Esto se vio con claridad en la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en alianza con las tres armas.
Por esa causa están imputados Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los integrantes de la familia Graiver.
La compañía había sido fundada en 1972 por el banquero David Graiver, quien murió en un confuso accidente aéreo en 1976.
El traspaso de las acciones de Graiver a los tres diarios se firmó el 2 de noviembre de ese año. Seis meses después, los miembros de su familia fueron ilegalmente detenidos y torturados, y sus bienes quedaron intervenidos.
En septiembre de 1978, un grupo de empresarios –con Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre presentes– inauguró la planta ubicada en la localidad bonaerense de San Pedro, junto al ex dictador Jorge Rafael Videla. Una vez recuperada la democracia, las denuncias se fueron acumulando.
En 1988, el fiscal Ricardo Molinas dictaminó varias irregularidades y denunció a la cúpula de la Junta Militar. Sin embargo, la justicia jamás avanzó. De hecho, en 1999 el expediente fue archivado.
Recién en junio de 2010, gracias a una exhaustiva investigación realizada por Tiempo Argentino, el tema volvió a cobrar estado público. Dos meses después, la presidenta Cristina Fernández presentó un documento fundamental: el Informe Papel Prensa-La Verdad.
Luego de un largo camino judicial, la causa quedó en manos del juez federal porteño Julián Ercolini, ya que sus pares Daniel Rafecas y Arnaldo Corazza se declararon incompetentes.
Ambos letrados, sin embargo, habían dado aval a la denuncia inicial del fiscal Molinas: mientras Rafecas calificó de “verosímil” la prueba reunida contra los accionistas de Clarín y La Nación, Corazza hizo lugar al pedido de los investigadores al calificar como “crimen de lesa humanidad” el traspaso de las acciones en manos de los diarios hegemónicos.
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