A pesar de la reticencia de la Armada a aportar información y a abrir sus instalaciones para la recolección de pruebas, la justicia sigue investigando los vuelos de la muerte que arrojaron a miles de personas vivas al Río de la Plata y al Océano Atlántico a partir de 1976.
El último capítulo del avance judicial se produjo ayer en Bahía Blanca. El juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, a cargo del Juzgado Federal Nº 1, encabezó una inspección ocular de cuatro horas en la base aeronaval Comandante Espora y en el Museo de la Aviación Naval.
Acompañado por el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, Abel Córdoba, Tentoni secuestró documentación de la Armada –manuales técnicos de aviones, planillas de vuelos y papeles de la biblioteca–.
El juez también recorrió los hangares de la base y el museo. Allí revisó tres aviones y un helicóptero que se encuentran en exposición, sobre los que cotejó el sistema de apertura y cierre de sus puertas.
La inspección tenía como objetivo confirmar si las aeronaves habían tenido alguna participación en los vuelos de la muerte.
Según la información que difundió la fiscalía, los tres aviones revisados fueron un Lockheed Electra L-188PF (modelo bautizado “Ushuaia”), un Douglas C-47 Skytrain y un Albatros UH-16B. También se inspeccionó un helicóptero Alouette III, que se encontraba en un hangar llamado Campo Sarmiento y forma parte del Museo de la Aviación Nacional. La revisión ocular estuvo a cargo de peritos de la Policía Federal.
El resultado de la inspección confirmó que uno de los tres aviones examinados –el Lockheed Electra– reunía las condiciones para desprenderse de carga en vuelo.
Fabricados en los Estados Unidos a partir de 1957, los Electra tienen una puerta trasera que se rebate hacia arriba y permite deslizar la carga mientras el avión está en el aire.
En 1973, la Armada compró tres unidades reacondicionadas de ese avión. Pasaron a integrar la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil y se establecieron en Ezeiza.
Según relatara Adolfo Scilingo en su confesión ante el periodista Horacio Verbitsky, los Electra fueron utilizados para arrojar prisioneros al vacío.
El propio Scilingo contó que, en el segundo vuelo en el que le tocó participar, el avión era un Electra: de acuerdo a su testimonio, en ese vuelo se arrojaron 16 detenidos al mar.
Como el Electra es una aeronave bastante grande, los marinos aprovechaban el espacio para invitar a otros oficiales de la Armada a presenciar el lanzamiento de personas vivas al mar. Era una forma de comprometerlos, un pacto no escrito.
El avión Lockheed Electra L-188PF que se encontraba en la base exhibía una faja de seguridad fechada en el año 2002. Allegados al juez contaron que sobre ese mismo avión pesaba una orden de secuestro del juez federal Sergio Torres, quien tiene a su cargo la mega causa ESMA.
Ayer, tras la recorrida por las instalaciones de la Armada, el fiscal Córdoba confirmó que esa aeronave cumplía con todas las características de las unidades que fueron utilizadas en los vuelos de la muerte.
El fiscal incluso mencionó “la aptitud que tiene (el Electra) para desprenderse de la carga en vuelo”.
La recorrida por la Base Espora y por el Museo de la Aviación Nacional dejó varias sorpresas a los visitantes. La primera, comentada por el fiscal, fue que el Electra en exhibición “no estaba identificado como un avión operativo en la eliminación de personas”, a pesar de estar expuesto “en un museo público”.
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