El primer aborto no punible que se iba a realizar ayer en el hospital público Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires a una mujer de 32 años, víctima de la trata de personas y violada, fue suspendido por una jueza luego de una presentación de un grupo religioso.
Legisladores porteños opositores y también el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, culparon al jefe de gobierno, Mauricio Macri, de "la actitud irresponsable" de haber hablado de este tema días atrás y así "provocar la interposición de esta acción judicial que ahora le impide a la mujer el ejercicio de sus derechos y vuelve a victimizarla", según resumió la diputada Gabriela Cerruti.
Horas antes de que se practique el aborto, la jueza Myriam Rustan de Estrada decretó su "suspensión" esgrimiendo que "no es justo procurar el paliativo de una de las víctimas (la madre) suprimiendo la vida de la otra". Añadió que "no es posible reparar un daño generando otro mayor e irreversible".
El pedido lo había formulado la Asociación Pro Familia, de confesión católica, a través de su apoderado Pedro Andereggen, con una nutrida historia militante. En 2009 Andereggen impidió la boda entre Alex Freyre y José Di Bello, el primer matrimonio entre varones en Latinoamérica, quienes al final se casaron en Tierra del Fuego.
Voz ministerial. El ministro del gabinete kirchnerista Manzur acusó a la jueza de Estrada de haber desoído a la Corte Suprema de Justicia y consideró que Macri "debe hacerse cargo" de la situación.
"No se está cumpliendo con la acordada de la Corte Suprema; hay una jueza nacional que se ha sublevado contra el mandato de la Corte Suprema", manifestó Manzur.
La Corte Suprema determinó el 13 de marzo último que cuando una mujer es violada "no puede ni debe verse obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible". Votaron a favor los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni.
Sin embargo, la jueza ayer consideró que la violación en este caso es una "circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa, que aluden a una mujer víctima de trata de personas".
"Si la madre necesita reparar el trauma sufrido mediante su desvinculación completa del hijo engendrado, podrá hacerlo en cuanto nazca mediante la adopción, pero no puede hacerlo mediante su eliminación de la faz de la tierra", dijo Rustan de Estrada.
Por la tarde, mientras todo esto sucedía, el gobierno porteño anticipó que apelará el fallo que frenó la realización del aborto. Voceros de la administración macrista dijeron que el caso pasó por todas las instancias legales y se ajusta al cumplimiento de lo establecido por la Corte Suprema en el fallo de marzo.
Sin embargo, también aclararon que Macri mantendrá el veto a la ley sobre abortos no punibles aprobada por la Legislatura porteña el viernes 28 de septiembre. Entre otras cosas, objetan que dicha normativa se opone al principio de patria potestad, al autorizar a menores de edad, a partir de los 14 años, a realizarse un aborto sin autorización de sus padres.
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