Los seis proyectos
de ley que reforman el sistema judicial enviados al Congreso por el
Poder Ejecutivo generaron resistencia y rechazo entre algunos de
los involucrados que se niegan al cambio. Sin embargo, no todos los miembros del Poder Judicial se abroquelaron
en rechazo a las iniciativas que plantean la modernización del sistema.
El juez del tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Daniel Carral, indicó que
"en términos generales, en al menos cuatro de los seis proyectos hay un
consenso tanto de los sectores involucrados en la gestión judicial como
en la sociedad toda", en referencia a la creación de tres nuevas
Cámaras de Casación; la publicidad de los actos judiciales; la
publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios y el
concurso público para ingresar al Poder Judicial.
"Los proyectos que aparecen como más difíciles de consensuar en este
momento se relacionan con la reforma del Consejo de la Magistratura y
aquello vinculado al nuevo régimen de medidas cautelares. Con respecto a
la Magistratura, la verdad es que habrá que ver en la futura discusión
del proyecto en las Cámaras si se puede precisar bien cuál es el mejor
mecanismo a través del cual los jueces serán electos por el voto
popular, de qué manera. Me parece bien que haya una mayor amplitud en la
participación de la gente para elegir a quienes van a representar a los
jueces", afirmó Carral.
En tanto, puntualizó: "Ahora, si esto significa necesariamente que
tengan que ir en una boleta o a través de partidos políticos es algo que
quizá tenga que discutirse, o si existen otros mecanismos que se puedan
someter a la decisión popular".
Carral señaló: "Respecto de las cautelares, me parece que hay muchísimos ejemplos que nos tienen que hacer repensar que el régimen vigente expone a los jueces a una posición de arrogarse también, en definitiva, la suma del poder público. Porque hay ejemplos claros de leyes sancionadas que no pueden entrar en vigencia porque a un juez se le ocurre sacar una cautelar. Y esa cautelar, como toda medida cautelar, es una medida provisoria, revisable, y sin embargo está vigente durante años y no se resuelve la cuestión de fondo".
"Entonces, poner algún límite temporal para que los jueces terminen de resolver la cuestión de fondo cuando media una medida cautelar es algo admirable. En cualquier caso, en aquellos que son noticia todos los días y en algunos otros que no son tan noticia que la gente debiera pensar también, por ejemplo cuando hay una persona que está detenida con prisión preventiva. Los jueces no pueden estar años con una persona bajo prisión preventiva, eso es una medida cautelar también", agregó.
Y subrayó: "Esta regulación, en principio, no me parece mal. Siempre y cuando, y así parece que la ley lo deja establecido, se preserven particulares situaciones para la vida, la libertad, la integridad física e incluso para el medio ambiente".
El fiscal federal Félix Crous sostuvo: "La reforma del Consejo incorpora dos elementos fundamentales: la elección popular de los electores de los jueces y los partidos políticos como instancia mediadora, el sinceramiento y la jerarquización de la política de partidos en todos los departamentos del Estado".
Además, manifestó: "Creo que son un conjunto de proyectos muy
interesantes en cuanto, no sólo a la transformación que plantean, sino
al sistema de organización. Como posición global, a mí me parecen muy
importantes. Todos los proyectos son muy interesantes, pero algunos
atacan temas más estructurales, dos de ellos sobre todo. El tema de la
reforma del Consejo de la Magistratura y, en segundo orden, el sistema
de ingreso al Poder Judicial".
Por su parte, el juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alejandro Slokar, expresó: "En términos generales la reforma es favorable, muy positiva
porque tiene la capacidad de alterar el perfil de un poder del Estado
que es el Poder Judicial y las relaciones entre ese poder y la
sociedad".
"Democratización, transparencia, agilidad son básicas", añadió el magistrado.
En ese sentido, Slokar manifestó que la reforma va en contra de las
condiciones actuales: "El desprestigio social que tiene el Poder
Judicial es porque se lo observa como un poder demasiado autoritario,
con privilegios anti igualitarios y poco abierto a la sociedad. Y una
exigencia elemental de la democracia es el deber de rendir cuentas, que
además hace a una esencia ética y de responsabilidad".
"En ese orden, el conjunto, el paquete de iniciativas que
comprenden la reforma me parecen decididamente loables porque tienden a
la reconstrucción de un puente entre el Poder Judicial y la sociedad y
de otra parte a la transformación del poder del Estado como un poder más
plural, más democrático y, en definitiva, más fuerte", remarcó.
"Que la Corte se ocupe de dictar sentencias y no de administrar el
Poder Judicial, porque para administrar el Poder Judicial la
Constitución dice que está el Consejo de la Magistratura", concluyó
Slokar.
A su vez, el fiscal general de la Unidad de Coordinación de Causas de Derechos Humanos, Jorge Auat, aseveró: "Estoy absolutamente de acuerdo con todos los proyectos.
Además, espero que se siga profundizando esta iniciativa y estos
cambios. Desde Justicia Legítima (agrupación de jueces y fiscales que
reclaman cambios en el Poder Judicial) compartimos todos los proyectos".
Aunque sostuvo: "Los proyectos no van a agotar la discusión que
nosotros iniciamos en la Biblioteca Nacional, son nada más que parte de
lo que pensamos que tiene que haber. Lo fundamental es instalar la
discusión con carácter permanente. Este es el objetivo de nuestro foro".
"Y queremos que haya nuevos proyectos que inicien el cambio que tanto
espera la sociedad. Este es el único poder al que no lo atravesó la
democracia en su totalidad. Jueces y funcionarios de la Dictadura
pasaron a ser en 24 horas jueces y funcionarios de la democracia y este
es un fenómeno que me parece no podemos soslayarlo. Y marcó, de algún
modo, un paradigma de funcionamiento del Poder Judicial, del sistema
judicial en su totalidad, y creo que es hora de empezar a mirar cuáles
son los déficit que tiene, si está a la altura de las expectativas de la
gente y ver cómo hacer para que deje de estar de espaldas a la
sociedad", agregó Auat.
Por su parte, el magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Carlos Rozanski,
expresó: "Estoy completamente de acuerdo con los
proyectos, por lo menos con los que he leído, todavía no los termine de
leer en detalle. Coincido con todos los proyectos y con la idea de cada
uno de ellos".
"La parte más importante es la modificación del tema de elección
para lo que es el Consejo de la Magistratura. Reemplazar la elección
dentro de cada una de las corporaciones por la votación popular me
parece que es un avance importante", sostuvo.
Y explicó: "Es un viejo reclamo que el Consejo de la Magistratura
pueda realmente tener una amplitud de criterio que le van a dar en este
caso, las distintas disciplinas que van a estar representadas por los
académicos en lugar de ser pura y exclusivamente los abogados. Y en el
caso de los abogados y jueces, o sea los representantes de cada una de
esas profesiones, van a estar elegidos por la gente y no por los propios
grupos de cada corporación. En el caso de los jueces no llegan a 2 mil
electores y van a pasar 15 millones", concluyó.
En tanto, la Procuradora General de la Nación y jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó,
remarcó: "Estamos madurando progresivamente la relevancia que van a
tener los proyectos. Tenemos motivos para pensar que esto va a ser
diferente".
Gils Carbó destacó además la elección mediante voto popular de
integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, al considerar
que va a significar una "mayor participación ciudadana y transparencia".
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