"Estamos ante una reforma trascendente del Poder Judicial que se debía la democracia argentina" (Juan Manuel Olmos, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

El presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Manuel Olmos, hizo hincapié en la necesidad de que se equilibre la Justicia y que la ley sea más fuerte con los poderosos en vez de criminalizar a los más débiles.

El presidente del Consejo de la Magistratura porteño analizó el escenario que hoy vive la Justicia en torno de las iniciativas para su democratización y advirtió que en el plano de la Ciudad “existe una discusión que viene de larga data dado que democratizar la Justicia significa acceder a la misma, y frente a esto no se puede dejar de ver que las sentencias, muchas veces, se están haciendo con un gran desequilibrio, porque equilibrar es poner en pie de igualdad derechos que muchas veces no son congruentes”.

–¿Cómo ve el escenario actual de la Justicia, en torno de los proyectos de reforma?

–Considero que estamos ante una reforma trascendente del Poder Judicial que se debía la democracia argentina. Las instituciones hay que entenderlas como un conjunto armonioso donde el Poder Judicial es uno de los tres poderes del gobierno. Por lo tanto ciertas cuestiones que tienen que ver con una Justicia endogámica, que está encerrada en sí misma, que tiene que ver con códigos de corporación judicial y de que sólo la entienden o acceden aquellos que tiene las relaciones de poder suficientes como para poder lograr resultados en las causas, creo importante que el concepto de democratización, que es el contrario a la oligarquía, me parece que la Justicia es un poder dirigido por pocos y cuando digo por pocos me refiero a que la participación popular no estaba representada en el Poder Judicial.

–¿Cómo repercute la democratización de la Justicia en la Ciudad?

–En la Ciudad la discusión es otra porque tenemos una Constitución muy moderna, con reconocimiento de derechos muy importantes, con un plexo normativo que es muy exigente al momento de ejercer la administración, del respeto por los derechos humanos, por los derechos sociales, culturales y económicos de las personas. Hay una discusión que no empieza ahora y que empezó hace mucho tiempo y que se da por ejemplo en el fuero penal contravencional y de faltas con los desalojos y esa contradicción del derecho a la propiedad entre quien reclama que le han usurpado una propiedad y quienes piden derecho de acceso a la vivienda, cuestión sobre la que el Estado no aplica políticas para garantizar el acceso a la vivienda digna, y por esto el tema de los desalojos se convierte en una contradicción en sí misma. Democratizar en la Justicia para mí significa acceder a la Justicia y ésta es una discusión que en la Ciudad viene hace tiempo. Es importante que los conflictos de los ciudadanos sean atendido no con una venda en los ojos sino que mirando que muchas veces las sentencias se están haciendo con desequilibrio porque equilibrar es poner en pie de igualdad derechos que muchas veces no son congruentes. Me gustaría que la ley sea más fuerte con los poderosos en una sociedad, y no fuerte con los débiles, porque muchas veces es esto lo que sucede con la Justicia.

–¿Cuál es su visión sobre los proyectos de ley? 

–Lo cierto es que el pueblo no estaba representado en la organización del Poder Judicial, por lo tanto el hecho que cualquier ciudadano pueda conocer las causas a partir de un trámite sencillo y que se pueda ver en qué estado procesal está cada una de las causas, me parece saludable. Es mucho más saludable también que las declaraciones juradas de los magistrados, así como la de los diputados y senadores, de los ministros y de la Presidenta sean públicas para que puedan ser comparadas por quien tenga un interés en esto. Asimismo, considero que el órgano que organiza y dirige la función jurisdiccional que es la que realiza los concursos para acceder a los cargos de magistrados, creo que es aún más abierto a un sistema de representación popular que lógicamente a algunos los asusta.

–¿Y porque los asusta?

–Porque no tienen la representación suficiente como para pararse de cara a la sociedad y manifestar un proyecto. Esto no es ninguna novedad; el kirchnerismo no inventó una fórmula mágica: en España sucedió esto en el año ’85, hubo mucho debate en su momento, el tema fue tratado en el tribunal constitucional y éste validó la reforma. Se cuestionó al igual que se van a cuestionar estas leyes, porque quienes pierden en el Parlamento ya avisan que van a ir a judicializar lo que todavía no está ni siquiera promulgado.

–¿Cuál es el peligro de que estas reformas, puntualmente la del Consejo, afecte a la división de poderes permitiendo que la política se meta en terreno de la Justicia?

–Cabe recordar que cuando hubo ciertos cuestionamientos de concursos en el Consejo, el consejero Fargosi para votar a favor de uno de los concursos todo su argumento fue “le pedí permiso a Macri”; Ostropolsky, representante de los abogados, fue a la elección con la estructura de la UCR. Recondo, sin ir más lejos, es un juez que fue subsecretario del gobierno de Alfonsín, referente radical con Gil Lavedra… entonces de qué hablamos, por qué existe la hipocresía de que los partidos políticos son malos, pero pongo a políticos disfrazados de abogados o jueces. Los partidos políticos son instituciones de la democracia reconocidas en la Constitución Nacional, no se está inventando nada.

–¿Por qué le parece importante la ampliación del número de integrantes del Consejo de la Magistratura?

–La representación tiene que ser equilibrada y la verdad es que abrirla a académicos que no necesariamente sean de la rama del derecho, sino que de otras ciencias, lleva a que la mirada sea más amplia. Si abrimos y oxigenamos el organismo habrá otra forma de buscar los consensos.

–¿Cuál es su análisis sobre el freno a las cautelares?

–Lo que sucede es un instituto de los más nobles que tiene el sistema procesal argentino de los últimos 30 años y se ha utilizado en causas referentes a causas de medio ambiente, derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, pero cuando son utilizadas con otros fines para las cuales fueron creadas, cuando las corporaciones económicas a través de sus grandes estudios cuestionan las decisiones de un Estado que en definitiva siempre va a terminar siendo responsable de los actos que comete… pensemos que el Estado no se puede ir, no se puede declarar ni en quiebra ni insolvente; entonces qué es en definitiva la medida cautelar: es poner en protección la posible comisión de un daño probable para que cuando se ejecute la sentencia ya no sea tarde porque la persona se declaró insolvente, por ejemplo. Si las medidas cautelares que son excepcionales son utilizadas para reclamar derechos que deberían tramitarse en la cuestión de fondo y no en la medida cautelar, a esta tergiversación es necesario ponerle un límite. Siempre le quieren sacar ventajas al Estado que particularmente no obtendrían.

–¿Cómo se trató el tema de las cautelares en la Ciudad?

–Se trata de dos situaciones diferentes lo que plantea el Gobierno nacional con el de la Ciudad. En el ámbito porteño Macri pretende limitar todas las cautelares existentes, quiere poner un limite al déficit social que tiene la Ciudad y que se ventila en los tribunales y para eso presentó proyectos de ley que hasta el momento nunca lograron la mayoría absoluta para aprobar estas iniciativas. Lo mismo ocurrió con la iniciativa de bajar las mayorías para acusar a magistrados en el Consejo, que tampoco tuvo acompañamiento. Hoy de nueve se necesita el voto de siete y Macri lo quería bajar a cinco por alguna mayoría circunstancial que podría llegar a obtener, pero no lo logró.

–¿Cómo se encuentran los proyectos de traspaso de competencias?

–Estamos trabajando para que la legislatura apruebe el tercer convenio para las competencias penales. Nos falta que la Legislatura apruebe la ley para que pasen estos nuevos delitos. Estamos trabajando desde el Consejo para que los diferentes bloques puedan votar favorablemente y que ene l transcurso de este año se logre ratificar esta ley que transfiere el tercer paquete de competencias penales como delitos de lesiones, contra la administración publica para que los funcionarios de la ciudad si cometen un ilícito sean juzgados por tribunales de la Ciudad en vez de por tribunales nacionales.

Fuente: BAE