En un comunicado la organización militante mas grande del país, manifestó su repudio a la decisión del gobierno de Macri, en complicidad con el poder judicial, de allanar el domicilio de tres trabajadores de la agencia oficial de noticias Télam.
El comunicado acusa que fue un "acto de intimidación cometido por el gobierno de Mauricio Macri con la complicidad de un sector del Partido Judicial quienes ordenaron un allanamiento contra el domicilio de tres compañeros que cumplieron y cumplen tareas en la agencia oficial de noticias Télam ".
Este es el comunicado de La Cámpora:
Repudiamos el brutal acto de intimidación cometido anoche por el gobierno de Mauricio Macri con la complicidad de un sector del Partido Judicial quienes, en menos de 24 horas, ordenaron un allanamiento contra el domicilio de tres compañeros que cumplieron y cumplen tareas en la agencia oficial de noticias Télam.
El allanamiento fue puesto en marcha en horas de la noche por personal de Gendarmería, a los efectos de intimidar a los compañeros Juan Dasso Freysz, Pablo Taricco y Mariana Lopisi, con el objetivo de que estos últimos dos renuncien a sus puestos de trabajo sin reclamar lo que le corresponde de acuerdo a la ley.
En esa propia ley se amparó el actual presidente de la agencia Télam y denunciante de nuestros compañeros, Ricardo Pousá, cuando en 2002 no renunció a su cargo de director pese al cambio de gobierno, comenzó un juicio a la empresa al ser despedido y cobró una suma cercana al millón de pesos.
Eso no es todo: el colmo de esta denuncia es que haya sido instigada por el ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien por su paso por la función pública nacional durante el gobierno de Fernando De La Rúa, y en la Ciudad de Buenos Aires acompañando las gestiones de Macri, acumuló denuncias, imputaciones y procesos, algunos de los cuales continúan con causas abiertas, mientras que otras prescribieron por la inacción del Partido Judicial.
La misma “Justicia” que no tiene preso a ningún compañero de gabinete de Lombardi por las muertes en la Plaza de Mayo y el resto del país por los asesinatos de manifestantes que reclaman el 19 y el 20 de diciembre de 2001, hoy actúa como un bufete de abogados a las órdenes de Macri.
La falta absoluta de pruebas sobre un delito que jamás se cometió, sumada a la extraña celeridad del Partido Judicial para iniciar una medida de semejante gravedad y a la extorsión de las fuerzas de seguridad asignadas al operativo, que amenazaron permanentemente a nuestros compañeros con llevárselos detenidos, no dejan margen a la duda respecto al carácter persecutorio de lo sucedido durante la jornada del miércoles por la noche.
Todo esto ocurre mientras el mismo Partido Judicial mantiene cajoneada, entre otras, la causa contra el presidente del Banco Central, Federico Sturzeneger, procesado por la estafa millonaria del Megacanje; y tampoco actúa en la causa contra el presidente Macri, denunciado por fraguar su declaración jurada de bienes.
Finalmente, nos preocupa que un gobierno que se siente débil pretenda mostrarse fuerte confundiendo gestos de autoridad con actos de autoritarismo, persiguiendo hoy a integrantes de una agrupación política y quizás mañana, a dirigentes gremiales, artistas o a cualquier ciudadano que les pueda llegar a molestar.
CEO funcionarios que intentan meter miedo a través de la persecución. No lo van a lograr, porque la sociedad argentina sabe que todas estas cortinas de humo mediáticas sólo intentan tapar el desmadre de la economía que viene provocando miles de despidos y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
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