La Auditoría General de la Ciudad y la Liga de Consorcistas reclamaron mayores controles por parte del gobierno porteño, para evitar nuevos derrumbes y ante los 22 desmoronamientos con 10 víctimas fatales, 99 heridos y más de 100 millones de pesos en daños materiales, que se produjeron en lo que va de la gestión de Mauricio Macri.
"Son constantes las denuncias de propietarios a los administradores por fallas en los inmuebles, pero ante la falta de inspectores y de intimaciones del gobierno porteño, muchos consorcistas se dejan estar y, además, muchos ni saben que existe una ley específica", dijo Victoria Loisi de la Liga del Consorcista.
La abogada aseguró que el gobierno de la ciudad, en virtud de la ley 257 sancionada en el año 2000, "espera sentado a que el administrador del edificio resuelva todo, en lugar de realizar controles en las fachadas o enviar intimaciones".
Los llamados al 103 de gobierno porteño por peligro de derrumbes son diarios en una ciudad que posee numerosos edificios antiguos que necesitan mantenimiento periódico. El último de ellos ocurrió el lunes pasado cuando parte de un mampostería cayó en la esquina de Corrientes y Talcahuano, sin ocasionar víctimas.
La ley 257 que rige en la ciudad desde el año 2000 establece la obligación para los propietarios de mantener en buen estado las fachadas de las que puedan producirse desprendimientos con eventual daño a las personas o bienes.
El cumplimiento de esta obligación se verifica con la presentación de un informe técnico y de un certificado de conservación emitido por un profesional habilitado para realizar las verificaciones el que se deberá presentar ante el Gobierno de la Ciudad.
El auditor General porteño, Eduardo Epzteyn, dijo que el gobierno de la ciudad "no envía las intimaciones para que se presenten los certificados, que fue lo que sucedió en el caso del joven fallecido en la zona de Tribunales cuando le cayó una marquesina en agosto pasado".
Epzteyn denunció que "hay cinco años de inacción de la Agencia Gubernamental de Control, motivo por el cual se caen las mamposterías, existe una falta de control en la ley 257 y una alarmante ausencia de intimaciones".
"No puede ser que los porteños, cada vez que llueve, tengamos miedo que se nos caiga parte de un balcón en la cabeza" sostuvo el auditor.
En defensa de los consorcistas, Loisi aseguró que "el 60 o 70 por ciento de los ingresos que cobran los administradores son para pagar sueldos al personal y las respectivas cargas sociales, existe poco margen para efectuar reparaciones".
La letrada destacó que lo que hacen los consorcistas es "contratar a un profesional para verificar el estado del inmueble y presentar la certificación ante el gobierno de la ciudad, pero allí piden prórrogas para realizar las reparaciones".
Para Atilio Alimena, defensor del pueblo adjunto de la ciudad, "no hay una cultura de la prevención del accidente, al margen de la falta de recursos, existe la decisión de ciertos propietarios de pagar las multas, que son leves e insignificantes en relación al costo que le demandaría arreglar el edificio".
Explicó que desde que está en vigencia la ley 257, un relevamiento efectuado por la Defensoría detalló que su grado de cumplimiento apenas si llega al 7 por ciento.
"El Gobierno de la ciudad envía intimaciones pero tampoco se exige que el profesional que realiza las verificaciones, tenga la idoneidad suficiente para poder detectar las diversas patologías que puede tener un edificio", y añadió: "tampoco hay una buena comunicación en cuanto a los alcances de la ley 257".
Loisi informó que la reparación de una fachada arranca desde los 2.000 pesos y varía según donde esté ubicado el edificio y añadió que también surgieron estudios de arquitectura que ofrecen sus servicios con el eslogan "cumpla con la ley 257".
"Por eso la mayoría espera que le llega la intimación, la cual en muchos casos arriba cuando uno de los propietarios realiza la denuncia en forma directa al Gobierno de la Ciudad", explicó la letrada.
Buenos Aires posee unos 110.000 edificios según cifras de la Defensoría y de acuerdo a datos de la organización Defendamos Buenos Aires. En lo que va de la gestión de Mauricio Macri ocurrieron 22 derrumbes graves, con 10 muertos, 99 heridos y unos 100 millones de pesos en pérdidas.
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