La pretensión de cerrar 221 cursos revela las intenciones del Gobierno porteño de privatizar la educación pública.
No quiero que el árbol les impida ver el bosque, el árbol son estos doscientos y pico de cursos, el bosque es todo el sistema de educación pública (de la ciudad de Buenos Aires)”, clamaba como una maestra en la noche del viernes, Ada Leiros, secretaria General de Sedeba (Sindicato de Educadores de Buenos Aires), en la multitudinaria marcha que se congregó en la puerta a rechazar el cierre de grados en las escuelas porteñas, pero en la que todo el mundo es consciente de que esta pelea se corresponde con otra mucho más grande.
Como lo dijo el secretario general de Ademys, Carlos Oroz: “Nos enfrentamos a un enemigo grande y poderoso: (Mauricio) Macri es el gobierno de la disminución de las becas, Macri es el gobierno de los aumentos salariales homeopáticos y en cómodas cuotas, es el gobierno de Ciro James, del facista (Abel) Posee, Macri es el gobierno de la eliminación de las Juntas (de Clasificación Docente) y ahora es el gobierno que pretende cerrar grados y cursos”.
No hace falta recordar además los problemas edilicios, las escuelas tomadas, las listas negras de alumnos, el negocio de las cámaras “de seguridad”, la reducción de los fondos destinados a las viandas, la subejecución de partidas presupuestarias asignadas al sector público o la transferencia de fondos estatales al ámbito privado.
Esta vez fue un joven, que tiene toda la vida por delante y no le va a alcanzar para limpiarse la mancha de ser el primero en la historia de disponer el cierre de grados.
Su nombre es Maximiliano Gulmanelli y, como un estigma, es conocido como Max G.
El funcionario con nombre de DJ es el flamante Director General de Educación de Gestión Estatal, aunque jamás haya trabajado en la educación estatal.
La primera medida firmada por Max fue la número 15 de este año, mediante la cual dispuso el cierre de 221 cursos (143 cursos de Primaria; 53 de Media y 25 de Técnica), producto de la fusión de grados con pocos alumnos.
Lo promocionaron como una mejora en los “servicios educativos”, haciendo saber que el hacinamiento de alumnos baja los costos. O gastos, como les gusta decir a los PRO cuando se habla de inversión pública.
“Hay una política activa del estado financiando con ingentes recursos la escuela privada y de esa manera fomentar la transferencia de matrículas desde la escuela estatal. Por eso se impone la consigna basta de subsidiar a la escuela privada, eliminación ya del subsidio”, explicó Oroz.
Gulmanelli, además de trabajar con el padre Julio César Grassi en la fundación Felices los Niños, tiene en su historial un paso por el Colegio San Antonio, que recibe del Estado 767.702,54 pesos, pasó por el Instituto Parroquial Madre de los Emigrantes ($2.830.552,81), por el colegio Ceferino Namuncurá ($4.560.995,70) y por el Nuestra Señora de las Nieves ($16.348.997,64).
Oroz advierte que “es gravísima la deserción escolar, sobre todo en la escula media, muy pocos chicos egresan de los que ingresan a primer año, y –se pregunta– ¿cuál es la respuesta de Macri? Cierra cursos. No hay que cerrar cursos, hay que ir a buscar a esos 48 mil chicos que están afuera de la escuela para que vuelvan a las aulas”.
Maldonado afirma que “esta lucha es por la escuela pública y por el derecho social a la educación”.
La mujer de Ctera recuerda que “desde el mismo día en que asumió su primer mandato, Macri impulsó políticas de destrucción hacia todo lo público y, por supuesto, también a la escuela. Cada año se incrementan los subsidios a las escuelas privadas, y no estamos hablando de pequeñas escuelas parroquiales, o cooperativas, o pequeñas organizaciones con cuotas simbólicas, estamos hablando de verdaderos carteles que explotan escuelas privadas, que cobran cuotas altísimas y que pueden tener sus edificios en condiciones y ofertas curriculares alternativas porque los salarios de los docentes los paga el Estado, mientras dejan caer nuestras escuelas estatales y de esa manera se pierden matrículas para que después estos irresponsables cierren los cursos”.
Cuando el titular de UTE Capital, Eduardo López, nombró a Gulmanelli, la muchedumbre que se concentró en avenida de Mayo al 500, frente a la carpa blanca, que ya no es sólo docente, silbó con más fuerza que nunca y se escuchó claro más de un insulto.
López dijo que el gobierno del PRO, con la resolución 15, “amontona chicos que están cómodos, con dos grados de quince forma cursos de treinta alumnos, pero no sacó la disposición 16 diciendo que los grados de cuarenta, que son muchos, se dividan en dos de 20. Y cualquier mamá de un chico de 4 o 5 años sabe que no tiene vacantes en el nivel inicial” (faltan unas 4 mil vacantes).
López asegura que “Macri lo hace porque tiene una concepción: la escuela estatal es para pobres, la escuela privada es para los vecinos. Él separa vecinos de pobres. La escuela estatal es de contención, la escuela privada es de formación, la escuela estatal, para Macri, es asistencialismo, y la escuela privada es educativa”.
Una mamá, que es investigadora en educación del Irice-Conicet, Ana Inés Heras Monner Sans, agrega que “otro rasgo vinculado es el tema del autoritarismo disfrazado de discurso PRO-educación. Es muy cínico este punto y difícil de desmontar para quien no quiera darse el tiempo o el trabajo de leer las claves que ofrece ese discurso y contrastarlas contra la realidad”.
La misma mamá cuenta de otros procedimientos. “En escuelas del distrito 9, por ejemplo, durante 2009-2011 se daba subsidio para mantenimiento por año, aproximadamente de entre 10 mil y 20 mil pesos por escuela (dependía de la cantidad de metros cuadrados y del tipo de infraestructura de cada escuela).
En 2011 tercerizaron en empresas que licitaron y, según los datos que pudimos conseguir como parámetro, en escuelas donde daban 12 mil por año, pasaron a contratar a estas tercerizadas por 19 mil por mes”. Heras denuncia que entonces “las cooperadoras quedamos cautivas, porque tenemos que garantizar junto a las directoras que se hagan los arreglos pero las empresas contratadas con estos contratos muy beneficiosos no nos quieren mostrarlos y, por arreglos puntuales, aducen que "eso no lo cubre el contrato".
López acusa a Macri de tomar a los niños “no como sujeto de derecho sino como sujeto de asistencialismo”. El titular de UTE Capital enumeró la larga lista de ataques recibidos desde este gobierno hasta que el fin de año pñaseado lograra virlar las Juntas de Clasificación, “quisieron doblegarnos, pero esta convocatoria de hoy muestra que no nos doblegaron”, arengó López desde el escenario en el que el viernes fue último orador.
Desde allí anunció que la carpa docente no sería levantada esta semana, como estaba previsto, sino que seguirá instalada hasta el 30 de marzo, día en que según la resolución de Max G, es el límite para proceder al cierre de más cursos. Mientras tanto, esta semana y la próxima, docentes, padres y alumnos seguirán abrazando a sus escuelas, y dando a conocer el vil atropello. En cada acto se recordará que se sigue en pie de lucha, como el del próximo viernes, en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, donde también se hará un significativo homenaje a un gran aliado de la escuela pública, Manuel Belgrano, como contraste de estirpe política.
López trazó un interesante paralelo: “Veinte metros separan a la Jefatura de Gobierno del Cabildo. Acá ejerce como jefe de Gobierno Macri, allá ejerció como vocal Manuel Belgrano”. Ambos políticos porteños nacieron ricos, hijos de inmigrantes italianos millonarios. Pero Belgrano murió pobre y Macri va a morir más rico, por eso “Belgrano por siempre estará en el recuerdo y en el alma de la escuela pública, y Macri nunca estará. Belgrano donó los 40 mil pesos fuertes que recibió por la campaña con el ejército del norte para la construcción de cuatro escuelas y el pago de salarios dignos para sus maestros, ponía plata de su salario, las cosas que les diría a aquellos funcionarios que cierran cursos en la ciudad de Buenos Aires, lo voy a decir, la de patadas que le daría el compañero héroe Belgrano a Max Gulmanelli”, concluyó.
Fuente: Miradas al Sur
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