Tras el contundente rechazo que generó la baja de 170 mil pensiones, el Gobierno había prometido restablecer ese derecho, aunque todavía había más de 100 mil casos en los que no había sucedido a pesar del fallo de la Justicia a favor de los damnificados. Sin embargo, el Ejecutivo apeló a la determinación y consiguió no tener que pagarlas ya que la Justicia falló a su favor.
A pesar de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que se trataba de un "error administrativo" y que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil personas se quedan sin recibir la prestación.
El Gobierno de Cambiemos apeló a la orden de la justicia de reponer los pagos de las pensiones. La jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo que la cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones.
Según informaron desde la Fundación Soberanía Sanitaria, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra asciende a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales.
Además, al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se interrumpen los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.
Fuente: 24con
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