La represión de la Metropolitana en un hotel de La Boca dejó como saldo la hospitalización de varios niños y una embarazada.
Si me vuelve a golpear lo denuncio”, dijo desesperada, a un efectivo de la Policía Metropolitana, una mujer embarazada de seis meses, mientras lloraba intoxicada por los gases lanzados para forzar el desalojo.
Minutos más tarde, una serie de forcejeos hicieron rodar a la mujer por la escalera. Los vecinos llamaron a la ambulancia. Fue hospitalizada. Su diagnóstico señaló: “Asfixia por gas lacrimógeno con riesgo de aborto por los golpes de la caída”. Algunos pudieron tomar fotografías de varios de los policías agresores.
La mujer embarazada es Jessica Cisneros Martínez. Tiene dos hijos y su marido trabaja en una tapicería de automóviles en el sur del Conurbano.
Vivía en una habitación del edificio de dos plantas en la avenida Almirante Brown 1287, en La Boca, al igual que otras 100 personas, entre ellos 30 niños.
Allí, el lunes por la mañana, la Policía Metropolitana ingresó como una tropa de elite, derribando la puerta de ingreso a patadas, con armaduras modernas y lanzando gases.
La irrupción en los hogares fue consecuencia de una denuncia por usurpación radicada en el Juzgado Contravencional 19 a cargo del juez Carlos Aostri. “A algunos vecinos los tiraron al piso y les pusieron un arma en la cabeza”, reveló Jéssica.
“La violencia utilizada tiene un sentido ejemplificador”, acusa Lucas Moreno, militante social del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) que tiene un espacio a media cuadra de allí. “La metropolitana llegó con armas nuevas: un modelo de lanza gases en forma de pelotas que se desintegran, sin dejar rastro de los cartuchos”, señaló.
Las personas que vivían allí desde hacía varios años pagaban a un encargado que se presentaba religiosamente el 18 de cada mes, entre $ 800 y $ 1.600 por el alquiler de una habitación, dependiendo del tamaño. También un abogado se acercaba a pedirles dinero por distintos trámites. Desde julio, no aparecía ninguno y eso los puso en alerta.
“Acá hay una absoluta contradicción: se aprieta mucho más por conseguir inmuebles usurpados, no se acompaña con una política de vivienda y esa gente no tiene adonde ir a vivir. Eso encarece los precios en las villas y hoteles, y muchos vuelven a usurpar”, revela el abogado Martín Cormick, Jefe de la Oficina de Orientación al Habitante de la Defensoría del Pueblo (DP), que en este caso logró ser garante del acta acuerdo firmado entre los vecinos desalojados y el Ministerio de Desarrollo Social porteño.
Según la DP, el fiscal no estuvo presente ni siquiera para la firma del acta en la que el Gobierno porteño se comprometió a entregar el resto de las pertenencias que quedaron en el inmueble en 48 horas y abonar a cada titular de las familias tres cuotas juntas de $1.200, más otros $1.200 por el programa Nuestras Familias, en un sólo pago; más siete cuotas consecutivas mensuales de $1.200 contra la presentación de comprobante de pago de hotel o alquiler de vivienda.
“Lo perverso de todo esto es que no hay hotel ni pensión que se pueda pagar con ese dinero y además, muchos no aceptan niños”, denuncia Oscar Rolón, otro militante del FPDS.
La propuesta del gobierno de Macri era enviarlos a un parador, “que es un paliativo de 10 horas –define el letrado–. No hay muchas vacantes, les pegan, les roban y separan a hombres de mujeres, desuniendo las familias. Tienen que hacer una fila desde las cinco de la tarde por un posible lugar. Y quienes han ido prefieren establecerse debajo de un puente antes que volver”.
La mayoría aún no ha encontrado una solución viable. El FPDS está brindando su local para evitar que las mujeres y niños desalojados duerman en la calle. Tiran un colchón en el piso y durante el día se ocupan de alimentarlos. Nada indica que los violentos y xenófobos de la Policía Metropolitana hayan sido separados. Ninguno de los entrevistados cree que la política habitacional del Gobierno porteño sea revisada.
Fuente: INFOnews
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