y la fiscalización del servicio de subtes" al distrito.
El requerimiento está enmarcado, según sostienen, en los términos del artículo 80 de la Constitución de la Ciudad que otorga a la Legislatura la facultad de "aprobar o rechazar los tratados, convenios y acuerdos celebrados por el Gobernador".
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