“Reporteros sin fronteras” agrupa a periodistas de distintas latitudes.
El informe anual de "Reporteros Sin Fronteras", determina que en Argentina la situación de la libertad de expresión es "satisfactoria", ubicando a nuestro país al mismo nivel de Estados Unidos, España, Francia, Chile y Uruguay, estos dos últimos, los únicos de la región que junto al nuestro conservan esa calificación.
Según el análisis de la entidad que agrupa a periodistas de distintas latitudes, la situación de Argentina en materia de libertad de expresión se encuentra mejor que en Brasil, Colombia, Venezuela, México e Italia, entre otros.
En este marco, la Red Mundial de Editores, conducida por el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, contradice el informe anual de la entidad.
La Red Mundial de Editores (GEN, según sus siglas en inglés), organización creada hace apenas un año y presidida por Kirschbaum llamó a los "medios de todo el mundo" a que "dirijan su atención a la crisis que afecta la libertad de prensa en Argentina", según publicaron los matutinos Clarín y La Nación.
La agrupación que lidera el editor general del diario Clarín desconoce los informes y en una reunión de su comisión directiva realizada esta semana en Buenos Aires llamó a "dar alerta" a medios extranjeros ante la inminente cercanía del 7 de diciembre, plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia para la caducidad de la medida cautelar que frena la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por el Congreso en 2009.
Para la organización de editores que preside Kirschbaum, "ese día es la fecha límite para la libertad de prensa. Los medios deberían unir sus voces en contra de esta amenaza intolerable a la prensa independiente", sostienen en su arenga.
La Nación y Clarín citan en sus ediciones idénticos párrafos del comunicado oficial que expresa la posición adoptada por la GEN.
A pesar de reconocer que el objetivo de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "es fortalecer la diversidad y el pluralismo limitando la propiedad monopólica de los medios, que es un objetivo legítimo", sostienen que la norma "sólo busca acallar el disenso y, en particular, desmantelar el Grupo Clarín".
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